El día martes 22 de junio el Gobierno Nacional convocó a una reunión vinculada al tratamiento del cierre de las exportaciones de carne y a las nuevas medidas a instrumentar en ese sentido.
La invitación a Confederaciones Rurales Argentinas -aunque informal- ofrecía la posibilidad de una reunión previa, en conjunto con la llamada Mesa de las Carnes y la Comisión de Enlace para definir acciones a futuro, luego de haber sido dejado fuera de la negociación hasta esa convocatoria.
Sopesando el contexto y a riesgo de parecer ingenuos decidimos concurrir, a pesar de que por los medios informativos ya se adelantaban supuestas medidas que impactarían destruyendo miles de puestos de trabajo.
Fuimos, en definitiva, con el ánimo de aportar propuestas que evitaran avanzar con la pésima medida de cerrar exportaciones y evitar sus perjudiciales consecuencias, esperanzados en que el Gobierno revea la medida y tome las mejores decisiones – no para un grupo de poder o atendiendo a la coyuntura electoral- sino para la Argentina en su conjunto.
Rápidamente esa reunión se convirtió en una nueva desilusión dado que se insiste en castigar una vez más al sector primario, que es quien resigna el precio de su producto para que el Estado -sin ningún esfuerzo- distribuya carne a precios especiales.
Queda claro que el Gobierno ya tenía decidido continuar con las exportaciones cerradas, siendo la única novedad una alquimia de porcentuales para liberar una parte de las mismas, que en definitiva se traduce en menor precio para el productor. En esa reunión se nos ofreció participar en la confección de un plan ganadero. Cabe recordar que llevamos muchos años con incumplidas promesas como para saber que un plan ganadero realizable, eficaz y serio nace del acuerdo político que lo haga sustentable en el tiempo y previsible para quien se dispone a invertir.
Es más que evidente la contradicción entre pretender un plan a futuro con un presente de exportaciones cerradas, y vigente esta contradicción carece de sentido cualquier reunión donde el eje no sea atender los legítimos reclamos del sector productivo, considerado éste en su sentido más abarcativo. No es el precio de la carne el que genera la inflación que nos complica desde hace décadas.
Afirmar lo contrario supone una mirada maniquea de la realidad. El gobierno sostiene un plan económico que genera falta de trabajo y caída del poder de compra de la sociedad, no sólo en el rubro alimentos sino en la totalidad de los bienes y servicios. Dicho de otro modo, los precios de los alimentos resultan altos cuando la caída de ingresos y fuentes de trabajo constituyen la verdadera causa del desequilibrio. Una rápida comparación con los países vecinos nos permite ver con claridad nuestro problema interno.
Rechazamos enfáticamente una vez más el esquema de exportaciones dispuesto, firmes en nuestra convicción de que será ineficaz y perjudicará a toda la cadena cárnica, sin resultados ciertos y duraderos en el precio en mostrador de la carne. En el tiempo quedó harto demostrado el fracaso de la receta de cierres, cupos y retenciones, y el costo de ese fracaso siempre lo pagaron los extremos de la cadena, productor y consumidor.
Un nuevo revés implicaría la descapitalización del sector, la pérdida de mercados y la consiguiente destrucción de toda la cadena cárnica. Lamentamos ser llevados a una confrontación, pero es necesario poner en conocimiento general que los productores y sus entidades gremiales defenderán el derecho de trabajar, comerciar y percibir el precio justo de su producción.
En un gesto de comprensión, el Gobierno podría revisar su presión impositiva sobre toda la cadena como un modo de abaratar el precio de la carne y así poder cumplir su promesa electoral. Seguimos dispuestos al diálogo que posibilite encontrar soluciones de conjunto, pero para ello también se necesita que los gobernantes pongan punto final a su inoperancia y dejen de lado su prejuicio ideológico.
Si esto no ocurre, seguramente muy lejos estarán las soluciones.
Por Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
