Con una industria naval desguazada, a partir del 2003 el gobierno nacional tuvo como objetivo recuperar el sector e impulsó una serie de políticas para incentivar la actividad.
La industria naval, también llamada la “madre de las industrias” por su importante eslabonamiento con otros sectores, necesita de un Estado presente para su adecuado desarrollo y crecimiento. Debido a los extensos plazos de los procesos de producción y los elevados montos de inversión, el Estado debe tomar un papel protagónico como regulador de la actividad y articulador de mecanismos de financiamiento. A su vez, debe garantizar una legislación que permita el fortalecimiento de una industria naval nacional que pueda desarrollarse y competir frente a la tecnología de punta y los avances logrados a nivel mundial, liderados por China y Japón, y a nivel regional por Brasil. Por esta misma razón, la situación actual de la industria naval argentina es el resultado de las políticas públicas adoptadas en cada período histórico.
A principio del siglo XX, con la inserción de Argentina al mundo como país agroexportador, fue imprescindible la ampliación de la flota de embarcaciones. Por eso, en aquel entonces se tomó una serie de iniciativas para incentivar la industria naval, como la Ley Nacional de Cabotaje de 1910, que establecía el monopolio de la bandera argentina en este tipo de comercio y evitaba el pago de grande montos en fletes a buques extranjeros.
Durante las décadas del ’40 y ’50, el Estado avanzó con el financiamiento de obras de construcción y refacción de los talleres navales estatales e implementó el crédito naval, administrado por el Banco de Crédito Industrial Argentino, para facilitar el acceso al financiamiento del sector. La industria naval tuvo un gran impulso durante el peronismo y su auge en las décadas del ’60 y ’70. Uno de los principales motivos de su crecimiento fue que la Marina Mercante Nacional se había asegurado una parte de las cargas del comercio exterior y su demanda incentivaba la producción de los astilleros, todo esto acompañado con créditos de largo plazo.
Sin embargo, los buenos pronósticos para la industria naval se terminan a fines de los ’70 debido a las políticas neoliberales implementadas: apertura económica, liberalización del mercado del transporte internacional de mercaderías y reducción de las regulaciones estatales que apoyaban al sector. Todo esto sumado a una industria nacional que aún no tenía las características necesarias para poder competir mundialmente y un contexto internacional de sobreoferta de parte de los países asiáticos con costos de producción menores, lo que terminó provocando un golpe para la industria nacional. En esta época, el violento proceso de importación de embarcaciones dio inicio a la desarticulación de una prometedora industria local.
Para culminar, en la década del ’90 se elimina el Fondo de la Marina Mercante, se disuelve la Marina Mercante Nacional, cesan las actividades de algunos astilleros estatales, se permite la importación de buques y artefactos flotantes en calidad de usados por la resolución 909 de 1994 y se privatiza y vacían las empresas públicas, siendo Tandanor la más afectada.
Con una industria naval desguazada, a partir del 2003 el gobierno nacional tuvo como objetivo recuperar el sector e impulsó una serie de políticas para incentivar la actividad. Una de las principales decisiones fue la recuperación de las empresas Tandanor y Astillero Río Santiago (ARS). También se sancionaron el decreto 1010/04 que procuró el reingreso de buques a la bandera argentina y la ley 25.248, que implementó un sistema de contratos de leasing para la compra y posterior entrega de buques o artefactos navales, con el fin de promover la industria naval de origen nacional.
Otro gran avance fue el proyecto de ley de Régimen de Promoción de la Marina Mercante Nacional y la Industria Naval Argentina, que propone la creación de un fondo crediticio especial y ventajas impositivas a favor de la construcción de embarcaciones por parte de astilleros nacionales privados y públicos.
La recuperación de los astilleros y las empresas estatales como Tandanor en 2007 son una muestra del esfuerzo para hacer resurgir un sector productivo gravemente vapuleado y abandonado por casi tres décadas.
La reactivación de la industria naval no sólo contribuye al desarrollo económico de un país, sino que promueve la acumulación de conocimiento técnico y tecnológico, imprescindible en este tipo de industria.
La determinación de la industria naval como actividad estratégica para el desarrollo nacional fue la decisión política fundamental para promover la recuperación económica del sector. No sólo se recuperaron miles de fuentes de empleo, sino que se dieron pasos fundamentales en la recuperación de uno de los resortes fundamentales de la economía que permiten una mayor independencia económica y una integración al mundo en igualdad con el resto de los países.
