La Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (FECACERA) envió a altos funcionarios del gobierno argentino una carta en la que expresa profunda preocupación por el impacto negativo que las regulaciones están teniendo y que pueden paralizar el comercio exterior argentino.
La misiva lleva la firma de Federico Rodríguez, presidente de FECACERA, y del secretario Ángel Peris. El mensaje resalta la importancia de tomar medidas adecuadas para salvaguardar la actividad comercial y garantizar el flujo constante de bienes y servicios en el comercio internacional del país.
Dirigida al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA); Miguel Ángel Pesce, al Secretario de Comercio, Matías Tombolini, al Administrador Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, y al Director General de Aduanas, Guillermo Michel, el documento señaló los efectos adversos de la Comunicación A 7746 del BCRA, publicada el 20 de abril de este año.
La mencionada comunicación establece restricciones en la remesa de pagos por fletes y otros servicios de transporte a contrapartes vinculadas, determinando que los pagos deben realizarse no antes de los 90 días corridos desde la fecha de la prestación efectiva del servicio.
Las consecuencias que podrían paralizar el comercio exterior
Desde FECACERA explicaron que una de las principales consecuencias de esta medida ha sido la decisión unilateral de las principales navieras que operan en el país de modificar sus condiciones de cobranza, exigiendo el pago anticipado (prepaid) para los fletes con origen o destino en Argentina. Esto ha generado un aumento considerable en los costos y las demoras en el transporte de carga, además de trasladar la carga financiera a los proveedores de insumos.
En ese sentido consideraron que en el corto plazo, se prevé que esta situación genere interrupciones en la cadena logística, afectando especialmente a las PyMEs que carecen de la infraestructura y la capacidad financiera necesaria para hacer frente al pago anticipado de los fletes.
Asimismo, a mediano plazo, existe el riesgo de que las cadenas logísticas se vean seriamente afectadas, lo que resultaría en una interrupción de los flujos comerciales desde y hacia Argentina, con consecuencias significativas para la economía y la sociedad en su conjunto.
Además de estas restricciones, se suman las complejidades de las condiciones operativas en los puertos, la infraestructura limitada y las demoras ocasionadas por eventos laborales, lo cual ha incrementado sustancialmente los costos logísticos y los plazos de operación para el comercio de carga en Argentina.
“Solicitamos revisar el mecanismo impuesto”, indican en el texto y agrega que es fundamental para “evitar el impacto negativo que traerá aparejado para todo el comercio internacional de nuestro país, sector al que se debe apoyar para dotarlo de la competitividad necesaria para su crecimiento, dado que constituye sin lugar a dudas un pilar esencial para el desarrollo de la economía”.
