El Gobierno no tiene hipótesis de conflicto. ¿Qué organismo estratégico argentino debe establecerlo y cuáles son los parámetros? ¿Quién aconseja al Poder Ejecutivo Nacional respecto a su determinación y acciones? ¿No se enteró la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur que en el Atlántico Sur y, su relación con el océano Indico, Pacífico y la Antártida, hay una extensa zona en conflicto con motivo de la militarización del Reino Unido en Malvinas, en una “Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur” que acordaron todos los países de África occidental y América oriental? (Res. ONU 41/11 el 27/10/1986).

¿No se enteró esa misma Secretaría de Estado que el Gobierno de Chile planeaba reclamarle a la Argentina espacios marítimos y del suelo y subsuelo de la plataforma continental argentina? Esta Secretaría tiene como función, según la Cancillería (1/9/2021), “todos los temas vinculados a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur. Diseña estrategias y coordina acciones en el ámbito bilateral y multilateral para la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos (…) Entiende además en las políticas y acciones que realiza el Consejo Consultor sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Además, tiene a cargo, la planificación y dirección de la política antártica…”.

Entonces, antes de opinar sobre las funciones incumplidas de la secretaría después de casi dos años de la designación de Daniel Filmus y en medio de la situación de indefensión que vive Argentina, sería bueno que la Cancillería corrija la misión de esa secretaría: no son los espacios marítimos “circundantes” como dice, sino los espacios marítimos “correspondientes”.

En primer lugar, porque así lo precisa la Constitución Nacional y después, porque si la referida Secretaría no reconoce la diferencia entre espacios circundantes y correspondientes, mal puede establecer una política o tal vez, los funcionarios desconozcan que el Reino Unido de Gran Bretaña no sólo ocupa Malvinas y tres o doce millas circundantes, sino que ocupa y explota 1.639.900 km2 de espacios marítimos e insulares (52% de nuestro mar), además de disputarnos 1.410.367 km2 de la plataforma continental y 965.597 Km2 de la Antártida Argentina.

Es decir, el equivalente a tener en disputa u ocupados espacios que superan al territorio continental argentino desde La Quiaca a Ushuaia. Un médico clínico diría: sin un buen estudio semiológico y un diagnóstico etiológico, es imposible instaurar un buen tratamiento y mucho menos, establecer un pronóstico. Y ello seguramente lleva a que el secretario de Malvinas no tenga un plan y no pueda cumplir con otra de sus funciones: “entender en las políticas y acciones que debe realizar el Consejo Nacional de Malvinas”.

No es de esperar ningún avance argentino sin diagnóstico certero y sin plan y es posible que, frente a ello, haya acción alguna, como ha ocurrido hasta hoy. El secretario ha promovido tres leyes sin debate alguno, en la búsqueda de su posicionamiento político interno y con ningún efecto internacional. La primera, una ley de incrementos de multas a la pesca ilegal que no sancionó ni un solo buque fuera o dentro del área de Malvinas, donde las empresas de España -cuyo país reconoció la soberanía argentina en Malvinas- son los principales socios para la consolidación de la ocupación en las Islas.

La segunda, una ley sobre la plataforma continental que ni siquiera sirve para profundizar una cultura marítima entre los argentinos, que no describe los reales alcances de la recomendación de la Comisión de Límites y que no se acompaña de un fortalecimiento económico, físico, militar y de integración de Tierra del Fuego con el continente.

Finalmente, una ley para crear un Consejo Nacional de Malvinas, a cuyos miembros -después de un año- ni siquiera se los convoca presencialmente a discutir una idea. ¿Se puede -en serio- un tema estratégico y de carácter secreto tratar en forma virtual, al acceso de todos los servicios de información del mundo? ¿Y pueden semejantes asuntos de Estado, cuyos resultados podrían influir negativamente en los espacios en disputa y en toda en Argentina, inclusive la Antártida, tratarse con asesores ad honorem, con dedicación parcial, muchos de los cuales no tienen ningún conocimiento en la materia e inclusive están en las antípodas de lo que prescribe la Constitución Nacional? ¿Puede integrar ese cuerpo el abogado Marcelo Kohen, quien en 2018 promovió un plan de dar a los isleños la posibilidad que se autofinancien con recursos argentinos, que su Gobierno ilegal determine quién puede o no radicarse en Malvinas y que, a los treinta años, tengan un referéndum sobre si quieren vivir bajo soberanía británica o argentina? Por citar sólo un caso.

¿Se sorprende la Cancillería que el Gobierno chileno tenga la pretensión de reivindicar 6.000 km2 de plataforma argentina, contrario a lo acordado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984? El PEN a través de la secretaría de Malvinas no tiene un análisis geopolítico. Miremos nuestras Fuerzas Armadas y las de Chile; luego, veamos la desatención argentina en cuestiones marítimas y la desocupación de la Patagonia; la adjudicación hidrocarburífica offshore en manos británicas en el área en conflicto; nuestra tensa relación con los socios del Mercosur; la falta credibilidad en el mundo y agreguemos en este escenario, la pasividad de la secretaria de Malvinas que -según las propias manifestaciones de su secretario- tiene como eje de su acción política la búsqueda del diálogo con el Reino Unido y la cooperación (unilateral), cuyos resultados en estos últimos 60 años han sido absolutamente inconducentes.

No podemos asombrarnos de las acciones británicas, pero tampoco de Chile, funcional a los mismos intereses, como lo fue durante la Guerra de Malvinas. Argentina presentó todos los documentos sobre sus derechos sobre la plataforma continental ante la Comisión de Límites y firmó el Tratado de Paz y Amistad con Chile en 1984 que delimitó en su artículo 7º, mediante una línea divisoria, los espacios argentinos al este y los de Chile al oeste, según las coordenadas 67º 16’. Y asombra al secretario de Malvinas que no tiene plan, contrario a los 3.200 isleños en Malvinas que avanzan día a día. Hacen lobby en Europa, en el Reino Unido y conversan con uruguayos, brasileños y chilenos. Construyeron un puerto en Georgias del Sur e invierten 85 millones de libras para construir un puerto en Malvinas que desplazará a Ushuaia como acceso principal a la Antártida.

Por su parte los uruguayos atienden en sus puertos el aprovisionamiento, cambio de tripulación, trasbordos, etcétera, de todos los buques que pescan ilegalmente en el Atlántico Sur y Malvinas y proyectan para el 2022 tener un nuevo puerto a esos efectos. Entre otras cosas.

Nos asisten los derechos por el cumplimiento de las obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar y por el Tratado de Paz y amistad con Chile de 1984. Los chilenos tensionan la región y Argentina no tiene hipótesis de conflicto. De lo que estoy seguro es que la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur no tiene plan alguno.

Por Dr. César Augusto Lerena Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado.