En una reunión diversas instituciones vinculadas a la logística y el comercio, cuyos afiliados dependen del uso de la Hidrovía Paraguay – Paraná, tomaron decisiones claves en torno al acuerdo que rige esta vía fluvial vital para la región y el peaje de la Hidrovía.
En el centro de la discusión se encontró el “Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay – Paraná” (conocido como el “Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra”), el cual fue rubricado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El mismo tiene como propósito fundamental establecer un marco normativo unificado que potencie el desarrollo, modernización y eficiencia de las operaciones fluviales, facilitando así el acceso a los mercados ultramarinos en condiciones competitivas. El pacto se basa en principios clave como la Libertad de Navegación, Igualdad de Tratamiento y Libertad de Tránsito.
El aspecto crucial que emergió durante el encuentro fue que las acciones de uno de los países miembros del acuerdo repercuten en los demás. Por tanto, cualquier decisión adoptada por estos países debe estar en sintonía con el enfoque de la multilateralidad. Esto adquiere una dimensión aún mayor debido a que dos de los países signatarios son mediterráneos, lo que les otorga el derecho de acceso a los océanos según lo establecido en la Convención del Mar.
Las instituciones privadas emitieron un comunicado en el que respaldan la búsqueda de una mayor eficiencia operativa dentro del marco del Acuerdo. Esto incluye la realización de obras cuando sean necesarias para mejorar la navegabilidad.
Peaje de la Hidrovía y balizamiento
Sin embargo, surgió una preocupación en relación al servicio tradicional de balizamiento con boyas estáticas. Este enfoque podría “no solo no favorecer la navegación, sino incluso puede llegar a entorpecerla en función del permanente cambio de traza que las corrientes ocasionan en ese tramo del río Paraná”.
Un aspecto de alta relevancia, según informan en el documento, ha sido la decisión “unilateral del gobierno argentino de implementar un peaje en la Hidrovía de 1,47 dólares por tonelada de registro neto para el transporte fluvial que circula por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia””.
En ese sentido, afirmaron que este peaje de la Hidrovía impacta a diversos actores de la región, desde importadores y exportadores hasta armadores y proveedores de servicios, no limitándose exclusivamente a los armadores paraguayos. Tales medidas, en lugar de fortalecer la competitividad, podrían encarecer los bienes regionales y “desincentivar el uso de la hidrovía”.
Las instituciones privadas representativas de los usuarios de la vía navegable de los cinco países firmantes del Acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra” consideran que el ámbito apropiado para abordar esta cuestión es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) y la Comisión del Acuerdo. Es dentro de estas instancias donde se debe debatir y aprobar, o no, el cobro del peaje.
“Es la intención de todas las instituciones presentes defender de manera decidida el Acuerdo y sus principios por lo que instamos a todos los actores, a los miembros de los gobiernos, a resolver los problemas dentro del marco de la CIH y la Comisión del Acuerdo”, concluye el texto.
Entidades
Las organizaciones empresarias que firmaron el documento son, entre otras, la Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados, la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz, la Cámara Paraguya de Procesadores de Oleaginosos y Cereales, la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleganisosas, Unión Industrial de Paraguay, Centro de Navegación de Paraguay, Cámara Nacional de Comercio de Bolivia, Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas, Cámara Nacional de Exportaciones de Bolivia y la Cámara de Comercio e Industria de Bolivia.
