Entidades defensoras de los derechos de los consumidores manifestaron su conformidad con los tres proyectos del Ejecutivo para la creación de la Justicia del Consumidor, que determina que ante casos de conflicto las empresas primero deben pagar la multa correspondiente y luego apelar la medida.

Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, dijo que las iniciativas son “muy interesantes”, y hacen que la justicia del consumidor se convierta en un “instrumento” que permitirá a los usuarios resolver sus conflictos con las empresas por bienes o servicios mal prestados a través de un sistema de conciliación.

“Los temas de consumo son de muy alta conflictividad por el incumplimiento de las empresas, y estos centros de conciliación cercanos a la gente permitirán resolver los problemas a través de un procedimiento judicial rápido”, opinó.

Dijo que las asociaciones fueron invitadas por la Cámara de Diputados para debatir cómo serán los juzgados, y cómo serán los procedimientos previstos en las iniciativas.

“Hoy los conflictos individuales por un bien o un servicio quedan en el aire, porque es más caro judicializarlos que el costo del bien o servicio que originó el reclamo”, explicó.

Sin embargo, debido a la modalidad de pagar primero la multa y luego apelar, se crea un “incentivo” para que la empresa corrija su conducta. Para Boada, la multa es una “presión para que las empresas no se dejen estar”.

“Es un sistema que tendrá presencia en todo el territorio nacional, será inmediato y rápido y considerará al consumidor como sujeto de derecho”, explicó.