La presidenta Cristina Fernández promulgó la Ley de Pago Soberano de Deuda, sancionada por la Cámara de Diputados, en el marco de un acto en el que puso en marcha un plan de impulso al consumo, y en el que dijo que Argentina vive en la actualidad una “situación exactamente inversa” a 2001, cuando se declaró el default.

La Presidenta dijo que la nueva ley de Pago Soberano significa que la Argentina “quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas con todos los tenedores de bonos”, en las mismas condiciones en las que fueron pactadas en los canjes de 2005 y 2010.

“Los argentinos que teníamos fama de no querer pagar, ahora hasta por ley le decimos al mundo que podemos pagar y que vamos a pagar”, subrayó Cristina al promulgar la ley que aprobó esta madrugada la Cámara baja que establece el pago soberano de deuda a bonistas con títulos reestructurados.

El Gobierno envió el proyecto a partir de la decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa de inmovilizar los fondos depositados por la Argentina el 26 de junio, para hacer frente al pago de los bonistas reestructurados en los canjes de 2005 y 2010.

“Esta ley no sólo asegura el pago del 92,4% de los acreedores” que ingresaron al canje, explicó la Presidenta, sino que “contempla los intereses de aquellos tenedores que no ingresaron a ninguno” sino también los que “prefirieron litigar contra ala Argentina para obtener sentencia como lo obtuvieron del juez municipal Griesa”.

Al recordar la sesión en que la Asamblea Legislativa “aplaudió el default” de fines de 2001, Cristina dijo que hoy el país está “en una situación exactamente inversa, de 180 grados” en la que “el Parlamento asegura el pago y el Presidente no declara el default sino que asegura ese pago soberano en idénticas condiciones a las que habían sido pactadas”.

Cristina explicó que la nueva norma permite a los tenedores de bonos poder cobrarlos de manera voluntaria en Buenos Aires para evitar que “vuelva a suceder lo mismo que con esos 539 millones de dólares que no están embargados, ni transferidos, ni nada. Están en el limbo, porque nadie puede definir jurídicamente en calidad de que se están reteniendo” esos fondos a raíz de la decisión tomada por el juez Griesa.

Al respecto, Cristina volvió a referirse a lo que calificó como una decisión “absurda y sinrazón” del juez Griesa como el motivo de la “sesión histórica” de la Asamblea General de las Naciones Unidas para generar un marco jurídica para los casos de reestructuración de deudas soberanas.

“La ONU, a partir del caso Argentino toma la decisión de reglamentar, de establecer un contrato, una suerte de estatuto o reglamento internacional en materia de reestructuración soberana para que nunca más le vuelva a ocurrir a ningún país lo que hoy le está ocurriendo a la Argentina”, afirmó la presidenta en su discurso.

Sobre el valor de ese marco jurídico que comenzará a elaborar la ONU, la presidenta refutó a quienes afirman que esa convención carecerá de valor al afirmar que “siempre puede haber un juez, en alguna parte del mundo, que si no hay obligación internacional que obligue, diga no importa esa reestructuración”.

“Por eso es tan importante que exista una convención internacional que sea oponible a todos los juzgados, todos los países y todas las jurisdicciones”, enfatizó.

El proyecto de ley aprobado esta madrugada declara de interés público la reestructuración de la deuda 2005-2010 y el pago soberano local, que comprenda al cien por ciento de los Tenedores de Títulos Públicos de la República Argentina, en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables.

La iniciativa introduce también la posibilidad de que los tenedores de títulos de la deuda argentina puedan optar por solicitar un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos.

Además, crea en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación, que tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha.

Esta revisión incluye las renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes y los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones concretadas desde la dictadura en adelante.