A través de las ministras de Trabajo, Kelly Olmos y Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el gobierno anunció esta semana el pago de un bono de fin de año de 24 mil pesos a trabajadores privados que cobren hasta 180 mil pesos mensuales.
La medida recibió el apoyo de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). La entidad informó que durante el tercer trimestre del año 2022 y según la encuesta de ENAC, sobre 660 empresarios PyMEs de 22 provincias, el 81,2% de los empleadores otorgó aumentos salariales durante el 2022.
Agrega que “sin embargo, solo el 32% de las empresas iguala o supera la inflación IPC Indec. Vemos con positiva cautela los esfuerzos que se están llevando adelante desde el ministerio de Economía para mitigar la inflación, aunque sabemos que en el marco del acuerdo con el FMI no habrá transformaciones sustantivas en el esquema de relacionamiento entre el poder económico y el poder político”.
Consideran además que “bajo ningún concepto podemos seguir perjudicando el poder adquisitivo de la clase trabajadora en su totalidad, ni a la más vulnerable. Dar un bono para acompañar en esta coyuntura es un mínimo gesto inobjetable por parte de nuestro sector”.
Diferente es la posición expresada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que manifestó su “profunda preocupación” ante esta medida.
“La Entidad comprende las motivaciones de tal decisión y comparte el interés por recomponer el poder adquisitivo de los asalariados. Sin embargo, está convencida de que el ámbito de determinación de ajustes en las remuneraciones del sector privado deben ser las negociaciones paritarias, en donde los representantes de las empresas y de los trabajadores”.
Por otra parte, reconoció como “positivo” que en el caso de las PyMEs se prevea que el 50% del pago del bono pueda deducirse de los anticipos del Impuesto a las Ganancias. “Pero también debe advertirse que el hecho de que el mencionado bono deba abonarse en diciembre, mes del que ya han transcurrido dos semanas y en el que las empresas deben también hacer frente al pago del medio aguinaldo, representa una dificultad significativa para numerosas firmas, particularmente las pymes, que cuentan con menor margen para hacerse de liquidez”.
Finalmente, la CAC expresó su “honda preocupación” por considerar que “la medida perturba la necesaria planificación empresarial y que, al aplicar el mismo aumento a sectores que registran realidades claramente heterogéneas, provoca múltiples distorsiones. En esta línea, aboga por que los incrementos en las remuneraciones se pacten en las negociaciones paritarias sectoriales, en el convencimiento de que los consensos allí alcanzados, y en las eventuales reaperturas o revisiones acordadas entre las partes, son la mejor herramienta para conciliar las legítimas pretensiones de los trabajadores con las posibilidades de pago de las empresas de cada actividad”.
