En una entrevista exclusiva para SerIndustria.com.ar, Eduardo Fernández analizó el presente y el futuro de la Pequeña y Mediana Empresa. Se refirió al achicamiento del mercado interno y las consecuencias de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, entre otros temas.
Desde el año 2010, Eduardo Fernández es el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME). La temperatura es elevada y en su despacho porteño de avenida Rivadavia, habla en forma serena pero con mucha seguridad. Tiene todos los números en la cabeza y mientras su celular suena incesantemente, es asistido por su jefe de prensa, Leonardo Longhi.
Con la característica tonada cordobesa, el dirigente vinculado a la industria alimenticia repasa que desde hace 30 años la entidad agrupa a más de 10 mil empresas y cooperativas nacionales a través de delegaciones en las principales ciudades del país. “Nuestro fin es buscar el progreso y la sustentabilidad de las PyMEs”, acota.
Pregunta: ¿Qué puede pasar con el sector en 2018?
Respuesta: Si el gobierno no cambia las políticas, no tendremos buenos resultados. La orientación económica contiene medidas que no demuestran sustentabilidad del mercado interno. Para las PyMEs se hace muy difícil porque sigue muy alta la tasa de interés y se le otorga poder a los actores que generan los precios. La reforma fiscal solo beneficia a los agroexportadores y la previsional, quita dinero de la calle y afecta derechos, va a haber un fuerte caudal de judicializaciones.
P: ¿Ustedes le plantearon este panorama al gobierno?
R: Costó que empezaran a hablar de PyMEs. La primera reunión que sostuvimos fue en febrero de 2016 con el ministro de Industria, Francisco Cabrera y la vicepresidenta Gabriela Michetti. Les dijimos claramente que en los horizontes que pensaban para la política económica, las PyMEs estaban ausentes. Porque ellos sostienen que crear condiciones en el mercado es igual para una trasnacional, un monopolio, una gran empresa que una micro o mediana y no lo es.
P ¿Necesitan la presencia del Estado más que a las decisiones del mercado?
R:Lo que pasa es que para ellos no estamos, a pesar de que nuestras empresas aportan el 99% de la producción nacional y le dan trabajo a la mayoría de la mano de obra registrada del sector privado. De todos modos estamos abiertos al diálogo sobre una base respetuosa, y entendemos que los sectores sociales tienen derecho y deben coordinar sus acciones y reclamar la corrección de esta política.
P: ¿Ven similitud con lo que pasó en los 90?
R: Hemos vivido procesos semejantes en la época de Cavallo, cuando se crearon programas de competitividad por sectores. Esas ideas terminaron destruyendo la producción nacional porque mantenían el monetarismo que hoy se repite desde el Banco Central. No están entre sus prioridades la promoción de la industria, la ciencia y la técnica. Pero a diferencia de aquellos años nos enfrentamos a un sector externo con políticas proteccionistas muy fuertes. Se promueve la capacidad de endeudamiento y hay poca protección de los puestos de trabajo. De a poco empezamos a ver un escenario repetido: empresas abandonadas, el regreso del dinero a la especulación y el inicio de procesos de fábricas recuperadas.
P: ¿Cuántas empresas y puestos de trabajo se perdieron en estos años?
R: Hubo no menos de 7000. En septiembre del año pasado el estado admitió 6000 mil. Solamente en Mendoza, el gobernador Cornejo reconoció el cierre de 1000 comercios como consecuencia de los viajes de compras a Chile. Muchos de los nuevos monotributistas son empresarios de pequeñas empresas que se fueron desmembrando. Además se pierde calidad de empleo.
P: ¿Hay algunos sectores que se beneficien?
R: Muestran como un brote verde a lo que sucede con la actividad agroindustrial y metalmecánica. Estamos frente a una política antiindustrial. El sector privado perdió 68 mil puestos, también redujo horas de trabajo y hay un 65 % de aprovechamiento de capacidad productiva. Empresas vinculadas a la producción textil, la madera, el calzado y el cuero, se desprende lentamente de trabajadores. Crecen los sectores monopólicos. Las pequeñas empresas están mal, más cerca del cierre, luchan por resistir. Además inciden los cambios en las conductas de consumo.
P: ¿Cómo puede suceder esto?
R: Es parte de la orientación de las políticas oficiales. Por una parte, teníamos una pauta inflacionaria anual del 17% y pasó al 24%. Además se autorizaron aumentos a remedios, la medicina privada, los servicios, peajes y la logística por encima de esos valores, tenemos uno de los combustibles más caros del mundo en dólares… Es lógico que el gasto familiar se limite a las cuestiones básicas. Se hace muy difícil comercializar productos manufacturados y la apertura de importación, contrariamente a lo anunciado, no contuvo a la inflación. Queda claro que no se apoya a las PyMEs, capaces de generar mano de obra. No entiendo cómo podría recuperarse el mercado interno si hay cada vez menos trabajadores y con la reforma jubilatoria se van 100 mil millones de pesos del consumo.
P: Se vivió un repunte a mitad del año…
Digamos que se aplicó una medida kirchnerista, se volcó dinero al consumo, se estabilizó la caída y se reactivó la obra pública. Luego se volvió a caer. Los estados nacional y provinciales ofrecieron créditos para el consumo, bonificaciones en los hipermercados… La construcción incorporó trabajadores sin llegar al nivel del 2015. Pero hay destrucción de empleo, no hay dudas.
P: ¿Qué opina de acuerdo que se gestiona con la Unión Europea?
R: Considero que será negativo. Se habla del Mercosur, pero son Brasil y Argentina quienes lo quieren concretar. Creo que no debería ser confidencial, sino abrirse a la discusión mínimamente a nivel del Congreso. Se proyecta una sumisión a reglas de los países poderosos, acompañado con endeudamiento. Los países poderosos están afirmando el proteccionismo y nosotros enfrentamos un récord histórico de déficit de comercio exterior sin proyecciones oficiales de revertirlo.
