A través de un comunicado, los dirigentes que integran estar espacio señalaron que “los servicios públicos deben estar en manos del Estado, o alternativamente, controlados muy severamente” y consideraron que “la venta de la mayoría del paquete accionario de Edenor es una excelente oportunidad para el Estado Nacional, para reordenar el sector eléctrico, ya que es un insumo estratégico usado por las industrias, que hace que su precio influya en la competitividad de las mismas y a la vez es usado por la totalidad de la población, donde su precio afecta el nivel de vida de todos”.
El Grupo Bolívar solicitó que se examine exhaustivamente la transacción de Edenor y se vea lo conveniente para la Nación Argentina. “No como una transacción privada, ya que no lo es; sin la intervención del Estado, no es posible hacerla. El Estado no debe satisfacer el interés de los privados involucrados, sino los del Pueblo que le ha dado su mandato, por lo que hay que hacer clara y evidente la razón de ser de esta transacción y obrar en consecuencia”, sostiene el texto.
“Se debe tener en cuenta que Argentina es un país que puede ser autoabastecido en todo lo que es energía, en todas sus formas, siendo Edenor la distribuidora de Energía Eléctrica más grande del país”, señala el texto que recuerda que durante el gobierno de Menem la empresa “fue dada imprudentemente en concesión y está pendiente un reacomodamiento indispensable, que depende de la mirada política sobre la visión de un país industrial, con energía barata”.
Consigna además que “dado el monto acordado por la venta, es posible la recuperación de una Edenor estratégica dentro del sector eléctrico que solo se puede transar con aprobación del ENRE. Avanzar en el Control Público del sector energético es esencial para resolver la fragmentación y la anarquía propia del proceso privatizador. Así concretar Edenor e YPF en manos estatales, es fundamental”.
Los dirigentes refieren que Pampa Energía intenta vender esta distribuidora eléctrica “a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, según confirmaron fuentes de la propia compañía. El holding que lidera Marcelo Mindlin se desprende de su buque insignia a cambio de US$ 100 millones, que se pagarían en dos cuotas: una de alrededor de US$ 60 millones, al momento de la oficialización de la venta y los restantes US$ 40 millones dentro de un año. Toda la operación deberá ser aprobada por el ministerio de Economía que tiene la presidencia del Ente Nacional de Regulación Eléctrica”.
De esta manera el grupo Manzano-Vila-Filiberti, “se quedaría con el 51,8% de la mayor distribuidora eléctrica de Argentina y con eso el control de la actividad, siendo la principal el servicio y de la gestión diaria y por lo tanto de la generación de utilidades, básicamente hoy en divisas extranjerizadas. Esto se hace con la compra de materiales en el extranjero tolerada por la débil “función Estado”, con lo que hoy pueden comprar todo afuera, con sobreprecios que facilitan las utilidades en dólares no contabilizables, pauperizando a la Argentina en su gestión del día a día y fomentando la desindustrialización para la mejora de sus negocios privados, además de obtener con ese procedimiento, balances formalmente casi siempre deficitarios que justifican los aumento de tarifas perpetuos con importantes ganancias extracontables en divisas”.
Indican también que “fuentes del sector eléctrico coinciden en que el valor de la transacción declarado, se ubica muy por debajo de la cotización de mercado que tiene la compañía con casi tres millones de usuarios”.
En ese sentido entienden que estamos ante “una excelente oportunidad para que la ANSES incremente su participación accionaria en la misma, dotando al pueblo argentino del control de la principal eléctrica del país y poniéndola al servicio de los intereses nacionales. El ENRE y el ministerio de Economía, deberán aprobar el eventual desembarco de Manzano y sus socios a Edenor o actuar de otra forma, según convenga. Esto sería de importancia para dilucidar públicamente”.
Agregan en el documento que “debemos revisar los mecanismos de funcionamiento, de los Entes Reguladores que están cooptados por las empresas concesionarias. Ser públicos todos los sumarios abiertos por infracciones al servicio, para que la ciudadanía pueda seguirlos. Que se puedan registrar irregularidades que permitan el día de mañana rescindir los contratos sin costo para el Estado, cuando no respondan a los objetivos. Deben funcionar sólo en el mercado interno y no poder acceder a insumos en divisas, salvo aprobaciones públicas verificadas”.
Finalmente expresa el Grupo Bolívar que “el sistema neoliberal imperante ha desarrollado un sistema de empresas de servicios públicos, cuyo principal objetivo es la extracción de rentas de Argentina. Las Compañías de Servicios Públicos han montado un sistema de extracción de riquezas, siempre en divisas, utilizando todos los mecanismos oscuros, que la legislación no castiga adecuadamente, como sobreprecios de partes importadas que se compran sin restricciones, por la cancelación de la Ley del Compre Argentino que debilitó Menem y derogó Macri”.
Suscribieron esta declaración los integrantes del Grupo Bolívar Fernando Vaca Narvaja, Bruno Capra, Miguel Belardi, César Crocitta, Hugo Daniel Oroná, Andrés Repar, Carlos Levinton, Alejandra Portatadino, Daniel Numerosky, Raquel Pina, Rodolfo Games, Alberto Galante, Juan Andrés Zion, Fernando Juan Del Giúdice y Jose Cudina.
Asimismo, adhirieron por Unidad Popular, Letizia Quagliaro, Claudio Lozano, Hugo “Cachorro” Godoy, Victor de Gennaro, Ricardo Peidró. Movimiento Proyecto Sur, Jorge Guillermo Selser, Luis Alberto Torres, Juan Massini. Observatorio de la Riqueza, PIA, Instituto Peronista, Guillermo Robledo, Clelia Isasmendi, Pablo Bonastre y demás integrantes. Unidad Peronista Bonaerenses. Industriales Pymes Argentinas, Gustavo Castells. Consejo Productivo Nacional, Damián Regalini, Carlos Graziano, Eduardo Rotundo. Central de Entidades Empresarias, Juan Ciolli, Raúl Hutin y otros.
