La actividad pesquera en Argentina, atravesada por la caída de los precios internacionales, arrastra desde hace varias décadas un universo complejo y heterogéneo de problemáticas, que van desde limitaciones operativas y económicas de los pequeños pescadores, el escaso valor agregado de los productos que se exportan, la falta de recursos para perseguir la pesca ilegal, la presión de los grandes frigoríficos en sus áreas de dominio y el nebuloso proceso administrativo que rodea a los permisos de pesca.

Para empezar a revertir esta situación, el gobierno nacional está relevando recursos, empresas y trabajadores y tiene como prioridades reducir el esfuerzo pesquero, renovar el instituto científico y tecnológico (Inidep), reforzar los mecanismos de control sobre la pesca ilegal y los desembarques y desarrollar políticas que alivien los costos de producción de las pequeñas empresas.

En este marco, el subsecretario nacional de Pesca, Tomás Gerpe, indicó que en lo que va del año se pescó un 20 por ciento menos (de todas las especies) del total capturado en el 2014 y en el 2015, a excepción del langostino, que repite récords que rondan las 142 mil toneladas por año.

De enero a noviembre, las capturas totales en Argentina alcanzaron las 600 mil toneladas, aproximadamente un 20 por ciento menos que las 768 mil del 2015 y las 785 mil del 2014.

En el 2015 Argentina recibió 1.500 millones de dólares por la exportación del 95 por ciento de todas sus capturas, aunque las principales especies comercializadas son la merluza hubbsi, el calamar illex y el langostino. El 5 por ciento restante se destina a consumo interno, mayoritariamente desde el puerto Mar del Plata (merluza, calamar y el denominado “variado costero”).

Por la merluza hubbsi se paga aproximadamente 2.500 dólares la tonelada; por el langostino, 6.000; y por el calamar, 1.600.

Según relevamientos realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en los últimos años, más de la mitad de 16 especies evaluadas en el Atlántico sudoccidental se consideran agotadas o sobreexplotadas, entre ellas la merluza hubbsi, la polaca austral, la merluza negra y el calamar Illex.

“Nuestro caladero es uno de los más grandes e importantes del mundo, es estable y está protegido; hay una veda de muchos kilómetros de merluza, barcos con GPS que son fácilmente monitoreados y áreas específicas de protección de juveniles”, aseguró  el director nacional de Coordinación Pesquera, Juan Manuel Bosch.

En sintonía, Gerpe descartó que esté en riesgo la merluza (logró estabilizarse luego de su depredación en la década del ’90) y atribuyó la merma del calamar a “ciclos aleatorios” que se repiten cada tres o cuatro años y en los que se registran bajas y alzas de su propia reproducción.

Los funcionarios admitieron que “la caída de los mercados y falta de competitividad de los productos argentinos” son la principal dificultad del sector y que el Estado debe desarrollar políticas para “reducir el esfuerzo pesquero, renovar flotas, mejorar los sistemas de fiscalización y control de la actividad y agregar elaboración, calidad y valor” a las exportaciones del país.

El sector pesquero significa una importante fuente de empleos: a lo largo de toda la costa marítima argentina operan algo más de 170 firmas con una flota que ronda los 600 buques y con aproximadamente 40 mil trabajadores, en plantas y barcos.

Sin embargo, la baja de los precios internacionales y la suba de los costos en todos los segmentos afectan el desarrollo de la actividad.

La subsecretaría trabaja en la elaboración de un diagnóstico nacional sobre recursos, empresas y trabajadores para implementar políticas que incentiven la industria y amplíen las líneas de créditos -lanzadas por el gobierno anterior- con tasas de interés subsidiadas por el Ministerio de Agroindustria.

“Se trata de articular tres aspectos: medio ambiente, empresas y situación social de los trabajadores”, sintetizó Gerpe, además de poner en funcionamiento al Inidep, organismo nacional de investigación científica y tecnológica, que este año retomó su trabajo en las aguas, luego de tres años de parálisis.

Desde la década del 60 disminuyó la participación de las flotas costeras en el total de los desembarques (peso de las capturas descargadas en los muelles) y a partir de los 90 los fresqueros (buques de entre 19 y 65 metros de eslora) retrocedieron frente al incremento de los barcos congeladores, que reducen la actividad en las plantas industriales en tierra y la mano de obra ocupada.

La queja de los eslabones pequeños del sector apunta al hecho de que, al exportarse el 95 por ciento de la producción, toda la actividad está “atada al precio y demanda internacional” y eso choca con los costos internos de producción y genera “perjuicios económicos-laborales” al país.

En la economía mundial, puntualmente en los países en desarrollo, se estima que unas 100 millones de personas viven de actividades vinculadas a la pesca. En Argentina, en cambio, el sector pesquero exporta desde hace 40 años el 75 por ciento de sus productos con nulo o escaso valor agregado.

Especialistas estimaron que si se invirtiera en la industrialización del sector, Argentina podría “cuadruplicar” sus ingresos.

“Los Estados deberían prestar la debida consideración a la función económica y social del sector pesquero empleado en las actividades posteriores a la captura”, sostiene la FAO en su Código Internacional de Conducta Responsable para la formulación de políticas nacionales.

A diferencia de la baja que se registró en la captura de muchas especies, el langostino volvió a marcar este año un récord histórico y el Estado levantó los límites de captura para los buques que se dedican a esta especie. En el 2007 fueron capturadas 45 mil toneladas; en el 2014, 127 mil; 145 mil, el año pasado; y en lo que va del 2016 ya llega a las 142 mil toneladas.

Desde la subsecretaría de Pesca admitieron que el sector tiene dificultades para sostener su capital de trabajo y que si bien fue compensado con la suspensión de los derechos de exportación, el impacto de la inflación, el aumento del combustible y la baja de los precios internacionales dejaron su marca.

El mundo de la pesca no es parejo ni homogéneo: las capturas de algunas especies están cuotificadas, ciertos permisos tienen límites de tiempo y otros no vencen nunca.

Desde la costa hasta la milla 12 las autorizaciones son de jurisdicción provincial y a partir de ahí hasta la milla 200, corresponde al ámbito nacional, que engloba mayoritariamente a los buques de gran porte.

Gerpe detalló que 360 barcos fresqueros (en todas sus versiones) y 210 buques congeladores están registrados en el ámbito nacional, con permisos que otorga el Consejo Federal Pesquero, y remarcó como “prioridad” para su gestión profundizar la “fiscalización” de las aguas y apuntalar sistemas de “control” enfocados en la sustentabilidad de los recursos y en el cuidado del medio ambiente.

La ley de Pesca (24.922), sancionada en 1997, estableció el Régimen de Administración por Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC). Se trata de una concesión temporal del Estado al titular de un permiso, que lo habilita a pescar un porcentaje de la Captura Máxima Permisible (CMP) de una especie determinada (cantidad que se establece anualmente, en toneladas).

En ocho oportunidades desde 1982 Argentina no dictó la CMP y durante trece años, entre 1993 y 2005, las capturas superaron la máxima permisible.

Para el senador nacional Fernando “Pino” Solanas, autor de un proyecto que presentó el mes pasado en la cámara alta para modificar la ley de pesca, el régimen vigente “es un pésimo sistema de administración del recurso porque facilita la corrupción, especialmente en los controles, en el uso de reservas y en el otorgamiento de cuotas y sus transferencias”.

Los tres gremios que representan a los capitanes y tripulantes de barcos cuestionaron que las cuotas “achican el rol del Estado en la administración y planificación de la explotación” de los recursos y consideraron “ineficientes” los controles.

Es que las CITC pueden venderse, traspasarse, arrendarse e hipotecarse entre los beneficiarios, con lo que se abre un virtual negocio especulativo sin acceso para las empresas chicas sobre un recurso que es de propiedad del Estado.

“Es preocupante observar que el modelo pesquero utilizado por los sucesivos gobiernos argentinos desde 1970 no difiere mayormente del modelo de otorgamiento de licencias de pesca contra el pago de un canon aplicado por los ingleses en Malvinas”, comparó Solanas.

Las licencias que el gobierno británico entrega a unos 150 barcos coreanos, españoles y taiwaneses son el principal ingreso económico del Reino Unido de las Islas Malvinas. Esos permisos se obtienen a través del pago de un canon que permiten pescar en las aguas que rodean a las islas Malvinas, Orcadas y Sándwich del Sur.

Organizaciones internacionales denunciaron que esos barcos no cumplen ningún requisito ambiental, laboral ni de seguridad, tanto en la zona de influencia de Malvinas, como en aguas internacionales e incluso en intrusiones frecuentes a la Zona Económica Exclusiva de Argentina.

La pesca ilegal engloba la captura de especies protegidas, el uso de métodos de pesca prohibidos, la violación de los límites de cuota y el desarrollo de la actividad sin autorización o permisos. Se estima que representa el 15 por ciento de la producción anual total mundial: unas 26 millones de toneladas, con su consecuente impacto en la biodiversidad, en la economía y en la seguridad alimentaria en muchos países.

Según la FAO, en el 2010, en la zona sur del Océano Atlántico correspondiente a Argentina, se pescaron 1.800.000 toneladas de especies, en tanto que Argentina capturó sólo 784 mil toneladas. De ese cálculo surge que algo más de 300 buques foráneos extrajeron el millón de toneladas restantes.

Bosch resaltó el “esfuerzo diario” que realizan la Prefectura y la Armada “con los medios que cuentan” y aceptó que “si tuvieran más recursos podrían proteger las aguas mucho más”.

A este cuadro se suma la dificultad para controlar lo que se conoce como “descarte”, una práctica prohibida desde 2014 por la Unión Europea, considerada sinónimo de “depredación, contaminación y pérdida de proteínas de alto valor biológico”, y rechazada por los tres gremios que agrupan a los capitanes y tripulantes pesqueros.

Se denomina “descarte” a los pescados que quedan atrapados en la redes y son desechados a las aguas porque no son aptos para su comercialización, ya sea por su pequeña talla o simplemente porque la captura estuvo dirigida a otra especie.

Según estimaciones de asociaciones vinculadas con la actividad, se descartan entre 70 y 100 mil toneladas anuales de especies en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), que no sólo contaminan el medio sino que, de comercializarse, podrían ser un contundente aporte al consumo de los argentinos.

Con todo, no sólo en las aguas se detectan infracciones que no son penalizadas. Cada tanto, aparecen denuncias en el mercado interno de venta de filetes de merluza de menos 35 centímetros, lo que significa que fueron capturados antes de madurar sexualmente y de reproducirse, con lo que se vulnera la sustentabilidad del recurso.

Referentes del sector admitieron a esta agencia que no existe rigor en los partes de pesca y en las actas que elaboran los inspectores sobre el desembarque. Remarcaron que apenas el 5 por ciento del total de sanciones económicas que se notifican son efectivamente cobradas a los infractores.

Bosch admitió que las multas por descarte fueron fijadas cuando se sancionó la ley de pesca y “quedaron desactualizadas”. Van entre 10 mil y 10 millones de pesos, pero en 1998 -cuando se implementaron- estaba vigente la convertibilidad y esos montos tenían su equivalente en dólares.