Tras la reciente publicación del Decreto 832/24, que reglamenta la Ley 24.653 de Transporte Automotor de Cargas en la Argentina, las entidades vinculadas al sector dieron a conocer sus posicionamientos.
Por un lado, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) expresó su firme rechazo a la norma. “Esta medida, lejos de reducir los costos operativos como asegura el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pone en grave riesgo la seguridad vial y fomenta prácticas que podrían incrementar la siniestralidad en las rutas del país“, indica la entidad.
Diferente es la postura de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL), que a través de una carta dirigida a Sturzenegger apoyó el Decreto y solicitó “mayor digitalización en el transporte”. En el mismo sentido, la Sociedad Rural Argentina (SRA) sostuvo que este cambio “es altamente positivo y se alinea con lo que solicitamos en la agenda presentada a los candidatos el año pasado”.
“Aumenta los riesgos”
“Es una irresponsabilidad pensar que eliminar la obligatoriedad de la capacitación y el examen psicofísico hará más competitivo al sector. Lo único que logra es generar más inseguridad en rutas que ya están destruidas. Este Decreto no baja costos, sólo aumenta los riesgos. La seguridad vial debe ser la prioridad, no una moneda de cambio en un juego de falsa austeridad”, puntualizó Roberto Rivero, Director Ejecutivo de FADEEAC.
Contra las afirmaciones oficiales, consideró que la norma “no representa una disminución significativa en los costos. En lugar de esto, abre la puerta para que transportistas irresponsables eludan los requisitos esenciales, como la capacitación de los choferes y la realización de los exámenes psicofísicos, elementos clave para asegurar que los conductores estén debidamente capacitados.
Agregó que “lo más grave es que esta medida es una trompada a la seguridad vial” .Refirió que la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), denominada de manera imprecisa e inexacta como el registro de Moyano, “tiene dos componentes esenciales: el examen psicofísico y la capacitación teórico, práctica de los conductores. La evaluación psicofísica se realiza en cualquier institución de salud habilitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y la capacitación teórico-práctica está a cargo de Formadores de las cámaras empresarias del transporte que integran diferentes Federaciones”.
“En el caso de FADEEAC, por medio de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), los cursos se dictan en 89 Unidades Evaluadoras distribuidas en todo el país, y en la sede de Escobar. El sistema cuenta con más de 200 aulas-taller y más de 230 Formadores que desde 1992 han dictado más de cuatro millones de capacitaciones de diferentes tipos, con simuladores de camión de última tecnología y desarrollo propio cuyo conocimiento se exporta a países de Latinoamérica”, continuó.
Finalmente, señaló que “en lugar de preocuparse por eliminar la capacitación, cuyo costo representa sólo el 0,3% del salario anual de un chofer, el Ministro debería enfocarse en eliminar la duplicidad de certificaciones cuando un transportista decide colocar/cambiar un tanque de combustible u otros cambios, certificaciones dispuesta por Disposición 1/2022 de la subsecretaria de Transporte Automotor que arrancan en $250.000 o $300.000 dependiendo de la jurisdicción, el costo de las multas por acarreo, que hoy ascienden a $600.000 y los exorbitantes aumentos en los peajes de los corredores viales que en lo que va del año tuvieron un incremento de 300% con rutas en pésimo estado”.
Apoyos
Distinta es la mirada de FAETyL que destacó que desde su creación “ha promovido la desburocratización en el sector del transporte y la logística y celebra el decreto que incluye la gratuidad de la inscripción en el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA) y la posibilidad de realizarla de manera digital“.
También calificó de “inconcebible” que no se pueda implementar el remito digital “Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para llevar adelante esta iniciativa”, afirmaron. Además, plantea la necesidad de que ciertos controles médicos a conductores del transporte interjurisdiccional sean supervisados por la Autoridad de Aplicación correspondiente, a fin de preservar la seguridad vial.
Coincidentemente, desde el campo evaluaron que el Decreto, beneficiará a productores agropecuarios que necesitan hacer un traslado de mercadería con un vehículo propio, ya sea con una camioneta o un pequeño camión. La medida, que fue solicitada desde el sector, fue valorada como un paso más en la simplificación de trámites y la reducción de costos.
