Producto de la desregulación normativa introducida por el gobierno nacional, así como por la “innegociable” rigidez de las política fiscal y monetaria que rigen desde diciembre de 2024, la matriz productiva debe necesariamente adaptarse a la nueva realidad económica.
La inflación, gran amiga de las ineficiencias de los procesos productivos, la falta de planificación financiera y la ausencia de análisis de costos serios, es un factor en peligro de extinción. Hoy los empresarios no cuentan más con una red de contención basada en un elevado y creciente proceso inflacionario, tasas de interés negativas y “sorpresivas” devaluaciones, factores que permitían trasladar a precios la falta de gestión y planificación financiera, productiva e impositiva. Tal es así, que hemos comenzado a escuchar que son cada vez más las empresas que recurren a procesos de renegociación de deuda o en última instancia, que optan por solicitar el concurso de acreedores.
En el mundo agro, este reajuste del sistema productivo- financiero se ve intensificado por la constante eliminación de distorsiones promovidas durante años. El más reciente el “dólar soja”, entre tantos otros, así como por el importante nivel de endeudamiento del sector producto de pésimas campañas pasadas. No en vano, regularmente se comenta que jugadores importantes del sector están “complicados”, siendo Los Grobo y Surcos claros ejemplos de empresas que no lograron adaptarse a tiempo al profundo cambio de paradigma iniciado a partir de diciembre de 2024.
Como bien dice el proverbio chino, “toda crisis es una oportunidad”. Los procesos de crisis empresariales, bien entendidos y abordados constituyen importantes oportunidades de negocios para aquellos jugadores que estén bien ordenados financiera y productivamente.
Tomemos por ejemplo los concursos preventivos. El concurso preventivo es un recurso de última instancia que consiste en un proceso de renegociación de deuda y necesariamente, de reestructuración empresarial sujeto al control judicial que funciona como filtro para determinar a la fecha de presentación en concurso la totalidad del pasivo que arrastra una empresa, y detectar y en el mejor de los casos, eliminar los activos ineficientes o improductivos.
El hecho que una empresa se encuentre inmersa en un proceso concursal permite a sus acreedores, competidores y/o empresas complementarias adoptar estrategias activas de expansión. El concursado, ante el riesgo cierto de quiebra, necesita hacerse de liquidez en forma inmediata y para ello resulta aconsejable que se desprenda de activos no esenciales que no hacen al corazón de su negocio. Esta circunstancia puede y debe ser aprovechada por otros jugadores quienes tienen al alcance de la mano una oportunidad real de negocio que les permite hacerse de activos a precios competitivos y -en ciertos casos, según se negocie- libres de contingencias.
Hay numerosos casos de empresas agropecuarias que decidieron diversificarse desatendiendo el negocio principal de sus operaciones. Así, hoy nos encontramos con grupos societarios cuyo negocio principal es la siembra intensiva que necesitan desprenderse con carácter urgente de activos no esenciales para hacerse de liquidez. Un claro ejemplo es la venta de plantas de silo, campos o inclusive, activos personales de los socios que representaron en algún momento toma de ganancias y que hoy deben venderse para para ser aplicados a las sociedades.
Ante este nuevo contexto, creemos que habrá un incremento de las situaciones de crisis empresariales y los concursos de acreedores. No obstante, éstas deben ser aprovechadas y abordadas como situaciones que permiten eficientizar la conformación del patrimonio del concursado y adoptar estrategias activas de expansión.
Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie.
