“El impacto que tiene la sequía reduciendo el impuesto a las ganancias genera que los impuestos no coparticipables crezcan, hasta llevarse tres de cada cuatro pesos que aportará en impuestos la producción agrícola este año. Un récord, en la presión impositiva, al menos desde que FADA lo mide”, alerta David Miazzo, Economista Jefe la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA)

FADA lanzó un dato alarmante. En marzo 2023 el Estado se quedó con el 79% de la renta que generó en promedio un productor agrícola de soja, maíz, girasol o trigo.

Sequía y presión impositiva

La fuerte caída en la producción, debido a la intensa sequía que se registró en Argentina, generó que la participación del Estado a través de los impuestos aumente. Esto se da porque el impuesto con mayor peso es el derecho de exportación. Al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta.

El índice de marzo es 14,3 puntos porcentuales más alto que el de marzo de 2022, traccionado por menores rindes. Esto es consecuencia de la sequía y las heladas que han afectado a los cultivos y menores precios internacionales que, a comienzos de 2022, estuvieron impulsados por la guerra Rusia-Ucrania.

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 79,1%, la participación del Estado en soja es del 94,1%, maíz 62,4%, trigo 78,7% y girasol 58,3%. Se destaca “el caso de la soja, donde los impuestos se llevarán casi la totalidad de la escueta renta que genere el cultivo esta campaña”, indica el trabajo.

“¿Cómo sacamos este cálculo? Consideramos que la renta es el valor de la producción, menos todos los costos que enfrenta. Esa renta se distribuye entre los impuestos, el resultado de la producción y la renta de la tierra. Si lo aplicamos a alguien que alquila la tierra, o sea, que le representa un costo, en un año donde la producción genera pérdidas el Estado se lleva más del 100% de la renta”, agrega el economista.

¿Cuánto de los impuestos vuelve a las regiones que los pagaron?

Del total recaudado por hectárea en promedio, el 76,4% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, que quedan en el Estado Nacional.  Coparticipables, son el 16,3%, o sea que una porción regresa a las provincias que lo produjeron; 6,2% corresponden a tributos provinciales y 1,1% municipales.

“En momentos como éste resaltan dos grandes problemas del sistema impositivo”, advierte Nicolle Pisani Claro, economista de FADA. “Por un lado, el federalismo fiscal, ya que con una caída tan profunda de los rindes desaparece un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias y persisten impuestos que no se coparticipan como los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos. Por otro lado, el problema de no contar con una cuenta tributaria única y que los saldos de los distintos impuestos queden estancos y retenidos en AFIP generando un costo para los productores”, agrega.

Desde FADA se refieren en particular a los saldos técnicos de IVA que, en momentos de quebrantos generalizados, las empresas agropecuarias acumularán montos millonarios de saldos técnicos de IVA en AFIP, en un año en que muchas de ellas no podrán ni siquiera hacer frente a sus deudas.

Índices provinciales y costos

Mientras el índice FADA nacional es de 79,1%, Córdoba registra un 81,7%, Buenos Aires 75,6%, Santa Fe 77,5%, La Pampa 78,8%, Entre Ríos 86,7% y San Luis 77,5%. Resalta que en el caso de soja 3 de las 6 provincias tienen un índice superior a 90% y las 3 restantes superior al 100%.

En el Índice FADA se analizan los costos involucrados en una hectárea de maíz, para tomar como ejemplo. En el cálculo se toma desde el valor FOB al resultado después de todos los impuestos. Por ello, se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción.

Al analizar los costos destacan dos puntos. El primero, los gastos de fobbing representan entre el 7%y el 8% de todos los costos involucrados en una hectárea de maíz.

El segundo punto, son los fletes. Se puede ver claramente cómo se va incrementando la participación a medida que nos adentramos en el interior productivo. En el caso del maíz, el flete representa el 18% de los costos en Buenos Aires. Mientras que en Córdoba el 21%, en San Luis el 22%, en La Pampa el 19% y en Entre Ríos el 16%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 13%.

Respecto a los costos de insumos, medido en dólares, se han comenzado a ver descensos importantes luego de las subas de 2021 y 2022. En la UREA, se ve una baja interanual del 56%, aunque aún es un 20% más caro que hace 3 años. El PDA tuvo un descenso interanual del 28%, aunque todavía cuesta un 60% más que hace 3 años. El caso del glifosato, que también había sido uno de los que más aumentó, muestra una caída interanual cercana del 40%, pero aún vale 60% más que hace 3 años. Estas bajas de los insumos ayudan a descomprimir los costos y, por lo tanto, el incremento del índice de participación del Estado en la renta agrícola.

¿Por qué hizo falta un dólar soja?

En los últimos dos años y medio hubo una mejora sustancial de precios internacionales. Primero, impulsada por la política monetaria de Estados Unidos y los principales bancos centrales del mundo. Luego por la guerra Rusia-Ucrania, con mayor impacto en el trigo y el girasol. “Sin embargo, así como hubo una mejora de los precios internacionales, se dio una baja abrupta del tipo de cambio oficial real. Esto afecta de manera negativa la competitividad cambiaria de la producción agrícola. De hecho, a raíz de este atraso es que fueron necesarias las dos ediciones del Dólar Soja para impulsar las ventas de soja”, explican desde FADA.

En términos de tipo de cambio real, descontando los efectos de la inflación, en el último año el dólar cayó un 7%. Medido a precios de marzo de 2023, el tipo de cambio de marzo de 2022 era el equivalente actual de $222. El de marzo de 2021 era el equivalente actual de $281.

“De acuerdo a lo que se ve desde septiembre, se espera que se frene el atraso del tipo de cambio oficial. Aunque el año electoral puede jugar en contra de esta política. Pero también han comenzado a desinflarse los precios internacionales, a medida que menguan los efectos de la guerra en el mercado de granos y los bancos centrales suben las tasas”, concluyen los economistas.