El presidente del Astillero Río Santiago (ARS), Pedro Wasiejko, presentó a legisladores de la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley para transformar la planta naval más importante del país en una Sociedad del Estado para poder otorgarle, de esa manera, una mayor competitividad y una mejor capacidad de gestión.

En este contexto destacó que “la planta naval tiene todas las condiciones para convertirse en una plataforma regional y generar divisas para el país”. El encuentro estuvo encabezado por el senador Francisco Durañona, la senadora Teresa García y la diputada Susana González.

Wasiejko presentó la iniciativa que se elaboró desde la actual gestión para cambiar la actual figura jurídica, repasó la historia del astillero fundado por el Presidente Juan Domingo Perón en 1953 y señaló que el momento de mayor producción de la planta naval se produjo bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima, que se adoptó en 1970. 

A su vez, detalló las capacidades del astillero en materia de construcciones navales y metal mecánicas y la oportunidad que tiene de participar en la segunda vida de las turbinas de las represas de Yaciretá y Salto Grande. También presentó los distintos proyectos en los que se está trabajando tanto para la Armada como para la Prefectura, entre otros organismos.

Por otro lado, destacó que entre 1968 y 1983 el astillero vivió un período de expansión sostenido en el que aumentó la producción en general, se botaron buques de gran porte y aumentó el mix de producción manufacturando bienes de la rama pesada como motores y turbinas, entre otros. Tras la guerra de Malvinas y junto con la recuperación democrática disminuyó el presupuesto de Defensa y el Estado nacional entró en una profunda crisis de financiamiento con una economía en recesión, aspectos que redujeron fuertemente la demanda al ARS e implicó una caída de la producción. 

Luego, continuó explicando que producto de las políticas neoliberales que implementaron Carlos Menem y Domingo Cavallo y con la intención de privatizar el astillero, la planta naval pasó en 1993 al ámbito de la provincia de Buenos Aires. Entre 2001 y 2008 se vivió una recuperación productiva paulatina, aunque no llegó a alcanzar la época de mayor esplendor y desde 2012 hasta 2020 no se produjo ninguna botadura. Recién el año pasado y en marzo de este año gracias a los trabajos que impulsó la gestión a partir de 2020 se lograron botar dos Lanchas de Instrucción para Cadetes de la Armada, trabajo que había sido paralizado durante el gobierno anterior.

“La figura jurídica actual implica que el astillero está sujeto a la normativa y procedimientos vigentes para la administración pública provincial. Esta situación conlleva tramitaciones que no han sido diseñados para la actividad productiva que debe desarrollar el ARS”, sostuvo en su explicación.

Señaló que se analizaron distintas figuras jurídicas, entre ellas la Sociedad del Estado y la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, pero que se consensuó con la representación gremial impulsar la primera.

“Avanzar con este cambio representa una solución en cuanto a la necesidad de agilizar el funcionamiento operativo del ARS y asimilarlo a cualquier empresa productiva, con el consiguiente beneficio en sus actividades industriales y comerciales, sumado a una mayor eficiencia de los recursos del astillero”, dijo Wasiejko y solicitó a los legisladores que apoyen el proyecto.

Por su parte, la diputada Susana González detalló que “el cambio de figura jurídica como Sociedad del Estado le va a permitir al ARS transformarse en una empresa competitiva ya sea porque va a terminar acortando los plazos de contratación sino porque además va a poder manejar de manera diferente todo lo referido a la compra de insumos para el cumplimiento de los contratos”. 

“Es importante resaltar que el proyecto de Ley prevé que, si bien los trabajadores van a tener su contrato de trabajo bajo la órbita de la Ley de Contrato de Trabajo, se va a mantener el Convenio Colectivo que vienen aplicando desde hace décadas y que además el aporte tanto personal como patronal va a ir al Instituto de Previsión Social y la Obra Social obligatoria para ellos va a ser la del Instituto de Obra Médico Asistencial”, agregó González.

Participaron del encuentro los legisladores provinciales Lucía Klug, Walter Abarca, Juan Martín Malpeli, Natalia Sánchez Jáuregui, Germán Di Césare, Vanesa Spadone, Ana Devalle, María Reigada, Pablo Obeid, Teresa García, Juanci Martínez, Gustavo Soos y Alfredo Fischer.