Producto de una trabajosa negociación, el nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, logró en el Senado un dictamen favorable para los proyectos de Ley Bases y el Paquete Fiscal. De esta manera, se aproxima un debate decisivo en el recinto, que pone en juego el futuro de los argentinos.

Pese al festejo oficialista, el camino no está despejado y para conocer detalles de la controvertida propuesta de Javier Milei, Ser Industria Radio dialogó con la Senadora Nacional, Nora Giménez,  que integra el bloque Unidad Ciudadana.

La legisladora salteña calificó de “mamarracho” al proyecto, advirtiendo sus contradicciones,  y el riesgo de otorgar al Presidente “la suma del poder público”.  En relación al Régimen de Incentivos para la Grandes Inversiones (RIGI), sostuvo que solo es beneficioso para los dueños de las empresas. Asimismo, dijo que desde el punto de vista legislativo y legal, es incompatible con regímenes provinciales.

La senadora también hizo un repaso sobre el impacto que tendría la Ley sobre las PyMEs, las economías regionales, la estructura del Estado, los planes sociales y la soberanía nacional.

¿Cuál es su análisis de la Ley Bases y el paquete fiscal? 

He sido legisladora en el Concejo Deliberante de Salta, diputada provincial y en estos años en el Senado de la Nación, no he visto algo parecido a esto. Sorprende por las incongruencias, las contradicciones, porque en un artículo dice una cosa y al tercero o cuarto lo contradice. Tampoco respeta los principios constitucionales. El proyecto, que tiene media sanción, contiene alrededor de 240 artículos de temas diversos y reforma alrededor de 200 o 250 leyes. Es una reforma constitucional encubierta, un mamarracho.

¿Hacia dónde apunta?

Por un lado busca cambios profundos con títulos rimbombantes. La modernización laboral, la reforma del Estado, un régimen de inversión, etcétera, pero en el largo plazo, va a afectar enormemente la estructura, la soberanía, la independencia y el funcionamiento de la Nación Argentina. En el corto plazo no da respuesta a ninguno de los problemas esenciales que están viviendo los argentinos y se expresan en el aumento de los servicios, la baja de los salarios, en esta imposibilidad de la jubilación, en retirar la moratoria, en el problema de abastecimiento y el manejo de las reservas energéticas. Nos encontramos frente a una iniciativa que es mala y va a producir enormes afectaciones. Lo he visto bien. En el artículo 1° declara la emergencia general y en el artículo 2° establece la transferencia de facultades del Congreso al Presidente. Si se aprueba la Ley Bases tendremos un Milei con la suma del poder público. 

Hay 33 senadores que la rechazan. ¿Cree que el resto la va a aprobar? 

Aparte de la oposición de los 33, hubo muchísimo debate con los representantes de los distintos sectores de la industria nacional, las PyMEs, los jubilados, los organismos de derechos humanos, el sector energético, los trabajadores. También sectores profesionales, las universidades, las provincias…. También otras bancadas se pronunciaron en forma crítica y firmaron un dictamen en disconformidad con una serie de puntos. Está muy difícil el capítulo de las privatizaciones, porque los senadores tenemos todos los días reclamos de la gente. En pueblos chiquitos, donde el único medio de comunicación es el Correo, ahora plantean privatizarlo. La Patagonia, por ejemplo, se va a quedar incomunicada si se privatiza Aerolíneas Argentinas, esa historia ya la conocimos. Las empresas privadas que vengan a adueñarse, a apoderarse, en forma gratuita, porque va a ser un regalo de los servicios que hoy garantiza el Estado Argentino. quieren maximizar ganancias, no mejorar los servicios a los argentinos. 

Se afirma que con el RIGI el norte podría explotar los recursos minerales. ¿Desde su punto de vista sería beneficioso? 

Sería beneficioso para los dueños de las empresas, pero desde el punto de vista legislativo y legal, no es compatible con el régimen de Promoción Minero, por ejemplo, de Salta. El RIGI autoriza a las empresas a venir con personal y maquinaria usada del lugar donde funcionan actualmente. El régimen de promoción minera que tiene nuestra Provincia obliga a las empresas a garantizar el 70% de mano de obra local, comprar a la industria nacional y que aseguren integrarse, colaborar y aceptar las reglas de juego de los proyectos de desarrollo local. El RIGI es para grandes empresas que vienen a adueñarse de los recursos estratégicos del  país. Por eso los montos, las cifras y las condiciones tienen que ver con la actividad minera y las reservas de energía. Estas riquezas más el agua dulce, son las que va a debatir el mundo en las próximas décadas. A través del RIGI,  nosotros estaríamos facilitando la extranjerización y entregando estos recursos estratégicos que pertenecen a todos los argentinos. 

¿Es posible modificarlo y que las PyMEs se integren a la cadena de valor? 

Las diferencias son muy profundas. Habría que hacerle grandes correcciones al proyecto y para que no se modifique cuando llegue a la Cámara de Diputados, hay que garantizar el respaldo de dos tercios en el Senado. En algunas cosas, el oficialismo está dispuesto a hacer mejoras y cambios, pero en el caso de este capítulo, no aceptan modificaciones. Lo que están aceptando es una leyenda que diga que “para las PyMEs se establecerá un régimen de promoción”. Esas declaraciones generales, ya sabemos que a la hora de la reglamentación de las leyes no tienen ningún valor. Son para conformar a aquellos que levantan su voz y quieren ser parte del régimen de promoción. 

Sin el RIGI, ¿hay normas suficientes para aumentar la explotación minera o es necesario otro régimen? 

Depende de qué se quiera hacer con la minería. Para agregar valor tendríamos que establecer otras reglas de juego. Si creemos que la extracción lisa y llana a través de distintos emprendimientos, donde inclusive si llegara a haber dificultades con el agua o con otros recursos complementarios para el desarrollo de la minería, está antes de garantizar las necesidades de las poblaciones residentes en el lugar, estamos frente a un problema. Entiendo que la minería es una actividad de escala y que no se puede desarrollar sin grandes inversiones. Esto está fuera de discusión. Pero tenemos que lograr un punto de integración y compatibilización entre las PyMEs, el desarrollo de la industria nacional y las cadenas de valor. Pero acá, se propone seguir con una línea extractivista sin agregar valor, a costa de la industria nacional y de la desinversión. Además no hay ningún régimen de promoción serio para las PyMEs, que siguen siendo la estructura fundamental y las grandes generadoras de mano de obra en el país.

De aprobarse la Ley, ¿hay alguna política de estímulo para las economías regionales? 

Definitivamente no, al contrario. Hay un retroceso más que evidente en el trabajo agrario. Los artículos referidos a la modernización laboral, pasan por una negación de derechos. Otro retroceso es la creación de la figura del trabajador independiente, que es una suerte de autónomo absolutamente desvinculado de la relación de dependencia. Y un fondo de cesación de pago para aquellos trabajadores que dejen de ser parte de esa empresa y pasen por causales particulares a otra empresa. Desaparece el beneficio de la obra social, no hay más licencias, ni indemnizaciones. Evidentemente, para las empresas baja el costo laboral. Cuando vino la gente de ADIMRA, nos dijeron claramente que el costo laboral prácticamente no tiene incidencia en el costo global empresario, que si lograban mejorar el régimen impositivo para PyMEs y una baja en los costos de los insumos importados, prácticamente podrían duplicar el sueldo de los trabajadores. Esto nos  indica que el costo laboral no es el problema central.

Algunas asociaciones de productores afirman que no consiguen cosecheros porque hay demasiados planeros. ¿Es válido este argumento o será que pagan poco? 

Hay un porcentaje para ambos lados. Los planes surgieron como una política social de emergencia y nunca hubo una exigencia del Estado para transformar esta experiencia de los grupos cooperativos, que eran planeros, en pequeñas PyMEs o grupos de productores. Sin dudas, hay una deuda pendiente del Estado Nacional. También pagan poco, las escalas son bajas y lo dice la gente de UATRE, los trabajadores rurales. Me parece que hace falta  mejorar la escala pero también que modifiquemos la cultura del planero. Trabajamos mucho una propuesta de ley junto a CAME y otras organizaciones empresarias para hacer compatible la registración con los planes sociales. Esto se logró por un DNU en la gestión de Alberto Fernández y en los lugares donde se firmaron convenios con las provincias, las cámaras y los gremios en un esfuerzo compartido, los resultados fueron buenos. En Salta y Jujuy funcionaron los convenios de corresponsabilidad y esto de alguna manera aseguraba el pago a términos, el respeto de las escalas… Fueron experiencias reducidas pero positivas.