El Ministerio de Economía afirmó esta tarde que el juez Thomas Griesa, a través de una “insolita e inédita resolución”, bloqueó el pago que Argentina realizó a los bonistas con títulos reestructurados, al tiempo que ratificó que esos fondos “ya no son de Argentina sino que pertenecen a terceros”.

El gobierno nacional calificó esta tarde de “inédita” e “insólita” a la decisión del juez neoyorquino Thomas Griesa de “bloquear” el pago realizado por el país ayer a los bonistas con títulos reestructurados, al tiempo que ratificó su compromiso de honrar sus deudas “con el 100% de los acreedores de manera justa, equitativa y legal”.

Griesa frenó esta mediodía el pago de 539 millones de dólares que  Argentina depósito en las cuentas del Babk of New York (BONY) en el Banco Central, y le ordenó a la entidad estadounidense   devolverle el dinero al organismo monetario, al señalar que el mismo es “ilegal”. Además, en el marco de una audiencia convocada de urgencia,  convocó al gobierno argentino y a los fondos buitre a que se sienten a negociar “esta misma tarde” con el mediador designado, Daniel Pollack.

De esta forma, el magistrado estadounidense dio por tierra con el pedido de embargo de esos 539 millones de dólares solicitado por el fondo NML Capital, de Paul Singer.

Griesa brindó la audiencia en su despacho ubicado en el piso 26, con amplios ventanales y con una vista privilegiada de Manhattan.

Tras escuchar a las partes interesadas, incluido el representante del Bank of New York Mellon, Eric Schaffer, el juez Griesa advirtió que el depósito hecho por Argentina a los bonistas es  “ilegal” y que por lo tanto “no puede ser realizado y cualquiera que intente hacerlo estará en desacato con esta corte”.

Argentina, a través del abogado Carmine Bocuzzi, señaló que el pago al Bank of New York Mellon responde a una “decisión soberana de honrar sus deudas” en base al cumplimiento en tiempo y forma con los plazos establecidos en el contrato de la reestructuración.

Este mismo planteo fue expuesto hoy a través de solicitadas publicadas en los principales diarios porteños, en los que el gobierno informó a los bonistas del canje que ayer procedió a efectuar el pago de las obligaciones que vencen el lunes próximo.

Boccuzzi subrayó que el pago a los tenedores de bonos fue realizado porque de lo contrario el país se enfrentaría a una serie de demandas, al tiempo que reiteró la voluntad del país de seguir negociando con la parte demandante.

A su turno, el defensor de NML Capital, Robert Cohen, planteó que el país había incurrido en “desacato” al realizar esa transferencia, “violando” así las decisiones de los tribunales y dejando ver una actitud “desafiante”.

Griesa, de todos modos, no procedió a incautar el dinero, pero tampoco repuso la orden cautelar o “stay” que permitía completar el pago a los bonistas del canje sin demoras.

Sin embargo, instó a las partes a negociar con el objetivo de “encontrar un camino” para “mantener el estatus quo”.

“Sería deseable, si es posible, llegar a un acuerdo”, sentenció el magistrado, quien reiteró en varias oportunidades la “importancia” de avanzar en las negociaciones.

Por su parte, el Ministerio de Economía, a través de un comunicado distribuido minutos antes de las 19, sostuvo que con esta medida el juez Griesa “trata de impedir a los bonistas cobrar lo que legítimamente es de ellos”.

El texto sostiene que el magistrado incurrió en abuso de su autoridad y se excedió en su jurisdicción, “porque los bonos de la reestructuración no son el objeto de litigio, sino los bonos del Megacanje que cayeron en default en 2001 y que compraron los fondos buitres a precio vil para obtener ganancias siderales”.

Para Economía la medida es insólita “porque el juez decide sobre instrumentos cuya validez nunca fue objetada en juicio ni observada tampoco por la Securities and Exchange Commission (SEC)” y porque “se trata de fondos que ya no son de Argentina sino que pertenecen a terceros”.

A partir de la decisión tomada por Griesa, la situación quedo de manera tal que los bonistas del canje que cobran vía Nueva York no recibirían el depósito efectuado por la Argentina el próximo lunes 30; el resto sí.

Ayer, tras el depósito de un monto total de algo más de 1.000 millones de dólares y a través de un comunicado, Argentina responsabilizó al juez Griesa, a los Estados Unidos y su sistema judicial y a las entidades financieras intermediarias, en el caso de que el pago no llegue a ser efectivizado, y advirtió sobre la posibilidad de iniciar acciones judiciales en foros internacionales.

En tanto, abogados consultados por el tema indicaron que “los bonistas el canje podrían inicar acciones legales a partir del lunes, y no esperar al 30 de julio, momento que termina el plazo de mora del contrato, debido a que la Argentina ya realizó el pago”, indicó  el abogado Marcelo Etchebarne.

Estos bonistas podrían pedir una cautelar para congelar esos fondos que hoy físicamente se encuentran en el Banco Central, e iniciar acciones legales contra el Bank of New York, quien incumplió el contrato con la Argentina, y una cautelar a nivel local para ejecutar el cobro, lo que derivaría en un cambio en la ruta de pago.

Esto es, al incumplir el Bank of New York el contrato de ser el agente de pago el país, Agentina podría rescindir y redireccionar la ruta de pago.

El Banco Central está temporariamente involucrado desde el punto de vista que físicamente el dinero no salió de la entidad, pero luego, eventualmente, Argentina podría usar al mismo Central como agente y realizar el pago donde los bonistas soliciten cobrar, sostienen expertos en el tema, tanto abogados, como ejecutivos de bancos de Wall Street.

Asimismo, los expertos consultados no descartan que la Argentina comience acciones penales contra Griesa en tribunales locales, como parte de la estrategia judicial oficial, en la que se buscaría elevar el caso desde el derecho financiero, al ámbito del derecho público internacional.