Producto del recorte en la industria satelital argentina que frenó la construcción del satélite ARSAT 3 que debía estar puesto en órbita el próximo 12 de septiembre, el gobierno de Mauricio Macri tuvo que pagar siete millones de euros por un satélite de fabricación estadounidense para no perder la órbita geoestacionaria 81º Oeste en la banda Ka.

Al principio, esta decisión fue negada, pero el alquiler del satélite Astra 1h, a la empresa europea SES, para evitar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), le quite los derechos de uso de la posición orbital orbital 81º Oeste en banda Ka, la cual permite brindar servicios de internet de banda ancha. Esto hecho sin licitación y por un monto de siete millones de euros por el uso de solo tres meses por un satélite que ya superó su vida útil.

A cambio de los 7 millones de euros que ya empezó a desembolsará el gobierno nacional, recibirá en préstamo un satélite puesto en el espacio en junio de 1999, con 15 años de vida útil que terminaron en 2014 y con solo dos transpondedores que operan en banda Ka, lo que significa una capacidad muy limitada para brindar servicios en esa frecuencia.

El exvicepresidente de Arsat, Guillermo Rus, nombró de controversial esta medida, porque al monto por una satélite viejo, no se consultó a otras empresas de la región. Ni empresas como Eutelsat, Yahsat y Telesat que tienen capacidad para operar en banda Ka sobre el continente americano y ninguna aparece en el informe espacial. Esto se produce en un contexto de una  falta de un Plan Espacial, como la que creó el gobierno de Néstor Kirchner que tenía contemplado la construcción del Arsat-3 para sumarse al ARSAT-1 y ARSAT-2 que ya están operando, y estas medidas son para ganar tiempo sin un propósito claro.

Por Camilo Urquizu.