El juzgado federal número 2 de Morón, puso freno a una obra que se estaba llevando a cabo en el puerto bonaerense de Dock Sud por irregularidades. La Fundación Biósfera, cuyo presidente es el licenciado en Ecología y Recursos Naturales, Horacio de Beláustegui, oportunamente detectó irregularidades y llevó el tema a la justicia.
La semana pasada, el juez federal, Jorge Eduardo Rodríguez,aceptó la medida cautelar. Suspendió las obras hasta que el ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y la empresa contratista, Exolgan, presenten el estudio de impacto ambiental correspondiente.
La justicia también prohibió la demolición del muelle 1 y cualquier otro tipo de construcción. ACUMAR, la autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, ha sido encomendada para controlar las obras e informar al juzgado sobre cualquier incumplimiento.
La Fundación Biósfera, autora de la demanda, lleva más de 30 años dedicándose a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. En cumplimiento de ese objetivo, no es la primera vez que acude a la justicia para detener obras que incumplen las normas ecológicas.
Irregularidades en el Puerto Dock Sud
“El juez determinó que todo el proceso está viciado, desde la presentación de la documentación en la que no se expresa el plan ambiental. Tampoco se contempla el destino de los más de 30,000 camiones de material a sacar. Además, la ausencia de una Audiencia Pública y la implementación apresurada, son problemáticas que requieren más tiempo para un desarrollo claro y sin confusiones”, señaló de Beláustegui en Ser Industria Radio.
Asimismo, remarcó que “no existe una resolución de Prefectura Naval y carece de una línea de base ambiental que brinde un diagnóstico sobre el estado de la biocenosis. Estos errores hacen que la propuesta sea insuficiente y peligrosa para el medio ambiente”.
“El estudio de impacto ambiental es un requisito necesario para cualquier obra que se realice y debe hacerse durante la licitación, no después de ser adjudicada”, explicó el ecologista. Reiteró que, en este caso, no se realizó.
Es sumamente grave que, cuando estamos transitando 40 años de democracia, se ignoren este tipo de normas. Sobre todo, cuando se trata de un ente como un Consorcio Portuario, donde hay representantes de los estados provincial y municipales.
Apuro
El Consorcio de Gestión de Puerto Dock Sud, a cargo de Carla Monrabal, a principios de año realizó a través del Boletín Oficial bonaerense una propuesta para reemplazar el muelle 1 por uno nuevo, con el objetivo de recibir buques de mayor calado, que actualmente recalan en puertos de Brasil y Uruguay.
A raíz de esta convocatoria, distintas operadoras del sector portuario protestaron, argumentando que se beneficiaba a Exolgan, empresa perteneciente a los grupos Puertos de Singapur (PSA) y Mediterranean Shiping Company (MSC). El problema reside en que muchas de las obras a realizarse eran linderas a predios de Exolgan, lo que se traduce en una ventaja competitiva imposible de equiparar.
En ese sentido, De Beláustegui remarcó que “en muy poco tiempo se trató de implementar algo que necesita más tiempo para su desarrollo y para que no haya ningún tipo de confusión”.
Además, afirmó que el proyecto “carece de una línea de base ambiental que brinde un diagnóstico sobre el estado de la biocenosis. Es decir, sobre toda la fauna ictícola y toda la biodiversidad existente, así como sobre el impacto que tendrá la obra”.
Entre lo proyectado estaba la quita de pilotes colocados en 1903 “sin especificar los posibles metales pesados que pueden aparecer y su impacto en la biodiversidad del estuario del Río de la Plata. Por eso es fundamental que sea llevado a cabo de manera específica y metodológica para minimizar el daño ambiental.” De Beláustegui manifestó que “está bien que se realice una obra. Pero deben tenerse en cuenta las buenas prácticas y dar cumplimiento a todas las normas preexistentes para garantizar el bienestar de la biodiversidad y la población en general”.
