La inclusión financiera es sinónimo de acceso a los servicios financieros, desde medios de cobro y pago hasta inversiones y créditos; y la educación financiera es la capacidad de comprender los conceptos básicos de las finanzas personales y del entorno económico, necesarios para administrar el dinero, ahorrar e invertir. 

En otras palabras, educación financiera es saber cómo administrar el dinero y tomar buenas decisiones económicas, y la inclusión es el acceso al sistema financiero. 

Ambos conceptos, esenciales para generar igualdad de oportunidades, son tareas pendientes en nuestro país. A modo de ejemplo, en el año 2017 el Índice de Educación financiera ubicó a la Argentina en la última posición entre los países de la región (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú). Y varios de los acontecimientos de las últimas semanas dejaron al descubierto esta preocupante carencia.

Por ejemplo, en medio del aislamiento social producido por el Coronavirus, el pasado viernes 27 de marzo muchas personas se amontonaron frente a los cajeros automáticos en cada rincón del país: ese día se cobraban desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones universales por hijo y otras ayudas oficiales. 

Dejando de lado el distanciamiento social y arriesgándose a contagiarse el virus, las personas salieron en busca del dinero en efectivo. La necesidad de tener los billetes en forma inmediata en su poder no es explicada sólo por cuestiones culturales (como la comodidad que representa para muchos manejarse con efectivo o la tranquilidad que a otros les da tener el dinero en papel en sus casas), sino principalmente por el hecho de que hoy en día muchos comercios continúan aceptando sólo efectivo (por más que la normativa los obligue a contar con medios electrónicos de cobro).

A esta informalidad de la economía hay que sumarle otra cuestión: lamentablemente muchos trabajadores no se encuentran registrados y reciben su salario “en negro”, por lo que su nivel de bancarización es prácticamente nulo

Los pagos con medios electrónicos, desde tarjetas de débito hasta pagos con código QR, incrementan el “blanqueo” de la economía y ayuda a las administraciones fiscales a combatir la evasión: mediante los diferentes regímenes de información que deben cumplir las entidades financieras y las fintech, el Fisco cuenta con los datos actualizados de todas las transacciones efectuadas con estos sistemas (lo que obviamente no ocurre en caso de pagos en efectivo).

Pero en lugar de fomentar la adopción de estas herramientas, con el objetivo de que a mediano y largo plazo gran parte de las operaciones se efectúen a través de medios electrónicos y la economía se transparente lo suficiente como para dejar poco margen a la evasión tributaria, el cortoplacismo y la necesidad de caja llevó a la AFIP y a muchos fiscos provinciales a implementar en los últimos meses nuevos regímenes de retenciones sobre operaciones abonadas con billeteras digitales. 

Dado el contexto actual, y para evitar el uso de billetes, ¿no sería adecuado suspender temporalmente estos regímenes de retención (al menos en el caso de pequeños y medianos comercios), incentivando así la adopción de pagos QR?

La falta de inclusión financiera y la informalidad económica de un amplio sector de la sociedad, también se manifestó en estos días con relación al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). A raíz de la crisis económica desatada por el aislamiento social, el gobierno nacional decidió otorgar una suma de $10.000 a los sectores más vulnerables (trabajadores informales, monotributistas categoría A y B, entre otros), pero al poner en marcha esta “asistencia” en el mes de abril surgió un inconveniente: muchos de los beneficiarios del “subsidio” no poseen cuenta bancaria donde se les puedan acreditar los $10.000. 

Aquí se advierte cómo una mayor inclusión financiera hubiese facilitado que la ayuda del Estado llegase simple y rápidamente a los beneficiarios. Las opciones no escasean, lo que sí escasea son la educación y la inclusión financiera. 

Finalmente, la solución fue que los beneficiarios opten por recibir los $10.000 en una sede del Correo Argentino o mediante un cajero automático sin tarjeta de débito (utilizando un código).

Se observa cómo un porcentaje considerable de la población todavía está al margen del sistema financiero, a pesar de que día a día se multiplican las opciones de billeteras digitales y bancos online (regulados por el BCRA, como cualquier banco tradicional), que permiten abrir una cuenta y obtener un CBU en minutos, desde el teléfono celular, sólo con el DNI y sin necesidad de ser un trabajador formal. 

Y además de dar la posibilidad de recibir dinero de terceros y efectuar pagos en comercios, muchas billeteras digitales además permiten invertir (con apenas un par de clicks) el saldo disponible en las cuentas en Fondos Comunes de Inversión, pero sin dejar de tener siempre disponible el dinero. 

Como se puede apreciar, resultaría simple para cualquier persona acceder a una cuenta bancaria o billetera digital que le permitiese administrar su dinero y controlar sus gastos, además de poder invertir fácilmente sus ahorros.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para una correcta inclusión financiera es indispensable la educación financiera, dado que sin esta educación la inclusión financiera puede llegar a ser perjudicial: sin una correcta alfabetización financiera las personas podrían tomar decisiones erradas (por ejemplo, endeudarse por encima de sus capacidades o ser víctimas de estafas digitales o invertir en instrumentos no acordes a sus necesidades).

En 2018, mediante la Ley de Financiamiento Productivo (artículos 208 a 215 de la Ley 27440) se obligó al Estado a brindar educación financiera en las escuelas secundarias. Y en el marco de dicha exigencia, en el 2019 fue redactado el Plan Nacional de Educación Financiera, cuyos principales objetivos son: potenciar el uso de servicios financieros, incentivar la planificación financiera, el ahorro e impulsar el uso de pagos digitales, y difundir instrumentos financieros apropiados para individuos y empresas.

Sin embargo, aún no se han llevado a cabo acciones concretas que empiecen a materializar lo estipulado por este Plan. Incluso muchos expertos se cuestionan si esta educación debiera empezar a brindarse a los estudiantes recién en la secundaria o si lo mejor sería instruir a los alumnos desde los primeros años de la primaria, como todo conocimiento básico y necesario para la vida.

Quizá la cuarentena logre que nuestros legisladores y funcionarios adviertan la necesidad imperante de la educación y la inclusión financiera de la sociedad y aceleren y profundicen sus políticas en este sentido.

*Por Marcos Zocaro , Contador, Especialista en Tributación. Maestrando en Finanzas Públicas Prov. y Mun. (UNLP).

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