La Federación de la Industria Naval (FINA), a través de su presidente, ingeniero Juan Antonio Torresin, expresó su apoyo al proyecto de Ley de Promoción de la Industria Naval y Marina Mercante, que tiene tratamiento legislativo y cuenta con la adhesión del diputado nacional Gastón Harispe y el presidente de la Cámara, diputado Julián Domínguez. El pronunciamiento se produjo el miércoles 15 de octubre, oportunidad en la que se reunió la Mesa Nacional de Concertación de la Industria Naval. A continuación se  tanscriben los párrafos salientes.

En un país con litorales marítimos y vías fluviales como el nuestro, es claramente reconocible la necesidad de contar con un régimen definitivo para la actividad Naviera Nacional y su Industria Naval, indicó el dirigente.

El nuevo plexo normativo debe fijar una política para el sector, que posibilite un aumento de la oferta de bodega disponible en el ámbito nacional, con proyección al ámbito internacional y con una industria naval consolidada, que la convierta en el proveedor natural de la actividad.

En definitiva, su objeto primordial es generar un equilibrio entre la actividad del transporte por agua, con los mercados en que opera la Industria Naval.

Así lo reconocía, señaló Torresin, el decreto 1010/04, promulgado por el ex presidente Néstor Kirchner, cuando textualmente decía “que la actual situación de ambos sectores, amerita el dictado de un régimen transitorio hasta tanto se produzca la sanción de un régimen definitivo, que conjugue simultáneamente los intereses de la actividad naviera y de la Industria Naval”. Ése es el concepto integrador de Marina Mercante.

Para la FINA, otras opciones legislativas nos llevarían a priorizar servicios sobre industria, lo que dictaría un certificado de defunción para la Industria Naval Argentina y un retorno a las políticas desarrolladas en la década del noventa, que prácticamente destruyeron el capital económico y social de la Industria Naval.

El concepto integrador de Marina Mercante que incluye la actividad naviera, los puertos, las vías navegables y la Industria Naval, recordó Torresin, fueron un principio claro materializado en la definición de marina mercante; receptado y explícitamente recogido en la plataforma electoral del actual Gobierno Nacional en el año 2003. Cuando dice “respetando el principio integrador que considere a la Marina Mercante y a la Industria Naval, como pertenecientes al mismo sistema económico y que por lo tanto deben tener un único tratamiento legislativo”.

Por lo tanto, el proyecto que hoy se encuentra en diputados, no hace más que saldar una promesa generada en los albores de este gobierno.

Éstas son las razones que planteó la FINA para apoyar el actual proyecto de Ley, que es el que mejor conjuga el concepto de inclusión de los distintos sectores, teniendo en cuenta las necesidades prioritarias de la Nación, sacando el mejor partido del potencial de todos los sectores productivos y comerciales, sean de servicios, como así también de las actividades  industriales extractivas, renovables y/o no renovables.

Otro tema que no admite discusión, para la FINA, son los beneficios que obtenga el transporte por agua, distorsionando la oferta de la Industria Naval.

En este sentido, hay plena convicción de que no debe permitirse la importación o charteo de buques y/o artefactos navales usados en forma definitiva, destinados al cabotaje y a la pesca, con los que es imposible competir desde la oferta industrial.

Ésta debería ser la regla, incluyendo a la actividad marítima, la cual podría tener excepciones transitorias reguladas y condicionadas a la construcción de unidades similares en el país.

Por supuesto,  señaló Torresín, que un régimen de promoción como el que se está solicitando, requiere un régimen de tratamiento fiscal particular para una actividad que, claramente, como lo es la actividad naviera y la Industria Naval son consideradas en el mundo como merecedora de atención particular. Tanto su efecto multiplicador medido en términos de puestos de trabajo, como por su obligación de competir fuera de las tradicionales fronteras de su país de origen que lo hacen fundamental. No incluir un régimen fiscal especial es aceptar que la norma dejaría de ser de promoción.

También, la Federación considera un acierto el tema del financiamiento, diferenciando los recursos de amortización de largo plazo para los buques terminados, de los asignados a la etapa de construcción que contemplan una amortización de corto plazo, a ejecutarse con herramientas financieras modernas, de acuerdo a las necesidades del sector y las garantías reales suficientes.

Por último, señaló la FINA, que acompaña los conceptos que incluyen en la Ley una atención especial para la formación continua de los trabajadores técnicos y profesionales ligados a tareas industriales como de la ingeniería naval, del ámbito que legisla la Ley, ya sean tripulantes o ligados a las actividades terrestres. Ésta es la única manera de fomentar en el país los proyectos tecnológicos, fuentes de trabajo decentes y posibilitar el fortalecimiento de toda la cadena de valor navalpartista, garantizando así la ampliación de nuevas fronteras tecnológicas en sede académica y de capacitación continua.