El ministerio de Transporte de la Nación y la Administración General de Puertos (AGP), resolvieron modificar el peaje que pagan los buques por ingresar al Puerto La Plata, llevándolo prácticamente al doble. Sin mediar consultas o avisos, la decisión es de claro corte político en el marco de las profundas diferencias que mantienen las gestiones de Javier Milei y el Gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Ser Industria Radio entrevistó al ingeniero José María Lojo, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, quien consideró que la sorpresiva medida es de “dudosa legitimidad y legalidad”. Afirmó que tendrá impacto sobre los combustibles, ya que deberán pagarlo los barcos que desde La Plata abastecen al resto del país.

En otro orden y tras sostener que no espera “mucha coherencia” del gobierno nacional, hizo referencia al aumento del 43% en dólares aplicado a las tarifas de la Vía Navegable Troncal. Asimismo, destacó que se está castigando a la Provincia para favorecer a las operadoras de Buenos Aires “que administra la AGP”.

¿Fue una sorpresa el aumento del peaje? 

Sí. Claramente es una Resolución que considero de dudosa legitimidad y legalidad porque, básicamente, aumenta el precio del peaje a todas las embarcaciones que entran y salen del Puerto La Plata. Al puerto no le genera un perjuicio económico, pero sí a los usuarios y cargadores que operan en él. Van a tener un incremento en el valor de sus fletes. Sin obtener una nueva compensación, beneficio o mejora del servicio les pasan a cobrar 40% más. Del Puerto La Plata sale prácticamente el 60% del combustible producido en la Argentina. Llevarlo a todo el país, ahora va a salir 40% más caro y seguramente tendrá un efecto sobre la economía en general del país. 

Es paradójico que un  gobierno que habla de quitar impuestos tome una medida así…

Personalmente no espero mucha coherencia de este gobierno. Creo que, si hay que buscar una coherencia de este gobierno nacional, es que resuelve las cosas a favor de sus amigos. En este caso, la Resolución que toman la secretaría de Transporte y la AGP beneficia a las operadoras portuarias  que están en el Puerto Buenos Aires y administra la AGP.  Si uno lo mira desde ese punto de vista, puede pensar que le salió “redondito”. La AGP aumenta la tarifa que cobra a los barcos que vienen a La Plata y la pone equivalente a la de Buenos Aires. La AGP termina siendo el beneficiario de la medida, con la plata de todos y todas las argentinas. Ahora, YPF va a pagar más para llevar combustible a todo el país en beneficio del Puerto Buenos Aires. 

¿Existe algún motivo que justifique esta decisión? 

No hay nada. Estamos hablando de un servicio público, con lo cual,  si querían aumentar la tarifa, deberían haber presentado un informe detallado y someterlo a consulta pública. Desde mi mirada, no soy abogado, no se debería permitirse aumentar de la noche a la mañana, sin un proceso que lo justifique. Tendremos que investigarlo y verlo para que se retrotraiga.  Además, se alínea con un proceso anterior. Hace un par de meses se planteó la necesidad de aumentar la tarifa en la Vía Navegable Troncal. Hubo un pedido de aumento del 63% en dólares. Se hizo una audiencia pública donde el 100% de las personas que participaron expresaron su desacuerdo. Igualmente, se aplicó un aumento de 43% en dólares. Además se hicieron modificaciones que significan sacarse de encima obligaciones del dragado de Timbúes a Santa Fe. Esto hace mucho más apetecible para cualquier privado hacerse cargo de la licitación de la Vía Navegable que harán a fin de año. Están armando el negocio, con tarifas altísimas, situaciones de inequidad, como la del Puerto La Plata y un requerimiento de trabajo menor. Vamos a una licitación predispuesta para que sea un gran negocio para quien la tome y pagaremos todos los argentinos. 

Casi al mismo tiempo la Cámara de Importadores informó que las tarifas de Dock Sud y Buenos Aires son 50 o 500% más altas que las de otros puertos del Continente…

Sí, es una problemática más grande que hay que encarar. Eso pasa porque existe una posición dominante. La economía argentina tiene un gran problema con la concentración de poder en determinados eslabones de las cadenas de valor, que hace que  tengan capacidad para usarlo a su favor y especular llevándose la renta del resto de las cadenas. Ocurre con varios productos, pero fundamentalmente con las cadenas contenerizadas que, por determinadas circunstancias comerciales, se concentraron en Puerto Buenos Aires y Dock Sud. Esto deriva de una concentración que hay en el mundo, donde las cadenas contenerizadas se concentran en un par de empresas, que hacen acuerdos globales con compañías que tienen terminales portuarias, empresas que tienen dragados y terminan manejando el sistema. ¿Quién paga esa mayor rentabilidad, esa discrecionalidad monopólica que tiene una posición dominante para establecer la pauta? El usuario, el consumidor o el productor. Las mayores tarifas, las ineficiencias de operar con equipos de tecnología atrasada o sistemas organizativos que hacen que pierdan tiempo las embarcaciones o los camiones al ser cargados o descargados, son costos. Cuando una naviera, una agencia marítima o cualquier actor lo recibe un costo, lo transfiere a quien está solicitando el servicio, que somos nosotros. 

Es increíble que no se ponga plenamente la lupa sobre esto… 

Está faltando la mirada de servicio público. La logística, los puertos, las vías navegables, el transporte, no le agregan un valor intrínseco a la mercadería. Por ejemplo, un pollo tiene el mismo valor nutritivo acá o en China. La única diferencia es que hay que llevarlo de un lugar a otro. La obligación que deberíamos tener, todos los que trabajamos en la tarea de transferir el pollo de un lugar a otro, es hacerlo con la mayor eficiencia posible. Si lo hacemos con extra costos, estamos perjudicando la competitividad de la cadena de valor. Entonces, si lo miramos como servicio, tendríamos que hacer el sistema lo más eficiente posible, desde el punto de vista estructural y los mecanismos de regulación para evitar los abusos de las posiciones dominantes. Creo que la mirada en el sentido público, del beneficio de toda la comunidad, tiene que estar por encima de todo y no la mirada de beneficiar negocios de los amigos. 

La semana pasada se hizo la Regata Canal Magdalena. ¿Cómo marcha la posibilidad de avanzar con la obra? 

Esto que acaba de pasar no es un buen síntoma. Sabemos que no está en  agenda del Estado Nacional hacer la obra, como tampoco terminar la bajada de la autopista, el Camino Rivadavia, completar la autopista Perón, ni nada de lo necesario e imprescindible para el desarrollo de nuestra región. Nosotros planteamos que si estos temas no están en la agenda nacional, dejen que los tome la Provincia. Es nuestra expectativa, porque una cosa es que el Gobierno Nacional tenga sus restricciones y otra es que impida que progresemos. Si la Provincia hace la obra, beneficia a todo el país. Hoy estamos hablando de la tasa que se está cobrando para entrar desde el mar hasta Rada La Plata o seguir por la hidrovía. Si se sigue haciendo por el Canal Punta Indio, es más costoso y más ineficiente. Además, si agregamos la traza del Canal Magdalena, será mucho más económica y podremos pensar cómo redistribuir los peajes en todo el sistema en función del beneficio del conjunto. Si se hace el Canal Magdalena, los 4.500 o 5.000 barcos que entran anualmente al sistema, ahorrarían casi 90 millones de dólares por año. Repartamos. Que una parte se los lleve como ganancia la naviera y otra sirva para bajar el peaje. Así mejoramos el sistema para todos.  Ellos ganan más y a nosotros nos sale más barato.