A pesar de que la cifra de víctimas fatales a causa del coronavirus atravesó la barrera de 40 mil, los argentinos parecemos haber perdido el miedo a la pandemia. La primera muestra fue el masivo velatorio de Diego Maradona, pero esta tendencia se consolidó el último fin de semana largo con playas pobladas, muchas fiestas clandestinas y días después con las movilizaciones de los pañuelos verdes y celestes ante el tratamiento de la ley del aborto en la cámara de Diputados.
Justamente el debate se produjo casi al mismo tiempo del 37 aniversario de la asunción de Raúl Alfonsín y la recuperación de las instituciones democráticas. La circunstancia, invita a reflexionar sobre las prioridades de entonces y en qué medida la confianza popular se vio correspondida por las decisiones de los sucesivos gobiernos.
“La defensa de los derechos humanos no se agota en la preservación de la vida, sino además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la miseria y la pobreza de nuestra Nación”, dijo entonces el flamante Presidente que representaba a la UCR.
En Argentina la pobreza es un problema crónico, estructural que en 1983 alcanzaba al 21% de la población y en los dos primeros años se redujo al 14%. Esa tendencia no se mantuvo y se disparó al 38% en la crisis que anticipó las elecciones y el traspaso del gobierno a Carlos Menem. La hiperinflación hizo que llegara al 47% a fines del 89. Hoy tras nueve meses de pandemia, el 44,2% de los argentinos, es decir 20 millones, viven en la pobreza, incluyendo al 60% de los niños, niñas y adolescentes.
La deuda social es muy grande e incluye una lista de prioridades postergadas: jubilaciones, seguridad, vivienda, salud, infraestructura, pero especialmente al pilar indiscutible donde debe sustentarse el progreso de la sociedad: la educación. Un dato. En promedio, el 70% de la población de los barrios populares, que crecen permanentemente, no ha completado sus estudios de nivel secundario.
Esto genera un fuerte impacto negativo en el acceso al empleo formal y bien remunerado. Un estudio de la OIT en Argentina cita que “la trayectoria de los jóvenes desde la adolescencia a la adultez es un período de tiempo corto, pero extremadamente importante para el ciclo de vida. En el camino hacia el trabajo decente, los jóvenes tienen que sortear una serie de factores que pueden tener impactos de largo plazo”.
Desde 1983 hemos visto grandes movilizaciones en las calles. En defensa de los derechos humanos, reclamando justicia, en procura de mejoras salariales, a favor y en contra de las retenciones al campo, la ley de medios, la inseguridad, el aborto, entre otras.
Pero ninguna se hizo para pedir con firmeza el acceso igualitario y garantizado a la educación para todos los argentinos. Sabemos que en la familia y en las aulas se afirman las bases del respeto, valor fundamental para recuperar una capacidad que fuimos perdiendo en las últimas décadas: la de admitir las disidencias y dialogar para mejorar las ideas y no para imponerlas. La que permite entender que es mucho mejor aprender a construir caminos que fronteras.
Un pueblo educado e instruido no sólo es más productivo en términos económicos, también está mejor preparado para identificar y sacar provecho de las buenas oportunidades. Para conocer sus derechos, cumplir y hacer cumplir las leyes y las normas de convivencia. Para evitar la mayoría de los problemas que hace 37 años se llevan nuestro tiempo y nuestras energías en esfuerzos infructuosos.
