La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que establece nuevos parámetros para atraer inversiones para la exploración, explotación y producción de petróleo, con la mirada puesta en lograr el abastecimiento energético.

Con 130 votos a favor, del Frente para la Victoria y sus aliados; 116 en contra de la mayoría del arco opositor; y una abstención de la aliada oficialista Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino), el proyecto fue aprobado tras casi 15 horas de debate.

Así, el texto que establece condiciones para las nuevas licitaciones en materia de hidrocarburos convencionales, no convencionales y en la zonas denominadas off-shore, quedó en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

Para alcanzar los 130 votos a favor el Frente para la Victoria aportó 116 propios; y los de los aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero (7); de Nuevo Encuentro (3); PJ La Pampa (1); Frente por la Inclusión Social (1); Frente Solidario Popular Fueguino (1) y Movimiento Popular Neuquino (1).

En contra lo hicieron la UCR, el Frente Renovador, el Frente Amplio Progresista, el PRO, la Coalición Cívica, Unidad Popular,. la Izquierda y los legisladores de los bloques referenciados en Hugo Moyano, José Manuel de la Sota y Adolfo Rodríguez Saa, entre otros.

El debate sobre la reforma de la ley de hidrocarburos fue abierto por el presidente de la comisión de Energía, Mario Metaza, quien aseguró que este proyecto “no es para beneficio de un Gobierno sino de un país” porque contempla nuevas normas para “atraer las inversiones necesarias” en busca de lograr en el futuro el “autoabastecimiento energético” necesario para apuntalar el crecimiento.

Al hablar como miembro informante del proyecto rechazó que esta iniciativa pueda “afectar las autonomías de las provincias petroleras” y dijo por el contrario “han consensuado el proyecto con el gobierno porque mantiene su facultad para administrar sus recursos”.

En tanto, en el cierre del debate, la presidenta del bloque del FPV, Juliana Di Tullio expresó que esta ley apunta a “lograr la sinergia entre la Nación, las provincias y nuestra empresa de bandera YPF, generando igualdad y mayor equilibrio en cada una de las regiones”.

Desde la oposición, el radical Ricardo Alfonsín remarcó que “con este proyecto el oficialismo pretende resolver los problemas que generó con errores anteriores. Pero vuelve a equivocarse con esta Ley porque comete el error inverso. Hasta ahora había desconsiderado la importancia del interés privado, a pesar de que el 100 por ciento de la actividad estaba en manos privadas. Ahora está desconsiderando el interés general”.

A su vez, el socialista Hermes Binner señaló que el pais necesita tener “autoabastecimiento energético” para promover su crecimiento y señaló que esta ley “debería ser objeto de consenso”.

En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, argumentó su voto a favor del proyecto porque establece un marco legal para tener “esas inversiones necesarias” tendiente a “tener el abastecimiento y la soberanía energética”.

Por su parte, el presidente de la bancada del PRO, Federico Pinedo, dijo que “en necesario realizar inversiones” en los emprendimientos hidrocarburíferos para evitar la importación de energía, pero cuestionó los beneficios que se le otorgarán a los nuevos concesionarios.

Desde el massismo, el sindicalista petrolero Alberto Roberti dijo que este proyecto beneficia “exclusivamente a YPF” y señaló que esta iniciativa afecta “la potestad de las provincias”.

A su vez, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli, justificó su abstención al sostener que “no se incorporaron modificaciones claves a las iniciativas”, y que “se hayan establecido regalías fijas en el proyecto”.

El dictamen de mayoría que finalmente fue aprobado por los diputados fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina.

Además, establece que los emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal del 20% siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será del 60%.

En tanto, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectadas por las reformas a la ley de hidrocarburos.

Por otro lado, el proyecto otorga potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las cuales deberán pagar regalías por un 12%. Además, dispone que en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un tres por ciento las regalías con un tope del 18%.

También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un “pliego modelo” a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.