El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca resaltó la importancia de aplicar un enfoque integral y no limitarlo a productos bovinos sino incluir además a la oferta avícola, porcina e ictícola.

“La modificación propuesta en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) no es de ninguna manera estatizarlo o hacerlo desaparecer, como dijo la Mesa de Enlace, ya que se mantendrá como ente público no estatal y en ningún caso la presencia del Estado supera a la actividad privada en el consejo o la asamblea”, aclaró Casamiquela en declaraciones a radio Nacional.

En el nuevo Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA) la asamblea de representantes estará compuesta por un presidente y 18 miembros: seis del sector productivo, tres del sector industrial, cuatro del gobierno nacional y cinco de las provincias productoras.

Por su parte, el Consejo de Representantes (órgano de dirección del IPCA) cambia su composición (8 miembros): tres del sector productivo, uno del sector industrial, tres del gobierno nacional y uno de las provincias productoras. La presidencia del Consejo será ejercida por quien el representante del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y la vicepresidencia alternadamente por uno de los representantes del sector privado; el voto del presidente es doble en caso de empate.

El ministro recordó que el IPCVA tiene 14 años, período durante el cual el sector “tuvo una modificación estructural muy importante”.

“Hoy -precisó Casamiquela- tenemos un consumo de 120 kilos por habitante y por año. No hay ningún país en el mundo que nos supere y hemos crecido mucho en pollo (donde se exportará este año por 700 millones de dólares), cerdo, pescado (cuyas ventas al exterior ya superan a la carne vacuna, con 1.500 millones de dólares) y otras carnes”.

Hace diez años la Argentina consumía 85 kilos de carne per cápita, y en la actualidad, si bien el consumo de vacunos continúa encabezando el listado con 58 kilos, las carnes alternativas continúan mostrando un crecimiento sostenido: aviar, 42 kilos; porcina, 11 kilos; y pescado, 9 kilos, destacó el ministro.

“Deberíamos tener una visión más integral de la capacidad productiva”, sostuvo, tras atribuir motivos “políticos” a las críticas de la dirigencia de las entidades agropecuarias.

“Es un error de concepción decir que nos vamos a quedar con los fondos, vamos a modificar la ley para que los sectores que se sumen hagan su aporte económico”, agregó Casamiquela.

“El desarrollo -enfatizó el funcionario- se construye, no se lo espera, y por eso incluimos a otras cadenas agroindustirales y buscamos una estrategia definida, ya que no tiene mucho sentido promover el consumo de carne en el mercado interno”.

El titular de Agricultura defendió la intervención del Estado, cuya ausencia “provocó el quiebre social, político y económico en los años 90 del siglo pasado y hoy está fortalecido como promotor de equilibrios”.

Casamiquela resaltó también la relevancia del proyecto que alienta el ordenamiento jurídico en el sector de la acuicultura, para promover la producción de peces de río o mar, cultivados, proceso que hoy suma unas 4 mil toneladas anuales e involucra a unas 12 mil personas, principalmente pequeños agricultores familiares.

La previsión oficial es que el consumo de productos de la pesca llegue a 12 kilos por habitante en 2020, mientras se proyecta aprovechar el extenso litoral marítimo (más de 3 mil kilómetros) y el enorme caudal de recurso hídrico continental (más 30 mil metros cúbicos por segundo de agua dulce).

La iniciativa elevada al Parlamento promoverá el agregado de valor en origen de la producción e incluirá un fondo específico para el financiamiento de emprendimientos productivos.

La tercera norma propiciada por el gobierno declara de interés nacional las cuestiones sobre fitosanidad y sanidad animal y da soporte jurídico al SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), organismo que inspecciona, fiscaliza y certifica productos por más de 30 mil millones de dólares al año y emplea a casi 6 mil agentes, distribuidos en 290 unidades con presencia en todo el territorio nacional.

El proyecto de ley “es condición necesaria para actuar con diligencia ante situaciones de emergencia sanitaria y manejo más eficiente de su planta de personal y presupuesto”, según explicó el Ministerio de Agricultura.