El sector productivo argentino, especialmente el empresariado PyME, vive horas de tensión e incertidumbre. Sigue con atención lo que pasa las reuniones y negociaciones que se producen en el Senado en torno a la Ley de Bases y en particular, al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI),

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, contador Gustavo Pulti, lanzó una seria advertencia. Afirmó que “si el RIGI se convierte en ley, la minería, los productos agropecuarios, los productos del mar, quedarán en riesgo serio de ser depredados en favor de los grandes centros de consumo y en detrimento del trabajo nacional”.

En diálogo con Ser Industria Radio, el ex intendente de Mar del Plata, definió que “hay dos modelos en pugna“, marcando con claridad las diferencia entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Se refirió además a temas fundamentales para el presente y el futuro de Argentina. Entre ellos, la soberanía, la pesca, la exploración offshore, el Canal Magdalena y la hidrovía Parana- Paraguay.

¿Las diferencias entre el gobierno nacional y la Provincia complican el desarrollo de los temas vinculados al mar y los puertos?

Es una tarea muy ardua, sobre todo la batalla conceptual que se está dando, porque hay dos proyectos en pugna. Uno quiere abrir la Argentina a los mercados, rehúsa la obra pública, desregula las normativas vigentes y pretende relacionarse con el mundo sin medidas de protección de la industria y el trabajo nacional. Del otro lado está la visión que entiende que un Estado-Nación debe proteger aquello que genera trabajo, incentivar e impulsar las cadenas de valor que nos permitan generar condiciones para el desarrollo económico y sostener válidamente la justicia social y la soberanía argentina.

Desde el puerto de Mar del Plata lograron que el gobierno de marcha atrás cuando quiso liberar el mar y la pesca…

Más o menos dio marcha atrás. Porque ahora está el RIGI, que favorece la noción de una economía de enclave, extractivista, que para acceder a los recursos naturales prácticamente no tiene que hacer nada. Si se convierte en Ley, la minería, los productos agropecuarios, los productos del mar, los recursos marítimos, quedarán en riesgo serio de ser depredados en favor de los grandes centros de consumo y en detrimento del trabajo nacional. El RIGI otorga ventajas tributarias para todas las inversiones de más de US$200 millones. Por otro lado, resigna la soberanía jurídica porque entrega cualquier tipo de conflicto que haya al Centro Internacional de Arreglos para las Diferencias Provenientes de Inversión (CIADI), en Washington. Ningún tribunal nacional puede intervenir si surgen diferendos. La cámara de Diputados, lamentablemente, le dio media sanción y estamos pendiendo de un hilo en el Senado. Los puertos, el mar, la actividad pesquera, la industria, están expuestos a una decisión peligrosísima, en medio de una gran indiferencia de muchos y una gran preocupación de otros. Mientras tanto, algunos miran la situación de la misma manera que un zorro ve transitar a su víctima buscando el mejor momento para el acecho.

Algunos sectores, con el fin de evitar la obra, instalaron que el Canal Magdalena favorece sólo al Puerto La Plata. ¿Cuál es su posición?

El Canal Magdalena es una obra imprescindible, favorece a todos los puertos de la Argentina. Hoy, un barco que sale con combustible del Puerto La Plata para el de Mar del Plata, primero tiene que ir hasta Montevideo, pasar por jurisdicción extranjera y después retomar el margen argentino hacia Mar del Plata. El coque que viene en tren desde Luján de Cuyo, se convierte en el polo petrolero de La Plata y pasa a ser insumo de ALUAR en la Patagonia. Viaja en un buque hasta Montevideo y sigue al sur. El sistema soberano de la Argentina, incluyendo las Islas Malvinas, necesita del Canal Magdalena. Además, genera las mejores condiciones en materia de ahorro de tiempos y costos económicos para sostener en forma competitiva los precios internacionales de nuestros productos. Todos los costos excesivos que imponen las navieras, yendo al puerto de Montevideo, se cargan a nuestros productos. Lo pagan los productores en detrimento de sus precios en el mercado internacional.

El gobierno nacional no avanzará con la obra. ¿Podrá hacerla la provincia de Buenos Aires?

Hemos presentado una iniciativa en la Legislatura apoyando la determinación que tome el Gobernador. Tanto en el reclamo al Presidente de la Nación, para que ponga en marcha de nuevo la licitación que quedó desierta el año pasado, después de hacer las audiencias públicas, el proyecto ejecutivo y el proyecto técnico, como si toma la decisión de hacerlo por administración o licitándolo el Gobierno provincial. Estamos muy comprometidos, porque la provincia de Buenos Aires no sólo tiene el 40% de la población de la Argentina, sino que aporta el 50% del Producto Bruto Industrial. Y el Canal Magdalena fortalece los intereses, no solamente marítimos y fluviales de la Argentina, sino las capacidades competitivas y productivas de nuestra Provincia.

¿Con que expectativa sigue la Provincia la exploración offshore?

Indudablemente, lo vemos con mucha expectativa de que la Provincia y la ciudad de Mar del Plata, den un gran paso hacia la intervención en la economía energética. Estamos bajo la sombra amenazante del RIGI. Eso puede significar directamente que saquen el petróleo, lo carguen y se lo lleven. Nosotros queremos que el petróleo se industrialice en Argentina porque esa es la verdadera forma de apropiarnos de la riqueza, a través del salario, el trabajo, el beneficio empresario, del inversor que interviene en el agregado de valor y en las cadenas de valor que se den en nuestro país. Lo digo con toda autenticidad, porque es una determinación dramática la que se debe tomar.

Otro tema muy polémico es la apertura a la intervención militar estadounidense en la hidrovía Paraná Paraguay...

Si, el Administrador General de Puertos firmó un convenio con el jefe de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Es decir, no lo hizo la Cancillería con autorización del Congreso, sino, una administración de tercer orden con una potencia extranjera para controlar el Paraná. Y al mismo tiempo, la Cancillería hizo silencio frente a la determinación de Alison Blake, la comisionada para la Georgia e Islas Sandwich del Sur. Esta funcionaria generó una restricción de 166.000 kilómetros cuadrados en nuestro mar hacia las Islas Malvinas e inmediatamente se anunció la construcción de un nuevo puerto en Malvinas, con la empresa Harland & Wolff. Un puerto inglés en nuestras Malvinas, proyectado sobre la Antártida, con el silencio de la Cancillería. Con todo esto, mas el RIGI, dicen que Argentina va a progresar…, Insisto con el RIGI porque es un conjunto de privilegios para el extractivismo, que está observado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que integran 38 naciones, las democracias más prestigiadas del mundo. Advirtieron que este Régimen puede significar el blanqueo de fondos provenientes del narcotráfico, la venta de armas o la trata de personas, nada más y nada menos.

Llama la atención la velocidad con que se toman estas decisiones. ¿Falta reacción de los resortes democráticos?

La Legislatura bonaerense aprobó un repudio al DNU, que va en esta línea. Hemos cuestionado al RIGI. Lo que me preocupa mucho es la complicidad de una parte de la cámara de Diputados de la Nación, que con una desfachatez inédita en la democracia ha votado este tipo de leyes que son verdaderamente una vergüenza. Esperamos que el Senado le dé una satisfacción a la Argentina y repudie esta Ley impresentable.