En una carta dirigida a su par de Uruguay, Luis Almagro, el canciller Héctor Timerman señaló que “en el día de ayer el gobierno argentino tomó conocimiento a través de una nota presentada por la Delegación Uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay, que su gobierno ha autorizado hace seis días en forma definitiva el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales”.
“Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay”, agregó Timerman.
Señaló además que “esta nueva medida uruguaya confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno”.
“Al igual que lo hiciera en mi nota del 15 de octubre de 2013, el gobierno argentino reclama por mi intermedio que el gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas contenidas en el citado Estatuto”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que “al confirmar en todos sus términos mis notas del 15 de octubre, del 23 de octubre y del 22 de noviembre de 2013, por las que he rechazado la autorización provisoria del aumento unilateral de la producción de UPM, señalo que el gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010, para lo cual he dado instrucciones de comenzar los procedimientos correspondientes”.
“Por último, le comunico que el gobierno argentino procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales”, finalizó.
El gobierno uruguayo autorizó a la pastera finlandesa UPM a aumentar su producción a 1.300.00 toneladas anuales, como había solicitado en 2011, indicó la empresa.
La noticia fue divulgada ayer por un comunicado de la sede central de UPM, en Finlandia, que establece que la firma fue “autorizada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente” a “incrementar su nivel de producción a la capacidad de la pastera como había solicitado en 2011”.
De acuerdo al comunicado divulgado por UPM en Helsinki y traducido también por la filial de Fray Bentos, la decisión del gobierno uruguayo “apoya el crecimiento del Área de Negocios de Celulosa de UPM de acuerdo a las necesidades de sus clientes” y “también beneficia el crecimiento y el desarrollo del sector forestal en Uruguay”.
Paso a paso
En 2013, el presidente uruguayo José Mujica había autorizado un aumento de la producción de la pastera a 1.200.000, sujeto a “requerimientos” ambientales que ahora la empresa de capitales finlandeses dice “haber cumplido”.
UPM, ex Botnia, se encuentra situada en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, en el Departamento de Río Negro, frente a Gualeguaychú.
En octubre de 2013, Timerman se había dirigido a su par de Uruguay señalando que “la decisión del gobierno de la República Oriental del Uruguay, tomada el día 2 de octubre del corriente año a través de la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) N° 1334/2013, de autorizar el aumento del volumen de producción máxima anual de la planta de UPM (ex Botnia)”.
“El gobierno de la República Argentina señala al del Uruguay que tal medida constituye una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas establecido en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, el cual se encontraba en pleno desarrollo, luego de haber sido puesto en marcha por el Uruguay en el marco del citado artículo 7″, indicó.
Y agregó:”El gobierno argentino lamenta que el gobierno uruguayo, a pesar de los requerimientos formulados a diferentes niveles y hasta muy recientemente, haya adoptado esta medida”.
“Esta interrupción unilateral constituye una nueva violación por parte del Uruguay de sus obligaciones que emanan del Estatuto del Río Uruguay y que la Corte Internacional de Justicia tuvo oportunidad de precisar en su fallo del 20 de abril de 2010”, sostuvo en esa oportunidad.
