La Comisión de Enlace de las Entidades Agropecuarias (CEEA), integrada por la Sociedad Rural Argentina (SRA); CONINAGRO; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA), abordó distintos temas inherentes a la producción del sector. 

Los mismos giraron en torno a pedido de modificaciones de medidas mantenidas por el actual gobierno, planteos de defensa de las economías regionales y advertencias respecto de la fuerte presión impositiva. También consideraron los problemas que enfrentan ciertas producciones alejadas de puertos que sufren altos costos de la logística y el elevado precio de la vacuna contra la aftosa; entre otros. 

Coincidieron en que gran parte de los puntos podían ser parte del Pacto de Mayo convocado por el Gobierno a fin de reconstituir las Bases de la Argentina. 

Banco Central

En este contexto, la CEEA decidió “reiterar el pedido de audiencia al presidente del Banco Central (BCRA), ante la falta de respuestas a lo solicitado hace ya más de tres meses, por el recargo en la tasa a los productores de trigo y soja con más del 5 % de existencias dada las necesidades crediticias ante la próxima campaña 24/25”. 

En relación al anuncio del gobierno sobre el otorgamiento de facilidades para la importación de alimentos, la entidad sostuvo que “ como advertimos oportunamente, si no hay igualdad de condiciones para la producción local, genera un riesgo muy importante para las mismas”.

Se hizo referencia a “la alta carga impositiva como a los costos que genera la inflación, especialmente en las economías regionales por su estructura de costos”. 

Impuestos

“Seguimos advirtiendo el severo perjuicio que generan los aumentos desmedidos de impuestos y la creación de tasas en varios distritos del país, que suman a la alta carga fiscal, los riesgos de caer en una doble imposición, tan solo con el fin de recaudar más y no racionalizar el gasto o brindar mejores servicios”, agregaron los ruralistas. 

Al respecto reiteraron “el llamamiento a los legisladores tanto nacionales, como provinciales y municipales, que son quienes aprueban estas medidas con su voto”. 

En ese marco, resaltaron “la alta carga impositiva, que se lleva el 65 % de la renta en general y aún más en ciertas producciones”. Añadieron que esto significa un importante incremento en los costos de producción “no sólo por el los aumentos en los combustibles (que tienen un 47 % de impuestos), de la logística y ahora por el Impuesto país, aplicado a los insumos dolarizados”.

La CEEA advirtió que “gran parte de las producciones y en especial de las economías regionales, pasan por una situación crítica. Ante esta situación, es importante tomar medidas urgentes de tipo fiscal y por ejemplo, como señal y estímulo para la próxima cosecha, la de anunciar ya una baja en los Derechos de Exportación, que promovería y daría la previsibilidad que incentive la producción y en consecuencia la economía del país”. 

Previsibilidad

Los productores agropecuarios coincidieron en solicitar “leyes que generen previsibilidad para promover el desarrollo económico”. En ese concepto enumeraron la reforma laboral, la ley de Semillas y la de Fomento a las Inversiones Agroindustriales. 

También expresaron su inquietud por el alto costo de la vacuna de la Fiebre Aftosa y particularmente en referencia a países limítrofes, por lo que se planteará este tema a los organismos de control para conocer los detalles de los mismos. 

Seguidamente indicaron que “hemos recibido la preocupación de aquellas zonas alejadas a los puertos, donde los altos costos de la logística hacen prohibitiva la producción. Se hicieron planteos en cuanto a dar valor agregado a la producción primaria en sus puntos de origen, para lo cual se estudiarán temas vinculados a la inversión en biocombustibles y otros procesos que promuevan de agregado de valor. También a la necesidad de realizar o mejorar las obras de infraestructura tanto ferroviaria, como vial y portuaria”. 

En este sentido, destacaron el potencial de las Economías Regionales y las inversiones en agregado de valor, para el arraigo rural y la generación de trabajo y empleos genuinos, para lograr un desarrollo económico sustentable y federal, de los pueblos del interior.