La reciente decisión del gobierno argentino de eliminar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) generó una fuerte reacción en el sector industrial. La flexibilización en el ingreso de maquinaria usada al país fue recibida con preocupación por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), que advierte sobre los riesgos económicos, sanitarios y productivos que implica esta medida.

“Estamos muy preocupados con este decreto”, expresó Elio Del Re, presidente de ADIMRA. “Flexibiliza de una manera muy, pero muy fuerte el ingreso de maquinaria usada a la Argentina, lo cual lo vemos preocupante por la seguridad de las personas y por el impacto en la economía”. El dirigente industrial remarcó que el decreto incluye desde maquinaria agrícola hasta equipamiento médico, sin controles técnicos ni verificaciones mínimas. “Pone realmente en duda que eso pueda cumplir con el objetivo que se trae, que es mejorar la vida de las personas”, dijo.

La crítica no se detiene allí. Desde la entidad industrial cuestionan el perjuicio que implica para la producción nacional tener que competir con equipos usados de dudosa procedencia, que ingresan sin una base imponible clara. “¿De qué manera puede la Aduana determinar cuál es el valor de esos productos cuando ingresan? ¿Cuál es la base imponible de un producto usado? El importador va a tributar lo que a él le parezca que tiene que tributar. Y nosotros tenemos que competir contra eso”, alertó el dirigente.

Competencia desigual

En este marco, Del Re trazó una comparación con Brasil, que exhibe una política industrial activa para fomentar su producción nacional: “Brasil produce maquinaria agrícola. Esa maquinaria la financia con el FIMAE, que es un ente público-privado para la financiación de bienes de capital a largo plazo, siempre y cuando sea industria brasilera. En condiciones muy flexibles”.

En contraste, lamentó que en Argentina “lo que estamos haciendo con el CIBU es financiar el cambio tecnológico de otros países”, al permitir que ingresen sus máquinas usadas mientras ellos acceden a equipos nuevos con financiamiento local. “No hay política industrial que pueda ser sostenida con un régimen de esta manera”, indicó.

Consultado sobre si la medida busca presionar a la industria para bajar sus costos, Del Re fue tajante al afirmar que “para bajar el costo de la industria hay que trabajar en los costos. Esto no es trabajar en los costos. Si hay que trabajar los costos, pongámonos a trabajar el sistema impositivo, pensemos qué distorsiones hay, precios de materiales… Estas son medidas que tienden a romper los sectores. No lo hacen ser más competitivos”.

El presidente de ADIMRA también se refirió al impacto sobre el empleo industrial. “Claramente, cuando los sectores industriales empiezan a no poder competir contra los productos importados, empieza a suceder eso. Según los cálculos del secretario de la UOM, se han perdido dos mil puestos de trabajo en lo que va del período”, dijo. “Esa gente, más allá de ser trabajadores de la industria metalúrgica, también son consumidores de todos los productos, incluso de los productos importados”.

Entre los sectores más afectados por la liberalización del ingreso de maquinaria usada, Del Re identificó a la maquinaria agrícola, la industria naval, la de petróleo y gas, y la minería. “La maquinaria agrícola era de los pocos segmentos que estaban traccionando con algún número positivo. Lo único que estaba más o menos traccionando en positivo, recibe una medida de esta índole que puede golpearlo”.

Un sistema que no era restrictivo

El dirigente también remarcó que Argentina no tenía prohibida la importación de maquinaria usada, sino que existían tres listados que regulaban su ingreso: uno para libre importación, otro con consulta previa a la industria nacional, y un tercero con productos cuya importación estaba prohibida. “Esto lo que hizo fue una eliminación de más del 70% de los productos que se puede importar libremente de maquinaria usada. Ese es el problema”.

Además, cuestionó el argumento de que esta medida se implementan para reducir la inflación mediante una mayor oferta de productos importados. “Por ahí el objetivo del gobierno es bajar la inflación. Entonces están entendiendo que un método más fácil para bajar la inflación es avanzar con este tipo de importaciones. Lo que pasa es que podemos llegar a un lugar donde lo barato puede resultar ser caro, porque si no hay mercado, es muy complicado”.

Para ADIMRA, esta política no es coherente con una visión industrial de largo plazo. “Es muy difícil ver que esté sostenido sobre ese lado. Pero nosotros tenemos la obligación de gestionar hasta el último minuto. Nuestro deber es gestionar. Porque si dejamos de gestionar, tenemos que dejar de ser dirigentes”, sostuvo Del Re.

Frente a este panorama, ADIMRA continuará reclamando la revisión de la medida. “Nuestra obligación es siempre gestionar con lo que nos toca hacer, así que seguiremos gestionando, seguiremos mostrando y seguiremos diciendo cuáles son las cosas que nos parece que tienen que cambiar”.