El acreditado medio español Europa Azul tituló hoy “Duro golpe para el sector gallego con el cierre de la pesca en Malvinas. La cancelación de la segunda campaña de calamar en aguas de Malvinas ha supuesto un serio revés para la flota gallega, paralizando a los 16 grandes arrastreros que cada año participan en esta pesquería y que ya se desplazaron al duro mar del Atlántico suroccidental para sacar rentabilidad a la pesca”.
Léase: de apropiarse ilegalmente de los recursos pesqueros argentinos en Malvinas van por la pesca igualmente ilegal de los recursos migratorios originarios de la Zona Económica Exclusiva Argentina en alta mar. Y es una captura ilegal (CONVEMAR, artículos 27, 63, 64, 87, 92, 94 y 116 a 119) porque los buques gallegos no tienen control presencial del Estado español; no realizan estudios para determinar la “capturas máximas sostenibles” y dañan los intereses de terceros estados, como Argentina y Uruguay y además, en la pesca en Malvinas violan la Resolución 31/49 de las Naciones Unidas y los artículos 4, 5 y, 21 a 23 de la Ley 24.922.
España, de ella de trata, ha reconocido la soberanía argentina en Malvinas y las aguas correspondientes; sin embargo, es el principal socio británico pesquero en Malvinas y quien gestionó la excepción en el Brexit para el intercambio comercial con el Reino Unido, de modo que las capturas de Malvinas ingresen a la Unión Europea sin aranceles, en abierta y desleal competencia con los productos pesqueros que tienen origen en empresas, incluso de capital español radicadas en el territorio continental argentino. La Madre Patria -arteramente- ya en el 2005 durante el Tratado de Lisboa había aceptado que las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la Antártida se incorporen a la Unión Europea como territorios británicos de ultramar.
Hay que desconfiar de esta madre putativa y aún más, de nuestro gobierno que hace la vista gorda ante tan grande ecocidio. Con las 250 mil toneladas que todos los años se extraen de las aguas de Malvinas, sin evaluar las que se descartan estimadas en un 30% de las capturas, se podría proveer de la mejor proteína diaria a tres millones de niños y adolescentes argentinos todo el año, contribuyendo a erradicar la vergonzante indigencia de nuestro país.
El citado medio especializado “Europa Azul” indica, que el cierre del caladero “se debe a los alarmantes resultados de las prospecciones realizadas, que han arrojado la segunda peor estimación de biomasa desde 2008, muy por debajo del umbral de seguridad establecido” y los pescadores, respecto a las nuevas temporadas tendrían sus esperanzas “únicamente depositadas en un eventual repunte del estado de la pesquería; lo cual se traduce en una nueva ironía: confiar en que la naturaleza corrija lo que la gestión no ha logrado prever”; lo que estaría demostrando la incapacidad británica (FIFD) para ponderar la disponibilidad del recurso y los daños que se vienen provocando al ecosistema argentino, que como sabemos, es único e indivisible; mientras en la Unión Europea, por otra parte, se avanza para hacer sostenible la captura sus aguas comunitarias, contrario a la pesca que realizan sus embarcaciones en las aguas internacionales sobre los recursos originarios de los Estados ribereños.
Se lamentan las armadoras gallegas de Vigo y Marín, por el impacto económico que les habrá de provocar este cierre abrupto, ya que habrían realizado inversiones por 240 millones de euros. Por lo tanto, la falta de capturas les impedirán o dificultarán -aunque los gallegos son hábiles para llorar ante sus gobiernos- “la renovación de la flota con unidades de última generación” y es notable, con la liviandad que lo declaman, porque financian la construcción de buques pesqueros en base a apropiarse de los recursos pesqueros argentinos, mientras los empresarios argentinos tienen serias dificultades para financiar sus buques en los astilleros nacionales. Algún sudaca dirá: “la modernización de los buques españoles se hace con la nuestra” y “los calamares de la plaza mayor de Madrid y de gran parte de Europa son argentinos”. Es tiempo que el gobierno argentino y español terminen con esta inequidad y desprecio por la soberanía argentina.
También refieren los españoles al incremento de los costos de la construcción naval, del combustible y muy especialmente a la suba de las licencias ilegales que les otorgan en las Islas; que, pudiendo ser caras son baratas, teniendo en cuenta que los gallegos están haciendo una extracción espuria, en perjuicio de los derechos argentinos y sus intereses biológicos, económicos y alimentarios. ¡Como serán de importantes las capturas gallegas en Malvinas!, que, el medio indica: “se espera que la escasez de calamar en el mercado impulse los precios, profundizando la crisis tanto para las empresas como para los consumidores”.
Por otra parte, la Asociación de Empresas de las Islas y la ilegal Asamblea Legislativa analizan un sistema de otorgamiento de licencias que implicaría un nuevo incremento para las flotas que operan en estas aguas, quedándose con una parte importante del esfuerzo pesquero para sostener la estructura administrativa del archipiélago y los aportes necesarios para la infraestructura básica de las islas y ello, estaría demostrando la fragilidad económica de los isleños, lo cual nos lleva a insistir que la Argentina tiene que presionar al gobierno español para que sus buques dejen de pescar en Malvinas y sancionar a las empresas en el caso que no ocurra, cuestión que ya deberían haber hecho -al menos- desde 1998 cuando entró en vigor la Ley 24.922.
Del mismo modo, el gobierno argentino debe replantear el otorgamiento de nuevos permisos, cuotas y autorizaciones a empresas nacionales de capital español mientras que el gobierno español no prohíba la pesca en Malvinas y la captura de las especies migratorias originarias de la Zona Económica Exclusiva Argentina en alta mar.
Hay madres y hay otras que más vale destetarse.
Por Dr. César Augusto Lerena. Experto en Atlántico Sur y Pesca – ex secretario de Estado. Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL).
