El Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA) presentó el Protocolo de Seguridad COVID-19 impulsado a través de su secretario General, Juan Speroni y los representantes de las empresas y sectores de la Industria Naval: Sandra Cipolla (SPI Astilleros); Domingo Contessi (Astillero Contessi); Alfredo Bazzan, Secretario General SOIN (Sindicato Obreros Industria Naval) ; Marcos de Monte (Astillero Rio Paraná Sur); Enrique Godoy (Astillero Tecnopesca); Juana Torresín (Astillero Coserena) ; Joaquín Santos (Empresa Cimsa); Pablo Noel (Unidelta) y Mariano Baes (Astillero Atria).
Mediante un comunicado titulado “Sin industria no hay Nación”, se informó que “este protocolo, refleja el consenso y el compromiso asumido por el Sindicato y las empresas para salvaguardar la salud de los trabajadores navales tomando en cuenta los parámetros necesarios indicados en la Resolución N° 135-mtgp-2020 del 05/04/2020 como marco regulatorio para nuestro sector”.
“El objetivo es cuidar al trabajador desde el momento que sale de su hogar, con recomendaciones para desplazamientos hacia y desde el lugar trabajo, Declaración Jurada al momento de ingresar y contempla la implementación de medidas en torno a la organización de los trabajadores en la empresa, así como la higiene y desinfección de las instalaciones y la organización espacial”, agrega.
Continúa expresando que “este documento también tiene como finalidad que las medidas de prevención adoptadas por los actores de la industria naval, sirvan de referencia a la cadena de prestadores y navalpartistas para la demanda de la logística y comercio exterior”.
Finalmente el comunicado señala que “en esta coyuntura específica, estamos actuando a la altura que el país nos demanda y nos impone el compromiso de seguir trabajando por la renovación de la flota pesquera; la defensa del litoral marítimo; la construcción de barcazas tanque de combustibles – cargas secas, barcos polares y de investigación para nuestra defensa y seguridad; el financiamiento y beneficios fiscales para el impulso del sector y la no a la importación de embarcaciones usadas que afecten la producción nacional y la soberanía de nuestro litoral fluvial y marítimo”.
