Luego de una prolongada negociación, el Gobierno y la Secretaría del Club de París  arribaron a una solución acordada y mutuamente beneficiosa, respecto a la deuda que el país mantiene con los miembros de la entidad.

Fuentes que participaron de la negociación precisaron que el monto consolidado de la deuda argentina -al 30 de abril pasado- asciende a 9.700 millones de dólares y que esta será cancelada de manera total en un plazo de 5 años, con un pago inicial en concepto de capital de 650 millones de dólares en julio próximo.

El segundo pago -de 500 millones de dólares- será en mayo de 2015 y el siguientes en mayo de 2016.

El monto acordado para los intereses asciende a 3% para los saldos de capital durante los primeros 5 años, al tiempo que el acuerdo establece un pago mínimo que deberá afrontar Argentina  cada año y se fija un criterio de pagos adicionales en caso de incremento de las inversiones provenientes de los países miembros del Club.

El entendimiento contempla además que si durante el plazo de 5 años las inversiones adicionales fueran insuficientes, Argentina  podrá posponer los vencimientos hasta dos años más totalizando 7 años de plazo, con el consiguiente incremento del costo financiero en alrededor de un 1% adicional para el período completo.

Kicillof encabezó la delegación argentina, de la que también tomaron parte el secretario de Finanzas, Pablo López; el secretario Legal y Administrativo, Federico Thea; el Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, Luis Briones, el Director de Administración de la Deuda Pública, Claudio Dal Din; el Jefe de la Unidad de Reestructuración de Deuda, Hernán Lorenzino y el coordinador de la Unidad, Adrián Cosentino.

Por el lado del Club de París la negociación fue encabezada por el titular del foro multilateral, el francés Ramón Fernández.

La reunión comenzó el miércoles a las 10 hora de Francia (las 5 en Argentina) y finalizó alrededor de las 6 hora local  (la 1 en Argentina).

El Palacio de Hacienda destacó que “de esta manera, Argentina continúa el camino de regularización de los pasivos internacionales producidos por el default del año 2001”.

Recordó también que a partir de 2003, “los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner asumieron las consecuencias ocasionadas por décadas de sobreendeudamiento de la economía argentina” y que “los canjes de deuda de 2005 y 2010, el pago del monto total adeudado al FMI en 2006, y los pagos a las empresas con laudos en el CIADI en 2013 fueron pasos fundamentales en este proceso de normalización de las relaciones financieras internacionales”.

El Club de París reúne a 19 países (Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Rusia, España, Suiza, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos) con los que Argentina contrajo diversas deudas desde el año 1956 en adelante.

Hubo renegociaciones en los años 1962, 1965, 1985, 1987,1989, 1991 y 1992, y en 2001 se cayó nuevamente en incumplimiento como consecuencia de la crisis que determinó el fin del sistema de convertibilidad vigente desde principios de los 90 en Argentina.

“La búsqueda de una solución para la deuda impaga con el Club de París fue siempre un objetivo de este Gobierno, que en 2008 tomó la decisión de saldarla en su totalidad en un único pago. Con el decreto ya firmado, la decisión fue frustrada por el estallido de la crisis financiera mundial y la caída de la casa Lehman Brothers. La iniciativa se pospuso hasta la fecha”, recordó la cartera de Economía.

Dijo que “con el acuerdo alcanzado hoy, Argentina cierra un capítulo más de la triste historia del sobreendeudamiento que condujo, inevitablemente, al default” y que “el esquema de pagos acordado reduce sensiblemente el costo financiero de esta deuda impaga, que actualmente acumula intereses y punitorios a una tasa promedio cercana al 7%”.

Además, “el acuerdo asumido garantiza la sustentabilidad de los pagos de los compromisos financieros como un todo, es compatible con el perfil de vencimientos que tiene el país en el futuro y no implica condicionalidad alguna para llevar adelante sus políticas económicas, además de constituir un paso importante para promover la inversión en Argentina”.