El 31 de diciembre se cumple el plazo previsto en el artículo 16 de la Ley 27.264, conocida como Ley Pyme, mediante el cual las provincias garantizaban no aumentar los impuestos locales.
El pedido de prórroga es encabezado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ante un contexto en el que tanto las ventas minoristas y la producción industrial de las pymes viene en un alarmante descenso de 12 y siete meses respectivamente.
Desde CAME argumentaron que “cabe destacar que a un año del Pacto Fiscal mejoró la situación financiera de casi todos los gobernadores por el incremento de la recaudación tributaria. Algunos, porque aumentaron Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo que afecta a toda la cadena de producción y comercialización”, razón por la cual, la entidad reclamó a los mandatarios provinciales “que cumplan con el Pacto Fiscal firmado a fines de 2017, donde se comprometían a reducir este impuesto”.
Además, argumentaron que “los continuos cambios de reglas le quitan previsibilidad y competitividad a las pymes que deben enfrentar un costo argentino que les impide subsistir o salir al mundo”.