Ahora la iniciativa sólo debe ser revisada por la Contraloría para convertirse en ley, sin necesidad de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), ya que esta vez no se presentó una reserva.

La idea del gobierno es que se publique la ley corta en el Diario Oficial antes del proceso de postulaciones a la educación superior que se inicia el domingo.

¿Cómo funcionará la gratuidad?

La gratuidad para el 2016 será extensiva para los estudiantes pertenecientes a los primeros cinco deciles de menores ingresos -$155.000 por cada integrante del grupo familiar- lo que se traduce en que cerca de 178 mil alumnos que cursen estudios en las universidades elegibles se verían beneficiados.

La ley corta entrega gratuidad a las 16 universidades estatales por “derecho propio”, mientras que a las privadas tradicionales (G9) se les exigirán los mismos requisitos que a las privadas que no pertenecen al Cruch: contar con al menos cuatro años de acreditación y no lucrar.

Si bien el proyecto fija “la obligatoriedad de las universidades estatales de garantizar gratuidad a estudiantes”, les plantea como requisito alcanzar, mantener o mejorar su acreditación institucional, de acuerdo a los criterios fijados para el resto de los planteles privados.

Son nueve las privadas fuera del Cruch que podrían acceder al beneficio, de las cuales tres ya han confirmado su ingreso (UDP, Católica Silva Henríquez y Alberto Hurtado). La Finis Terrae, Adventista, Autónoma, Adolfo Ibáñez, Mayor y De Los Andes no han confirmado si se adscribirán a la gratuidad.

Por otro lado, los CFT e IP sin fines de lucro no ingresarán formalmente a la gratuidad, pero recibirían un incremento en las becas, como ya se detalló. Se proyecta que 144 mil estudiantes de la educación técnico profesional recibirán financiamiento en estas condiciones.

Gratuidad 2016, el accidentado camino de la promesa que enredó a La Moneda

Por 92 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Ley Corta para la Gratuidad 2016 fue despachada por la Cámara de Diputados para su promulgación, luego de que el Gobierno transitara un camino más que accidentado para lograr cumplir con la promesa realizada por la Presidenta Michelle Bachelet el pasado 21 de mayo.

“Me quiero quedar con lo que ha pasado, la Presidenta está cumpliendo con su mandato, que es avanzar en la gratuidad, no ha sido un proceso fácil, pero lo que se ha aprobado hoy día nos abre una perspectiva muy grande para avanzar en la gratuidad en el país como un derecho, en la educación como un derecho”, dijo la ministra de Educación Adriana Delpiano tras la aprobación del proyecto.

Y es que camino recorrido por la gratuidad ha sido bastante largo, primero el Gobierno impulsó la iniciativa vía Glosa Presupuestaria. En ese momento las críticas no se hicieron esperar, hasta la diputada del PC, Camila Vallejo, aseguró que “no es lo más indicado”. Aun así el Gobierno logró alinear a sus parlamentarios para aprobar la iniciativa. Ante esto los parlamentarios de Chile Vamos acudieron al Tribunal Constiucional (TC) con el fin de frenar la tramitación de la gratuidad que, según su visión, era “discriminatoria”

El 10 de diciembre el TC determinó que la gratuidad vía glosa presupuestaria era “arbitraria y discriminatoria”, debido a la exigencia de requisitos de acreditación, lucro y democracia a las instituciones de Educación Superior.

La resolución complicó al Gobierno y la Nueva Mayoría, y le dio un punto de victoria a Chile Vamos, que llevó la glosa al TC, mientras la Presidenta salía prácticamente en cadena nacional a intentar poner paños fríos a la discusión y asegurar que, a pesar de que el Gobierno y el Mineduc no sabían “cómo” habría gratuidad para el 2016, la oposición ofrecía una “beca de gratuidad” financiada con los más de 500 mil millones disponibles de la glosa presupuestaria.

A esto se sumó la filtración a la prensa de una de las opciones que barajaba el gobierno para dar salida a la situación en la que los dejó la resolución del Tribunal Constitucional. Según una propuesta de los ministros Eyzaguirre y Valdés, era posible que quedaran tres universidades estatales fuera de la gratuidad: la UTEM, Universidad de Los Lagos y Arturo Prat. Esto, debido a que no cumplían con los 4 años de acreditación requeridos.

La situación dejó en evidencia la falta de dirección que ha tenido el Mineduc en materia de educación. La ministra Delpiano y la Presidenta Bachelet se enteraron “por la prensa” y la molestia en La Moneda no se dejó esperar, por lo que de inmediato se desplegó un plan de emergencia desde la Nueva Mayoría para calmar los ánimos. Por su parte, la ministra Delpiano esquivó las esquirlas de la filtración y declaró que esta reforma era más de Hacienda que del Mineduc, porque era vía presupuesto.

Esta “filtración” trajo consigo la activación de un actor que ya parecía secundario dentro de esta teleserie, la de los actores por la educación. Desde el Cuech, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, declaró que “aquí o son todas las universidades de Estado, o no es ninguna”. Por su parte, el Movimiento Estudiantil se plegó a dicha consigna y se generó la emergencia de un bloque más unificado para afrontar la discusión de la reforma en el próximo año.

Es bajo este panorama que el lunes y a pocos minutos de que el TC entregara el argumento de su fallo que declaro inconstitucional la gratuidad vía glosa, el Ejecutivo ingresó al Congreso una ley corta de gratuidad, la que beneficiará a cerca 180 mil estudiantes de universidades que cumplan con dos requisitos: 4 años de acreditación y que no haya lucro asociado a su directorio.

El desglose de la Ley Corta

La medida amplió la cantidad de universidades que se pueden adscribir al proceso. Ahora se incluyen las 18 universidades estatales –que tendrán un programa especial de fortalecimiento para mejorar su calidad y acreditación–. A ellas se les suman las universidades privadas tradicionales agrupadas en el G9 y una serie de IES privadas que no son parte del Cruch, entre ellas la Universidad Alberto Hurtado, Diego Portales, Uandes, entre otras.

Por otra parte los IP y CFT quedaron fuera de la gratuidad, pero sus estudiantes accederán a la beca Nuevo Milenio 3. Este beneficio cubría un monto máximo de 600 mil pesos del arancel, ahora existen tres tipos de esta beca: uno financia 700 mil pesos de arancel, la segunda 850 mil pesos para instituciones con menos de 4 años de acreditación y la tercera financia 900 mil pesos del arancel. Esto luego de que el Gobierno ingresara una indicación a la Ley Corta de Gratuidad, que buscaba encontrar un consenso con la oposición para evitar que volviera a acudir al TC.

Parece ser que el gobierno y sus ministros al fin lograron poner fin al manto de dudas que se ha posado sobre la gratuidad para el 2016, pero aún queda esperar si es que la Presidenta cumplirá otra de sus promesas del 21 de mayo, que ha pasado a segundo plano con esta discusión, y que es si finalmente ingresará el proyecto de Reforma de Educación Superior antes del 31 de diciembre.

Fuente: nodal

Fecha:24 de diciembre de 2015