Para ilustrar el contexto de la transición energética, Marcelo Álvarez, representante de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), recurrió a una antigua fábula: la historia de Tarquinio, el rey de Roma que, por su soberbia, rechazó varias oportunidades de adquirir los papiros de la sabiduría universal a un precio razonable. Solo cuando la vendedora quemó la mayoría de ellos, comprendió su error y terminó pagando el triple por un tercio del conocimiento original.

“La comunidad internacional, con gobiernos negacionistas, está haciendo lo mismo. Retrasar la transición energética solo hará que el costo sea mayor y los beneficios más limitados“, advirtió Álvarez.

En Argentina, las energías renovables han crecido de manera significativa en la última década. Actualmente, representan el 16% de la matriz eléctrica, un salto notable desde el 2% que tenían en 2015. Este avance fue posible gracias a la Ley 27.191, que estableció incentivos y permitió que la compra conjunta de energía renovable a través de licitaciones de CAMMESA impulsara la expansión de los parques solares y eólicos.

Sin embargo, el desarrollo enfrenta un obstáculo clave como es la falta de infraestructura para el transporte de energía. “Los mejores recursos solares y eólicos están en la Patagonia, el NOA y Cuyo, pero las redes del sistema eléctrico mayorista están saturadas“, explicó Álvarez en Ser Industria Radio. “Sin nuevas inversiones, el crecimiento se verá limitado”, agregó.

Una ley para la transición energética

Para el 2025, Argentina se había establecido el objetivo de que el 20% de la energía provenga de fuentes renovables, pero a pesar de que no se logró no era inalcanzable. Según Álvarez, la falta de inversión frenó el progreso. Mientras países vecinos como Uruguay, Brasil y Chile han superado esa meta, Argentina sigue enfrentando dificultades para financiar las obras necesarias.

Según un estudio de Naciones Unidas, el costo de mantener la actual trayectoria energética del país hasta 2050 sería de US$ 261.000 millones en inversión de capital y costos operativos. Sin embargo, un modelo basado en energías renovables permitiría ahorrar US$ 31.000 millones, además de generar diez veces más empleo y reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para avanzar en esta dirección, desde CADER han trabajado junto al sector privado y distintos actores políticos para lograr una ley de transición energética que establezca una hoja de ruta clara. “Necesitamos mostrar al mundo un plan concreto para acceder a financiamiento climático y reducir el costo del crédito”, sostuvo Álvarez. La propuesta se estructura en siete capítulos: hidrógeno, uso racional de energía, infraestructura y redes, renovables, transición del petróleo y gas, financiamiento y movilidad sustentable.

Uno de los desafíos clave es la resistencia dentro del sector de oil and gas. “Hay tres tipos de actores”, explicó el especialista. “Los que ven oportunidades en la transición, los que necesitan más información para entenderla y los que defienden el modelo actual porque les conviene económicamente”. A pesar de esto, consideró que Argentina tiene el potencial para convertirse en un exportador de energía limpia, siempre que logre combinar el uso de gas en la transición con la producción de hidrógeno y renovables.

El riesgo de quedarse atrás

La industria de las energías renovables podría impulsar el crecimiento de las cadenas de valor locales. Sin embargo, Álvarez reconoció que “en algunas áreas, como los paneles solares, es imposible competir con China“. No obstante, destacó que en la empresa en la que trabaja, Coral Energía, el 68% de los bienes y servicios provienen de proveedores nacionales.

Asimismo, afirmó que un mayor estímulo a la industria local permitiría aumentar esta participación al 75%, lo que tendría un impacto positivo en el empleo. “Con una cadena de valor nacional, podríamos generar 148.000 puestos de trabajo hasta 2050, en lugar de los 139.000 estimados sin ella y 13.000 si optamos por el camino del gas sin renovables”, subrayó.

Además, la transición energética no solo es una cuestión ambiental, sino también económica y comercial. En los próximos años, los mercados internacionales impondrán barreras paraarancelarias basadas en la huella de carbono y la intensidad energética. “La huella de carbono mide cuántas toneladas de CO₂ se emiten para producir un bien o servicio. Mientras que la intensidad energética se refiere a cuántas unidades de energía se requieren para la misma producción”, explica Álvarez.

Estas barreras ya están vigentes en mercados como Europa y favorecen a los países que logran reducir su impacto ambiental. Argentina es responsable del 0,7% de las emisiones a nivel mundial, pero estos números cambian porque per cápita “es un 60% superior a la media de América Latina, que son nuestros aliados y a la vez competidores para nuestras exportaciones”, advierte Álvarez. Por lo tanto observó que “si no aceleramos el proceso, nuestras exportaciones estarán en riesgo“.