El presidente del IAE, Jorge Lapeña, y el presidente de ASAP, Rafael Flores, realizaron la presentación formal del trabajo denominado “Los subsidios energéticos en Argentina” en el que se destaca que en los últimos diez años las transferencias de este tipo en el sector eléctrico y de gas natural se multiplicaron 110 veces hasta alcanzar los 128.000 millones de pesos en 2014, equivalente al 2,9 por ciento del PIB.

Para dar una magnitud del alcance de los subsidios de la energía, Flores estimó que 2015 cerraría con un monto cercano a los 142.000 millones de pesos, lo que significaría seis veces más que lo que demanda la Asignación Universal por Hijo (AUH) o 3,5 veces más que el gasto destinado al Sistema Universitario Nacional.

El informe -anticipado en diciembre pasado- coincide con lo que declaró el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien a pocos días de asumir el cargo, ratificó que el Gobierno nacional pondrá en marcha “un proceso de modificación gradual de los subsidios a las tarifas de los servicios eléctricos y de gas natural”, al tiempo que precisó que los”sectores más vulnerables” de la sociedad seguirán contando con este tipo de beneficio.

Poco días después y tras decidir a declaración de la emergencia energética, en el marco de cortes masivos del servicio eléctrico a decenas de miles de usuarios, se estima que el nuevo cuadro tarifario para las facturas de luz y gas arrancará en febrero, con las perspectivas de que una readecuación de los valores del servicio motivará una caída del consumo.

De acuerdo al informe, entre 2006 y 2014 las transferencias corrientes (subsidios) al sector energético crecieron a una tasa promedio del orden del 65 por ciento interanual, más de treinta puntos porcentuales superior a la tasa de crecimiento de los gastos primarios nacionales (34%), comportamiento que explica el incremento de esas asignaciones en la composición del gasto primario, pasando del 2,3 al 12,3 por ciento del total.

“La situación es insostenible porque el costo fiscal es altísimo”, explicó Flores en dialogo con Télam junto al ex secretario de Energía Lapeña al señalar que “estos subsidios no mejoran la distribución de ingreso sino que la empeoran, generan una discriminación entre los usuarios del área metropolitana y el interior del país y favorece un mayor consumo por lo barato de la energía que genera problemas a la capacidad de la oferta”.

Como consecuencia, ambos especialistas alertaron que “el Gobierno tiene que tener especial cuidado en no llevar adelante una política de ajuste abrupto de los subsidios porque esto va a tener costos sociales, por lo que es imprescindible un aumento gradual de los cuadros tarifarios y la implementación de una tarifa social porque va a impactar sobre la inflación y en la macroeconomía con una baja en el consumo que puede profundizar un proceso recesivo”, dijo el titular de ASAP.

“Es tan importante reducir los subsidios como hacerlo gradualmente”, insistió Flores al destacar la comparación que realiza el informe respecto a que en comparación con los países limítrofes en la Argentina se pagan 17 hasta 26 veces menos por las tarifas energéticas como en Chile o en Brasil, “aunque necesariamente no hay que llegar a esos niveles”.

Por su parte, Lapeña aseveró que “los subsidios no mejoraron la calidad del servicio, sino que por el contrario”, al entender que las empresas de la cadena de generación y distribución energética “están fuera de punto por un sistema desquiciado que no les permite cumplir con los compromisos contractuales” de prestación del servicio y de inversión en infraestructura.

Por este esquema de subsidios “la inversión en ampliación de las redes de distribución y nuevas centrales no se llevó a cabo con normalidad” y se hizo necesario “el estado como un nuevo actor no preparado, mediante la transferencia de capital, para hacer las obras dominadas por la ineficacia y la corrupción”, explicó el ex secretario de Energía.

“Con la demostración de que la calidad de los servicios se deterioró, este sistema de subsidios y transferencias es insostenible”, afirmó Lapeña tras destacar también que el esquema es “profundamente inequitativo” regional y provincial, lo cual se debe a la ausencia de revisión tarifaria en los márgenes de distribución del servicio de electricidad en el área metropolitana que concentran el 40 por ciento de la demanda.

En todo el país está subsidiada la generación de energía, lo que explica que las tarifas en toda la Argentina sean menores que en otros países, pero además la distribución a través del Edesur y Edenor también recibe subsidios nacionales y no tuvieron los incrementos de tarifas que si realizaron el resto de los operadores, lo que explica que un usuario de Córdoba puede llegar a pagar hasta 10 veces mas que un usuario de la Capital Federal o el Gran Buenos Aires.

El informe destaca que la mayor parte de los subsidios van a la generación, específicamente a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), 55 por ciento del total, y Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), con el 31 por ciento, seguidos muy por detrás por el Plan Gas, 5 por ciento, y Yacyretá 2,2 por ciento.