Algunos argentinos se vieron sorprendidos estos días con la comunicación de que pescadores gallegos, se aprestaban a partir con destino a Malvinas para capturar unas 45 mil toneladas de calamar. Seguramente, la Cancillería Argentina “indignada”, habrá hecho lo que hace (copia y pega) todos los años: “reclamar airadamente por esta pesca en nuestro territorio”.
Lo cierto es que, mientras nosotros seguimos contando cuentos de gallegos, ellos desde 1982 a la fecha se llevan, asociados a los británicos y junto a coreanos y taiwaneses, unas 250 mil toneladas anuales de pescados y calamares de Malvinas por un valor anual estimado en los mil millones de dólares. Es decir, unos 38 mil millones de dólares en los últimos 38 años.
Y, me pregunto: ¿algún argentino duda que las Malvinas son argentinas y por tanto parte de su territorio nacional? ¿Quiénes son los responsables de que, mientras en 1982 el Reino Unido ocupaba 11.410 Km2, hoy ocupe 1,6 millones de km2 de un territorio marítimo argentino inmensamente más rico que los archipiélagos? ¿Quiénes son los responsables que desde 1982 a la fecha ninguna empresa de las que pescan en Malvinas haya pagado multa alguna, pese hacerlo sin cumplir con la legislación vigente argentina, cuando debería penalizarse a quién captura sin la habilitación en todo el territorio nacional? ¿Quiénes son los responsables de que todos los productos extraídos desde 1982 del área de Malvinas con destino a la Unión Europea y otros países no hayan pagado derechos aduaneros de exportación con la consiguiente tipificación de contrabando de esas operaciones? ¿Quiénes son los responsables de la falta de Acuerdos con Uruguay para terminar con el refugio de la pesca ilegal del Atlántico Sur en sus puertos? ¿Quiénes son los responsables de que el Estado Argentino no haya reclamado a los empresarios pesqueros el resarcimiento económico por la extracción ilegal en Malvinas de recursos pesqueros desde 1982 a la fecha en el orden de los 38 mil millones de dólares, sin computar intereses, perdida de chance y pago de derechos?
Deberían rendir cuenta de ello, desde 1982 a la fecha los sucesivos ministros de Relaciones Exteriores; los ministros de Agricultura y Ganadería; los secretarios de Malvinas; los subsecretarios de Pesca; los Administradores de AFIP y de Aduana, entre otros, por la apropiación territorial y de los recursos pesqueros por parte de los británicos en Malvinas y sus socios los empresarios pesqueros españoles, sus joint venture con británicos, etc.
Los funcionarios citados por su inacción o su acción manifiestamente contraria a los intereses nacionales, han impedido el crecimiento nacional; generando pobreza, indigencia, pérdida de salud, educación, vivienda y desigualdad entre los argentinos y, por cierto, aún en 2021 estamos tan desmalvinizados como en 1983 y, a casi 39 años de la guerra de Malvinas, con una gravísima pérdida de soberanía nacional en el Atlántico Sur y los territorios del litoral marítimo patagónico, con sus implicancias en el Río de la Plata y la hidrovía Paraná-Paraguay.
A pocos días de cumplirse 39 años de la recuperación de Malvinas, están los argentinos que dieron la vida, los heridos y los que lucharon por recuperar esta importante parte de nuestro territorio nacional; los funcionarios que se esconden detrás de los visillos y los que creemos que es otro el camino a seguir. Entonces, fue por el aislamiento del mundo; la dependencia económica; las Convenciones, Acuerdos y Tratados que ataron al gobierno de pies y manos y, ahora, junto a todo ello, con el pretexto del coronavirus (vaya casualidad la denominación) los funcionarios no pueden pensar en otra cosa que no sea en esta pandemia y están impedidos de juntarse y elaborar una estrategia, a la que llaman pomposamente “Políticas de Estado”, pero que para elaborarlas (¿?) utilizan un Zoom.
Me imagino a los servicios de espionaje británicos, viendo a nuestros aburridos personajes, subidos al caballo de San Martín, luchando por su conectividad doméstica y con una austera cámara que, por suerte, los filma de la cintura para arriba. Tres reuniones desde la creación del “Consejo Nacional de Malvinas” parecen pocas para semejantes acciones de Estado, que deberían estar en cesión permanente.
Señores tenemos ocupada el 52% de la Zona Económica Exclusiva Argentina y sus archipiélagos australes, un territorio dos veces más extenso que la República de Francia, que mantuvo en vilo a Charles de Gaulle y los aliados. Si el procedimiento y la dinámica puesta por los gobiernos argentinos en esta materia se hubiese aplicado durante la segunda guerra mundial, por temor a las bombas entonces y hoy al COVID, en otras manos estaría el poder hegemónico mundial.
No se les paga a los funcionarios para dirigir simposios ni para resaltar las efemérides nacionales, sino para que con inteligencia, imaginación, coraje y contracción al trabajo cambien el destino de una Nación de rodillas. Quién podría imaginarse recuperar Malvinas cuando no se tiene otra idea que promover el diálogo y desempolvar la gastada Resolución 2065/65 de la Naciones Unidas en procura de que los británicos se sienten a negociar, con o sin el apoyo de la mayoría de los países del mundo.
El diálogo en estos 55 años de espera, como Penélope, con o sin relaciones carnales, fue absolutamente contrario a los intereses territoriales, económicos y sociales argentinos, como hemos enumerado sintéticamente al inicio de estas líneas. Los tiempos están todos agotados, a no ser que el mensaje de cambiar sea para que nada cambie.
Desde 1982 a la fecha podemos considerar acciones positivas la creación de la «Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur» (1986); la incorporación de la Disposición Transitoria Primera en la Constitución de la Nación Argentina (1994) que estableció: “La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”; la suspensión de las Investigaciones Pesqueras conjuntas con el Reino Unido (2005); la ratificación de los derechos ante la ONU sobre la Plataforma Continental Argentina (2007); la sanción de la Ley 26.386 que restringe las acciones a las empresas pesqueras que operan en Malvinas (2008); la identificación o localización de los argentinos caídos en Malvinas (2008/2013/2016); el requerimiento por Decreto 256/10 del permiso de Tránsito a Malvinas (2010); las restricciones por la Ley Solanas (26.659) a las empresas petroleras que operan en Malvinas (2011); la recomendación de 351.633 km2 sobre 1.782.000 km2 reclamados ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (2016); la jerarquización de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería Argentina (2020); la suspensión de las investigaciones pesqueras conjuntas con el Reino Unido de Gran Bretaña (2020); la creación del Consejo Nacional de Malvinas (2020) y la decisión de la Unión Europea de dejar afuera del Acuerdo del Brexit a todos los archipiélagos de ultramar (no solo Malvinas).
Con todo lo enunciado precedentemente no alcanzó ni alcanza. Denunciar todos los Acuerdos es el inicio de una lista de acciones proactivas económicas, operativas, de sur-americanización del Atlántico Sur y de ocupación de los espacios marítimos en la ZEE y alta mar, al margen de las acciones diplomáticas en todos los fueros para ratificar nuestros derechos.
Por Dr. César Augusto Lerena Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado.
