Desde la entidad que preside Eduardo Fernández, emitieron un comunicado en el marco de la celebración por el Día de la Industria. En el mismo señalan que “reindustrializar el país es indispensable para crear empleo, agregar valor y distribuir equitativamente la riqueza”.
En ese sentido, la organización que dirige Fernández, que además es candidato a diputado por el Frente de Todos, remarcó que “desde diciembre de 2015 se vienen aplicando políticas de desregulación, apertura irrestricta de importaciones y liberalización financiera, con eje en el endeudamiento externo y la especulación por sobre el trabajo y la producción”.
En el documento difundido por APYME, manifestaron que “la caída de la actividad es constante, sobre todo para los sectores más dependientes del mercado interno y más trabajo intensivos, en particular la industria nacional. Según datos del SIPA, la industria expulsó en los últimos doce meses 62.300 trabajadores. Desde la asunción del actual gobierno, se perdieron casi 150.000 puestos industriales, el 11,8% del total”.
Sobre la actualidad de la industria nacional sostienen que se encuentra con “capacidad ociosa en torno al 50%”. Además señalan que la “tasa récord del 78% que hace inviable el financiamiento”.
A esto le suman una “fuerte inflación de costos, encarecimiento de insumos, caída del poder adquisitivo de los salarios, mayor retracción del mercado interno”, y alertan que “la ruptura en la cadena de pagos por la incertidumbre financiera se agravará a causa de las medidas recientes del Gobierno para trasladar a una próxima administración los vencimientos de bonos de corto plazo”.
Sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional, la asociación que dirige Fernández apuntó que el aval del organismo internacional a las nuevas medidas “no hace más que ratificar la pérdida total de un rumbo soberano de la economía, ya que a fin de asegurar la solvencia en el futuro inmediato se intenta establecer nuevos condicionamientos para el ajuste recesivo que agravaría la parálisis de la producción, la pérdida de empleos, la Inestabilidad y la faltad de inversiones”.
Asimismo, en relación a la coyuntura económica y política que se vive en Argentina, el documento indicó que el país se enfrenta un “default productivo y social”, y que “si no se toman medidas de emergencia efectivas, como se ha venido solicitando en reiteradas oportunidades, las consecuencias serán peores, con cientos de empresas paralizadas y en situación de cierre. Estas medidas deben ser integrales y acordadas con todos los sectores damnificados, no sirven los parches electoralistas ni las regulaciones tardías”.
Al respecto, reclamaron “por un Estado activo que impulse la reindustrialización del país, fomente las economías regionales, recomponga el poder adquisitivo del salario y genere mayor consumo en el mercado interno, principal factor para que las Pymes puedan vender y no se vean en el trance de funcionar al 50% o cerrar y despedir a sus trabajadores. Debe asegurarse además la reconstitución del complejo científico y técnico, así como el acceso a la provisión de servicios públicos a costos razonables y desdolarizados, lo que implica el manejo equitativo y estratégico de los recursos de la Nación en función del bienestar del conjunto de la ciudadanía”.
