La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, detuvo una licitación de remolcadores de la empresa danesa Maersk por sobreprecios. Los ministros Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich y el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables Jorge Metz,fueron salpicados por la denuncia de irregularidades en la licitación.

La decisión de Alonso se basó en las denuncias realizadas por cuatro cámaras empresariales del sector naviero y portuario. La Oficina Anticorrupción investigará la posible existencia de sobreprecios e irregularidades en el proceso licitatorio que llevó adelante la empresa estatal Enarsa -que depende del Ministerio que conduce Arangure- para contratar los remolcadores de los barcos de gas licuado que arriban a los puertos de Bahía Blanca y Escobar.

A fines de julio, el servicio de remolcadores para buques de GNL fue preadjudicado a la firma local “Logística y Servicios Maritímos SA” (LSMSA). La denuncia de las cámaras empresarias insisten que detrás de la contratación de Enarsa de Maersk y Marítima Meridian con presuntos sobrepecios, está la familia Samarín, que no tiene ese tipo de embarcaciones.

En la oferta aparece asociada al holding danés Maersk que sería la encargada de aportar las embarcaciones.

Según las presentaciones efectuadas por la Cámara de Lanchas de Prácticos, la Cámara de Practicaje y Pilotaje, la Cámara Santafecina de la Industria Naval y la Mesa de Unión Naviera; la actual conducción de Enarsa que encabeza Hugo Balboa no procedió a revisar la estructura de los sobrecostos portuarios y marítimos de los barcos de GNL que sido había diseñada por la agencia de Samarín durante la administración kichnerista.

También señalaron que se siguen contratando más remolcadores de los necesarios y advirtieron que la agencia de Samarin nunca le trasladó a la estatal Enarsa -que era la que pagaba todos los gastos- las bonificaciones del orden de 150.000 dólares que obtenía de las empresas de remolque y practicaje por cada barco de GNL que ingresaba al país.

La denuncia de la empresa Transona, que en la licitación quedó en el segundo lugar por una diferencia de precios de sólo 8%, apuntó que las ofertas de LSMSA y Maersk que no se ajustaron al pliego licitatorio y que Enarsa pasó por alto.

La acusación de Transona sostiene que los nueve remolcadores ofrecidos por Maersk no estaban matriculados en la Prefectura Naval al momento de presentación de la oferta, tal como exigían las bases y condiciones de la licitación.

A su vez remarca que si bien LSMSA es una empresa nacional, lo que ofrece para remolque son unidades extranjeras que no se encuentran inscriptas legalmente y no se ajustan a las reglas del Compre Argentino.

Además que la oferta también viola la ley de cabotaje que establece que la navegación, comunicación y comercio internos serán practicados únicamente por barcos argentinos. En caso de que no haya barcos locales, las unidades afectadas al servicio deben contar con permisos excepcionales otorgados en forma previa, requisito que los remolcadores que propuso traer del exterior Maersk no tienen cumplido.

A cargo de la investigación de la Oficina Anticorrupció se encuentra el investigador Principal, Lucas Trigo, quien comenzó a solicitar información y documentación tanto a Enarsa como a los denunciantes.

Por su parte Enarsa decidió congelar la adjudicación y esperar la opinión final de los funcionarios que dependen de Alonso.

Los técnicos de Enarsa sostienen que quedaron metidos en este embrollo por culpa del subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, y del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Aparentemente, Metz y Dietrich fueron los que más impulsaron la incursión de Maersk en el negocio de los remolcadores para ampliar la competencia y bajar las tarifas que cobran las empresas locales.