La ley más importante de Argentina, la Constitución Nacional, describe en su articulado los derechos fundamentales de las personas que habitan el territorio. A su vez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un tratado internacional al que adhirió el país y tiene su mismo nivel. 

Existen más normas nacionales y provinciales que comprometen la inclusión laboral de personas con discapacidades en los ámbitos público y privado. Sin embargo, como ocurre en el ejercicio de muchos derechos, la legislación no se cumple y millones de ciudadanos lo padecen.

Ante esta realidad, Ser Industria Radio entrevistó a Juan Pablo Poloni, presidente de la ONG AMPARAR, reconocido por su intensa actividad en la defensa y promoción de los derechos de las personas con capacidades diferentes.

Poloni explicó que al nacer, debido a una mala praxis médica, padeció una lesión cerebral con repercusión en sus miembros inferiores y recordó que en el parto falleció su hermano gemelo. A pesar de las adversidades, estudió y logró trabajar en empresas privadas y organismos estatales. 

A partir de sus conocimientos y experiencias, creó la ONG que conduce y destacó que hay “muchas personas con discapacidad que quieren y pueden insertarse en el mercado laboral”.

¿Cómo te convertiste en promotor de derechos de las personas con discapacidades? 

Siempre tenía esa inquietud. Gracias a Dios, tuve mucho apoyo de mis padres, mi hermano y amigos. Al principio una piensa “por qué me pasó a mi, no me merezco que me pase esto”…Con el tiempo me fui amigando con la situación y llegando a un enfoque más amplio, distinto. La idea de salir con Amparar surgió por dos cuestiones: la primera es que tuve la posibilidad de asistir a un buen lugar para hacer rehabilitación, donde conocí un gran equipo médico, al que estoy eternamente agradecido y al mismo tiempo entendí que no todas las personas tienen acceso a esa asistencia. Eso me motivó a crear la ONG, máxime cuando veía y lamentablemente sigo viendo, una absoluta ausencia del Estado en esta problemática. 

¿Hay normas que fijan cupos de empleo público para discapacitados? 

En la provincia de Buenos Aires tenemos la ley N° 10.592 y sus modificatorias. Se denomina Régimen Jurídico Básico de Protección Integral para las Personas con Discapacidad. Es una norma muy buena pero no se cumple. Nosotros tenemos estadísticas a partir de relevamientos que hemos hecho y el cumplimiento de la ley es del 0.2%, cuando debería ser del 4%. Hasta no hace mucho, el propio ministerio de Trabajo bonaerense incumplía la ley y es el organismo que debería velar por su cumplimiento. A partir de nuestra insistencia, la situación se fue modificando y en la gestión anterior una muy buena funcionaria fue resolviendo el tema. 

¿Hay legislación nacional?

Sí, aunque se cumple aún menos. El máximo organismo del país es la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y hace unas semanas salió publicada en el Boletín Oficial la Resolución 187 donde dos de sus funcionarias cambiaron el nomenclador respecto de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), que son codificados y se refirieron a las personas con discapacidades como “idiotas, imbéciles y débiles mentales”. ¿Cómo entender que el organismo que debe velar por el bienestar de las personas con discapacidad se exprese de esa manera?  

Además, lo habrán visto otros funcionarios antes de ser publicado…

Exactamente y creo que no les importó aunque lo hayan advertido. Considero que la peor discapacidad que puede tener un ser humano es la ignorancia y es la que padece esta gente. Después de este episodio echaron del área a dos funcionarias de segunda o tercera línea. ¿Qué espera el Presidente Millei para echar al director ejecutivo de ANDIS, Diego Spagnolo, que firmó la Resolución?

¿Mantenés contacto con ese funcionario?

No, no lo conozco. Tengo entendido que es abogado penalista. La realidad es que de discapacidad sabe muy poco, porque si el área que él dirige sacó semejante cosa, debería dar un paso al costado ipso facto. Obviamente, no lo hizo ni lo va a hacer, porque viven atornillados a los sillones y cobrando sueldos siderales. 

De las personas con discapacidades, ¿cuántas podrían incorporarse al universo laboral? 

El ámbito que mejor conozco es la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 15% de las personas tienen algún tipo de discapacidad. En algún momento eran el 13,9% pero ahora está subiendo. De ese porcentaje se estima que entre el 8 y el 9% esta en condiciones de trabajar, en tanto y en cuanto el Estado les genere las condiciones y les permitiera el ingreso al mercado. 

Esas personas reciben pensiones que cubren muy pocas necesidades… 

Si, son muy bajas. No quiero hacer con ésto un juicio de valor, pero la gestión  de Alberto Fernández, hizo un buen trabajo, se llegó a mayor cantidad de gente con pensiones no contributivas y se aumentó el importe. Se hizo un trabajo muy bueno desde la Dirección Nacional de Apoyos Económicos. Sin embargo, el gobierno actual tiró todo para atrás.

Pero también cobraban personas que no eran discapacitadas… 

Sí, lamentablemente eso ocurría. El Gobierno actual llevó adelante una  investigación respecto de la corrupción que pudo haber ocurrido, porque todavía no hay ninguna sentencia judicial y se conoció que la gestión anterior, por cuestiones políticas, otorgó pensiones a un montón de gente a la que no le correspondía. 

 ¿El sector privado también debe incluir personas al mercado laboral? 

Para el sector privado hay normas con un cupo menor al 4%. Establece beneficios para las empresas que incluyen a personas con discapacidad. Por ejemplo, exenciones impositivas, etc. Ahí, me parece que desde el Estado se debe trabajar mucho en capacitaciones de las personas con discapacidades, algo que no se está haciendo. Lamentablemente mucha gente no ha tenido la posibilidad de educarse y formarse. Entonces, hay que hacer capacitación primero y después conveniar con empresas.  

Pareciera que estas cuestiones están abandonadas desde la política… 

Coincido, solo que le sacaría el “pareciera”, porque el abandono es del 100%.

¿En otros países pasa lo mismo? 

Por suerte, para quienes viven en otros países, no pasa lo mismo porque tienen una concepción totalmente distinta de las necesidades de las personas con discapacidad y de las condiciones de vida que les generan a esas personas. Conciben un concepto integral, desde el ingreso al mercado laboral, el acceso a la salud, la supresión de barreras arquitectónicas urbanas… Acá no podés caminar por la calle porque están todas las veredas rotas, no hay rampas suficientes y las que tenemos están mal construidas… No podés tomar un colectivo porque tiene tres escalones gigantescos, hay muy pocos que tienen rampas y muchas veces no funcionan. 

Cuando te acercás a los funcionarios y les presentás estos problemas, ¿qué respuestas te dan? 

En realidad, no dan respuesta, hacen oídos sordos. Nos atienden, porque, gracias a Dios, el periodismo y los medios nos acompañan. Les duele cuando manifestamos esto públicamente.

Argentina adhirió a tratados internacionales que contemplan este tema como una responsabilidad del estado… 

Si, inclusive está la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad a la que, con buen criterio, nuestro país adhirió. Lo que pasa es que muchas veces se cumple en lo formal, porque es lo políticamente correcto. Pero suele pasar que en campaña se sacan una foto con una persona en silla de ruedas o que usa bastones canadienses y todo termina ahí. Después, a los 10 minutos, nadie te atiende el teléfono, Me parece que todos juntos tenemos que  cambiar la matriz del razonamiento y expresarnos con otra empatía,  solidaridad y pensar de manera distinta si es que queremos un país inclusivo. 

¿El sector privado es reticente para contratar a personas con discapacidades? 

Hay honrosas excepciones y muchos prejuicios. Hace aproximadamente un mes, tuve una reunión con una empresa y no me trataron de la mejor forma. Ojalá que con el correr del tiempo y con mucho trabajo podamos  superar estas barreras. 

Formalmente, ¿hay programas de capacitación laboral? 

Existen en los papeles, pero no en la práctica porque, como decía recién, no se hace ese trabajo, aunque está dentro de la ley. Además el empleador, sea el estado o el sector privado, debe estar preparado para recibir a una persona con discapacidad en su equipo de trabajo, darle una oportunidad con respeto en condiciones dignas.