El día jueves 23 de enero el Gobierno hizo dos anuncios que supuestamente eran muy importantes: la eliminación de las retenciones a las economías regionales que ellos mismos habían vuelto a colocar desde el 12 de diciembre del 2023, ya que hasta ese momento Sergio Massa había establecido que no las tributaran desde agosto 2022 en que asumió; y la baja transitoria hasta el 30 de junio del 2025 del 20% de las retenciones a todos los granos que exporta nuestro país.
La realidad es muy distinta al relato que quisieron expresar. El primer punto ya renuente en el accionar del gobierno es que desde el 12 de diciembre del 2023 o en algunos casos desde marzo del 2024, habían vuelto a colocar las retenciones a las economías regionales como subir del 31% al 33% las retenciones a la soja y asimismo con el resto.
De manera conjunta con ello recaudó durante 2024 aproximadamente US$1.800 millones y concordantemente con el Impuesto PAIS (que ya no se encuentra vigente por su vencimiento en la Ley origen) terminaron generando el superávit posterior a no pagar aumentos en los bonos de $70.000 de los jubilados desde marzo pasado y hasta diciembre 2025, como incluso ante una inflación de enero 2024 de 20%-21% su aumento fue del 12%, no permitiendo la recomposición de ese 8% de diferencia ni la recomposición de los fondos de los presupuestos universitarios con los dos vetos presidenciales. Por lo tanto, al terminarse el Impuesto PAIS el 20 de diciembre del 2024 y volviendo a colocar las retenciones a las economías regionales en 0% es muy factible que el superávit pueda transformarse en déficit.
La baja de 20% de retenciones a los granos se otorga luego que el campo confirmara que hoy sufre una nueva sequía como la del 2023 y luego de no haber podido con los agroquímicos necesarios los rindes de sus campos se encuentran afectados en un -20% de lo habitual. O sea, que ello solo nivela la situación que además se encuentra agravada por la velocidad que tomó la inflación en dólares desde la devaluación inicial a la fecha que se corrió en su totalidad a precios.
Como corolario de ello, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó que la baja del -20% se hace efectiva sólo si liquidan antes de los 15 días posteriores a la declaración de exportaciones. Si lo hacen desde el día 16 en adelante, rigen los mismos porcentajes que hasta hoy: debemos entender que las exportaciones se liquidan como mínimo en 120 días y una prefinanciación de exportaciones son hasta 30 días debiendo pagar recargos por adelantarlas a ese plazo significa dos cosas: pagar un recargo mayor, y/o colocar ahorros propios de los productores. Esto se llama desahorro tal cual como sometieron a toda la clase media y/o también extorsión a uno de los sectores más productivos del país.
Seguimos sometiendo a toda la población a un sacrificio inútil que no tiene razón de ser, puesto que el pedido de adelantar las exportaciones es al mero efecto de seguir interviniendo en todos los mercados de cambios (futuro, MEP, CCL, blue, etc.) dado que el REPO de US$1.000 millones que recibió hace 15 días de cinco bancos internacionales ya pasó a mejor vida a principios de esta semana y no existe en vista que llegue el REPO por las 11 toneladas de oro que recompró Alberto Fernández en 2021, consecuencia que la dupla Caputo-Sturzenegger habían perdido en marzo de 2019 por no poder pagar un REPO de US$500 Millones y se encuentran usando selectivamente los bonos 2030 del FGS del ANSeS.
Un ejemplo: el viernes 24 de enero, viendo que bajaban los dólares financieros por una falsa expectativa de US$20.000 millones desde el FMI, cuando lo real son hasta máximo US$11.000 millones si devalúan el 100%. Caso contrario son US$7.000 millones a fin de marzo o principio de abril. Usaron cerca de 200 millones de esos bonos y cuando dejaron de intervenir, dieron vuelta la tendencia de la baja a la suba al final del viernes interviniendo por demás y por lo cual no sería una base liberal/libertaria sino plenamente intervencionista y/o regulador extremo.
Como contrapartida de todo esto desde la oposición se está gestando una Ley de Retenciones que reemplazaría al régimen actual establecido por decretos y resoluciones, dándole previsibilidad y estabilidad, puesto que para cambiarlo se tendría que recurrir al Congreso Nacional que es el único que, de acuerdo a la Constitución Nacional, que puede crear, modificar y eliminar impuestos. Y en la cual existirían productores, en su versión personas humanas y físicas, que quedarían con nivel de retenciones 0%.
