Problemas para el ex interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gonzalo Mórtola. La Sala I del Tribunal de Apelaciones de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó su procesamiento.
El ex funcionario del gobierno presidido por Mauricio Macri, está en la mira de la justicia por supuesta violación de deberes de funcionario público. Esto es a raíz de la contratación directa de una consultora por casi un millón de dólares.
Gonzalo Mórtola, procesado
En septiembre de 2022, sin prisión preventiva y con un embargo de 400 mil pesos, el juez Marcelo Martínez De Giorgi, procesó a Mórtola. La Resolución fue confirmada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
Los magistrados ratificaron el procesamiento ante las “irregularidades evidenciadas en las actuaciones administrativas” que derivaron en la contratación de la empresa INDRA SA. Consignaron además “el contexto en que fueron adoptadas” las cuestionadas resoluciones de parte del ex interventor.
Disidente
Por su parte, Pablo Bertuzzi, tercer integrante de la sala votó en disidencia. Se manifestó a favor de revocar el procesamiento, dictar falta de mérito y profundizar la investigación.
Sus pares entienden que “para habilitar una contratación directa, la normativa aplicable exigía el deber de fundamentación, tanto respecto de la necesidad de especialización como de la capacidad (científica, técnica o artística, según el caso) del contratista”. En el caso investigado “a partir del cotejo de las actuaciones administrativas cabe concluir que ese deber no fue cumplimentado”.
La Cámara concluyó que “el informe técnico invocado sólo contiene afirmaciones genéricas, sin enunciar datos precisos y objetivos, al tiempo que carece de documentación respaldatoria”.
La contratación fue realizada para obtener antecedentes y datos técnicos para elaborar las bases licitatorias de las nuevas Terminales Puerto de Buenos Aires en 2016 y 2017.
Mórtola, conforme a lo expresado por el tribunal “se apartó de lo prescrito en las disposiciones reglamentarias, toda vez que la especialidad no fue efectivamente examinada, ni fundamentada, previo a resolver la contratación directa” que se hizo por US$ 940.508.
