La firma del acuerdo automotriz con Brasil conllevó un importante consenso. En el documento final, el gobierno de Dilma Rousseff terminó por aceptar que las autopartes argentinas deben ingresar al programa Innova Auto y debido a beneficios fiscales, podrían venderse más baratos en el mercado vecino.

Puntualmente, el Anexo I del 38 Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N°14, establece en el inciso 1.6., que habrá un “Tratamiento de las autopartes y procesos productivos argentinos en Innovar”, según la copia a la que accedió BAE Negocios.

El beneficio fiscal radica en que las piezas nacionales empezarían a no cancelar o pagar un menor Impuesto al Producto Industrializado (IPI), uno de los tributos que forman parte de la columna vertebral del sistema impositivo de Brasil. El mismo incide en la circulación de los bienes en el ciclo de producción, variando su porcentaje de acuerdo a la importancia del producto.

El IPI se trata de un impuesto federal no acumulativo, tributable en la operación de compra de un producto industrializado.

Fuentes empresarias detallaron que “en el caso de los establecimientos industriales, los valores del IPI pagados por sus compras de productos tributables (industrializados), pueden ser descontados de lo recaudado por el mismo concepto en sus ventas a terceros”.

Para las importaciones que realizan los agentes que operan en Brasil, el IPI es tributable en el momento de la liberación aduanera, tomando como base imponible el valor declarado en Aduana.

La decisión del Ejecutivo brasileño (ratificada en la letra del acuerdo automotor), se produjo en un clima en el cual el sector autopartista local llevó el planteo a las mesas de las negociaciones entre funcionarios, y entre los representantes del sector privado (terminales y partistas).

En la actualidad, las terminales vecinas pueden desgravar la compra de piezas locales pero no las argentinas, lo cual lógicamente encarece el valor de las autopartes que así no pueden competir.

Ambos países acordaron prorrogar por un año, hasta el 30 de junio de 2015, con un flex de comercio de 1,5 dólar. Asimismo, se comprometieron a iniciar negociaciones, que serán realizadas entre julio de 2014 y marzo de 2015, para elaborar un nuevo acuerdo que entre en vigencia el 1 de julio de 2015, por cinco años.