Así lo informó el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport. Estas solicitudes fueron cursadas a diferentes países para ejecutar las medidas contra nueve empresas que realizan actividades de exploración y explotación hidrocarburífera sin autorización argentina. Los embargos incluyen 156,4 millones de dólares, el secuestro de barcos y plataformas de perforaciones.
El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, confirmó que la Justicia aguarda el resultado de los exhortos diplomáticos cursados a diferentes países para ejecutar las medidas cautelares dictadas contra empresas petroleras extranjeras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
En declaraciones al Diario del Fin del Mundo, el funcionario judicial aseguró que las solicitudes de embargos dispuestos por la Justicia fueguina se encuentran “en pleno desarrollo” al igual que “otras medidas probatorias”.
Éstos incluyen pedidos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de tres barcos dedicados al relevamiento de datos y uno afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas de base ambientales. También abarcan la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, perteneciente a un programa de perforación petrolera en la zona.
Vale recordar que la causa penal fue iniciada por autoridades del gobierno argentino en abril de este año contra las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Los embargos fueron dispuestos en junio último por la jueza Lilian Herraez, en paralelo con una serie de medidas cautelares contra 5 empresas en forma directa y 4 de manera indirecta que realizan actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en la plataforma continental del país, sin autorización argentina.
En paralelo, Herráez dispuso una serie de medidas de no innovar solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y por la titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, con el fin de “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”, además de concretar el “cese inmediato de la comisión del delito”.
En este marco, se espera poder cumplimentar esta orden. Según evaluó Rapoport ante la prensa fueguina, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación “está trabajando y muy bien” en la concreción de los exhortos diplomáticos, aunque mencionó que son “trámites complejos que llevan su tiempo y son ajenos a la esfera del Poder Judicial”.
El fiscal también precisó que otra de las medidas que se está cumpliendo, en el contexto de la misma causa, es la comunicación sobre la existencia de la investigación a “las distintas bolsas de valores del mundo donde operan las compañías imputadas en el caso”.
“En instancias posteriores se deberán individualizar a los directivos o gerentes de esas empresas para ser llamados a prestar declaración indagatoria”, observó el funcionario judicial.
