El presidente Evo Morales promulgó  la Ley de Promoción de Inversiones. La ley tiene el objetivo de establecer el marco jurídico e institucional general para la promoción de las inversiones en el Estado, a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país.

La norma se aplica para las inversiones bolivianas y extranjeras que se realicen en el territorio.

“Es una ley muy importante para garantizar la inversión y mayor inversión permitirá siempre crecimiento económico, es importante esta promulgación de la Ley de Promoción de Inversiones ahora (para) generar fuentes de trabajo”, manifestó el presidente Evo Morales, a tiempo de señalar que la nueva normativa permitirá al Estado ser socios en las inversiones que se realicen en el país.

El jefe de Estado en el acto justificó la política de nacionalización que emprendió su gobierno, porque antes la inversión privada permitía el “saqueo” de los recursos naturales y de la población boliviana. “Con esta ley vamos a generar riquezas para distribuir a los bolivianos”, destacó.

La Ley de Inversiones establece dos tipos de incentivos para las inversiones que se realicen en el país: los generales y específicos. Los primeros son otorgados a las actividades productivas sectoriales que se enmarquen en la planificación del desarrollo económico y social del país y tendrán aplicación general en el sector.

El incentivo específico será otorgado a proyectos de inversión que sean calificados como “preferentes”, es decir, proyectos de inversión para una actividad productiva de interés estratégico para el país, que deben ser reconocidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

El presidente de la Confederación de Empresario Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, destacó el consenso que se tuvo para la elaboración de esta norma y señaló que, tras la promulgación de la misma y de la Ley de Servicios Financieros, ésta última en agosto de 2013, se debe encaminar el trabajo para redactar una nueva Ley de Conciliación y Arbitraje.

“Una Ley de Conciliación y Arbitraje que sea justa y equitativa y (también) cambios en la normativa tributaria que pueda dar certidumbre a los nuevos emprendimientos que se desarrollen en el país”, señaló el empresario.

En su disposición transitoria tercera, la ley establece un plazo de 3 meses para la elaboración de una nueva norma referida a la conciliación y arbitraje para la resolución de controversias en materia de inversiones, trabajo que estará a cargo del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado.

Morales acotó que cualquier controversia en materia de inversiones debe resolverse en el territorio boliviano y no en tribunales internacionales de arbitraje, donde, señaló, siempre pierde el Estado.