Una reciente publicación del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló el impacto que tendría el Pacto Verde de la Unión Europea (UE) en las exportaciones argentinas.

La investigación indicó que la regulación para Productos Libres de Deforestación generaría pérdidas de al menos US$ 5000 millones, además de afectar miles de puestos de trabajo.

Al respecto, uno de los responsables del estudio, el economista e investigador de Fundar, Pablo de la Vega, señaló en Ser Industria Radio que la regulación en cuestión prohíbe la importación de productos provenientes de tierras deforestadas a partir del 31de diciembre de 2020, afectando así a sectores clave como la soja, la carne y otros productos agrícolas.

También resaltó que para cumplir con la normativa es necesario implementar sistemas de trazabilidad y certificación rigurosos, lo que representa un desafío considerable tanto para el sector público como privado en Argentina.

Además, consideró que la adaptación a estas exigencias no solo es crucial para mantener el acceso al mercado europeo, sino también otros países como China están avanzando en ese camino.

¿Qué hay detrás de estas del Pacto Verde europeo?

Es un paquete de medidas que está implementando la UE como bloque económico, comercial, político y que es muy importante para Argentina porque muchas de nuestras exportaciones van hacia allá. En particular nosotros estudiamos una regulación comercial del pacto que prohíbe venderle a la UE productos que hayan sido producidos en tierras deforestadas a partir del 31 de diciembre de 2020. Esto significa que todo lo que se produjo en tierras que desde enero de 2021 fueron deforestadas no puede venderse a los países del bloque. Esto incluye algunos productos que son muy importantes para Argentina como soja, carne, ganado en pie, madera y sus derivados, neumáticos, cuero. Estimamos que representan aproximadamente US$ 5000 millones de exportaciones, un número muy importante y en una situación en Argentina muy particular que necesita vender. Por lo tanto, si quisiéramos seguir exportando esta producción a la UE hay que acomodarse a esta regulación.

¿Esos 5000 millones provienen de terrenos deforestados después del 2020?

No hay mucha información para responder de forma precisa. Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, son las que exportan la mayor cantidad de estos bienes. Si vemos el mapa, han deforestado poco desde la fecha de corte. Por lo tanto, uno podría decir que esta producción está libre de deforestación. Lo que pasa con esos datos es que el origen corresponde con el lugar donde se procesa el producto. Por ejemplo, si el poroto de soja que se convierte en aceite, vino de Chaco donde se deforestó, estamos en un problema porque la regulación pide que se muestren fotos de antes y después de la cubierta forestal del terreno donde se plantó si es poroto de soja o se crio el ganado. Por eso, más allá de si las exportaciones están saliendo de Buenos Aires, hay que demostrar que provienen de un lugar que no fue deforestado.

¿El Estado están tomando medidas para evitar un impacto en las exportaciones?

Hay mucha iniciativa privada. Una se llama VISEC (Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino) que está haciendo pruebas piloto. El año pasado envió un cargamento de harina de soja y el mes pasado carne. Se está encargando de hacer las certificaciones. Después hay un tema de si la UE va a aceptar esa certificación y no va a requerir que intervenga un certificador externo. Argentina tiene capacidades por lo que se podría decir que estamos bastante preparados. Hay mucha información en AFIP, SENASA, pero no hay una integración que haga pensar que el sector público ha tomado cartas en el asunto. Todavía queda tiempo, esto se va a implementar en enero del año próximo. Seamos optimistas y creamos que podremos seguir exportando. Sería ideal que acepten la certificación de VISEC.

¿Se está utilizando blockchain para esta trazabilidad?

Los sistemas de trazabilidad que conozco consisten en proveer una foto satelital del lugar donde se plantó, acompañado por un proceso de debida diligencia. La regulación no solo pide que cumplas el requisito de deforestación cero, sino que también pide que cumplas regulaciones domésticas. VISEC se está encargando de todo el proceso y esperamos que la UE lo acepte.

¿La UE financiaría este proceso?

Eso es muy importante. Hay en los planes algunas menciones sobre que la UE va a entablar conversación con los países exportadores para ver cómo los puede ayudar a cumplir esta normativa. Una posibilidad es sobre los servicios ecosistémicos. Hay una idea un poco demostrada, sobre que Argentina es una acreedora ambiental, sus ecosistemas proveen globalmente un servicio por el que debería recibir algún retorno. Tiene bosques que capturan y almacenan dióxido de carbono, fuentes de agua y demás. Una alternativa es que Argentina cobre por esos servicios y de alguna manera la ayude a cumplir con las regulaciones ambientales, necesarias porque el cambio climático es una realidad. Las temperaturas del planeta no dejan de aumentar. Moralmente me siento obligado a cumplir estas normativas porque están en línea con lo que pienso. Pero es cierto que históricamente los países avanzados como los de la UE tienen una responsabilidad histórica en materia de cambio climático mucho mayor que la que tiene Argentina, cuyas emisiones de gases contaminantes no llegan al 1% de las que se producen en el planeta.

Algunos empresario plantean por qué tenemos que cumplir nosotros lo que no cumplen los europeos…

Hay toda una discusión sobre si estas medidas son lo que se denomina neoproteccionismo. La UE, pensando en sus productores agrícolas, dice que les cobra un impuesto al carbono domésticamente e importa productos de Argentina que no está pagando el impuesto equivalente. Entonces protege a sus productores introduciendo regulaciones como esta y como el ajuste de carbono en frontera que es otra regulación del Pacto Verde. Es una discusión que va a alto rango, en la OMC se debate sobre esto.

¿Qué necesidad tiene la UE de importar estos productos desde Argentina?

Eso es lo que se denomina la tasa de autosuficiencia. Es importante porque Argentina está entre los ocho países que más le venden a la UE estos productos, pero son muy dependientes de Brasil o Indonesia en algunos de ellos. Hay una pregunta relevante. ¿Qué pasa si nadie cumple? ¿Si Indonesia, Brasil, Argentina deciden vender estos productos a otros países y siguen deforestando? La UE no es autosuficiente en ninguno de estos productos.

¿Está bien que el corte de la deforestación se establezca desde el 2020?

Es un diseño inteligente, porque si se pone la fecha de corte el año que viene, es como intensificar prácticas de deforestación antes de que se empiece a contar.

Países sojeros como Brasil y Paraguay, ¿están preparados para enfrentar esta regulación?

Brasil está medio complicado mirando los números de deforestación. La soja y la carne argentinas son de primer nivel, super valorados. Cómo está Brasil para enfrentar la regulación es algo que no podría responder a ciencia cierta, pero es cierto que si uno mira los números deforestación es de los países que más ha deforestado en los últimos años. En el caso de Paraguay también se me escapa.

¿Eso podría aumentar el precio de la tonelada de soja?

Puede surgir como un premium de soja que se le venda a la UE, un producto de otra calidad. Sería algo muy bueno.

¿Hay otros mercados pensando en este tipo de regulaciones?

Sí. No se puede decir “no le vendamos a la UE, vendamos a otro país”. Porque Estados Unidos y China está pensando una regulación muy similar, el Reino Unido ya la tiene. Esto llegó para quedarse, adaptémonos y hagamos algo que además sirve para el planeta, pero también para cumplir con compromisos que Argentina asumió como reducir emisiones y la deforestación. A pesar de ser un gran desafío también es una oportunidad.

¿Hay mucha gente trabajando este tema en el país?

Muchos investigadores lo están analizando. Nosotros preparamos el estudio para una revista que se llama “Integración y Comercio” del BID Intal. Trabajamos con especialistas de Fundar, pero también gente externa como una investigadora muy importante que es Verónica Gutman. Más allá de nuestro trabajo hay mucha gente que está investigando esto en la UBA, en el Banco Mundial, el BID mismo. El cambio climático es un tema super importante que recibe mucha atención y hay mucha gente investigando.

¿Cómo es la vinculación con los productores?

Estamos conversando con la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Ellos también están mirando esto con mucha preocupación, porque si bien estos sectores no son de empleo intensivo hay un impacto en las ventas que en última instancia se traduce en menos empleo. Hicimos algunas simulaciones y esta medida contra la deforestación, si Argentina no logra adecuarse y dejamos de venderle a la UE podrían perderse entre 7000 y 13000 puestos de trabajo. Es un número que macroeconómicamente no es tan importante, pero a nivel de cadenas puede ser muy significativo.

¿Es necesario capacitar a los productores para que se adapten a los nuevos requerimientos?

Sí. Sobre todo si sus productos están destinados a la exportación. Es muy importante que tengan esto en cuenta y tal vez pueda representar una oportunidad para ellos pasar de vender un producto, que ya es de calidad, a uno premium por cumplir con normativas ambientales que otros países no cumplen.

¿Para alcanzar categoría premium se debe incorporar tecnología?

Definitivamente. Hay que implementar más tecnología en lo que tiene que ver con el sistema de trazabilidad. Esto de tener que mostrar cómo está el campo donde produje mi materia prima o mi producto antes y después, es algo que no está tan extendido. Hay que incorporar tecnología en ese aspecto. También hay que ver cómo evoluciona el proceso de debida diligencia y quién hace la certificación. eso es super importante. VISEC ha invertido mucho en esto y está en conversaciones con la delegación de la UE. Sería muy importante que todo lo que se ha avanzado en definitiva sea aceptado por la UE.

¿Estas medidas y controles son importantes para el mercado interno?

Totalmente. Argentina tiene compromisos de reducción de emisiones y de deforestación que debe cumplir, más allá de que le venda o no a la UE, China, Estados Unidos. Es bueno para Argentina y el planeta. Noto que cada vez hace más calor, hay climas más extremos, el cambio climático es innegablemente una realidad. La medida también apunta a mejorar las prácticas respecto de las normativas legales de la protección de pueblos originarios. Tiene algunas externalidades que están muy buenas.

¿Qué son los servicios ecosistémicos?

Tenemos ecosistemas como puede ser un pastizal, un bosque, que provee un servicio ambiental. Esto puede ser la captura y el almacenaje de gases contaminantes como el dióxido de carbono o la regulación hídrica cuando hay una inundación. Un bosque provee servicios a veces localmente, pero representa una externalidad global como es la captura de dióxido de carbono. En Sudamérica está el Amazonas, el pulmón del planeta. Preservarlo es importante para Brasil, pero también para el mundo en su totalidad porque es un servicio que nos provee a todos sin importar donde vivamos. Los países que somos acreedores ambientales, debemos ser reconocidos por estos servicios que proveemos al planeta de alguna manera.

¿De qué manera?

Financieramente.

¿Cómo pensás que podría materializarse?

Hay programas de pagos de servicios ecosistémicos que hasta ahora los gobiernos le pagan a productores para que preserven un área forestal o realicen prácticas más sustentables de producción. Hasta mi conocimiento no ha habido el caso de un país externo que realice un pago por servicio ecosistémico, pero sí está todo el desarrollo de finanzas sostenibles como los bonos verdes, bonos azules, bonos sostenibles que es una combinación de bonos verdes y bonos sociales. Es un mundo muy grande y muy atractivo.

¿Se aplican en Argentina?

Hay algunas iniciativas. El año pasado el gobierno nacional emitió un bono soberano sostenible que financió el programa Conectar Igualdad y también obras de infraestructura relacionados a programas sociales. Hay muchas empresas que están emitiendo bonos verdes, azules, hay reglamentaciones de CNV y de ByMA. Hay un ecosistema muy incipiente, porque el mercado argentino de valores y de bonos es pequeño, pero en términos relativos hay avances importantes.