La iniciativa será puesta a consideración del plenario en una sesión especial de la Cámara de Diputados que dará comienzo el miércoles próximo.
La sesión se producirá tras su aprobación en el Senado el 27 de marzo y luego de haber conseguido hace diez días dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Presupuesto y hacienda y de Energía de la Cámara baja. Para esa sesión , el FPV espera contar con los 133 votos necesarios producto de la voluntad de los 118 diputados propios y de los aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero (7 integrantes), de Nuevo Encuentro (3), del Movimiento Popular Neuquino (3), del Movimiento Solidario Popular (1) y del PJ La Pampa (1).
En contra, anticiparon su voto más de 60 diputados que integran los bloques del radicalismo (39), Frente Amplio Progresista (15), UNEN (5), Unidad Popular (3) y Frente de Izquierda (3).
Los más de 50 diputados del Frente Renovador (22), del PRO (20), y los peronistas que responden al gobernador cordobés José de la Sota (3) y al senador puntano Adolfo Rodríguez Saa (6), aún no definieron si se abstendrán o si votarán en contra.
Tanto en el tratamiento en comisión realizado en el Senado, como en la Cámara baja, el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; y el titular de YPF, Miguel Galuccio, destacaron la importancia del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.
Zannini afirmó ante las comisiones de Diputados que “el acuerdo es bueno para el país” y que “no tiene trampas ni letra chica”, al tiempo que reveló que “la negociación con Repsol se efectuó desde diciembre de 2013 hasta 27 de febrero de 2014, porque se estuvo discutiendo no sólo el precio sino la forma de pago, porque la Argentina no podía afrontar el pago en efectivo”.
Por su parte, Kicillof aseguró que antes de su nacionalización YPF “podía ser rentable para un privado, pero era perjudicial para el pueblo argentino” y sostuvo además que el acuerdo con Repsol “pone un punto final a un proceso que no va a ser cuestionable y va a dejar a la empresa libre de todo litigio”.
Por su parte Miguel Galuccio, presidente y CEO de YPF sostuvo que “la discusión que tenemos que dar es si queremos ser dependientes o independientes energéticamente”, y remarcó que el desarrollo “requiere de inversión, tecnología, gente experta y eficiencia”.
En el acuerdo firmado con Repsol, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.
El entendimiento entre el gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas a partir de fines de noviembre último, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.
El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos “por la expropiación” del 51% del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados a causa de este litigio.
La deuda que emitirá Argentina para el pago por la expropiación estará compuesta por 3.250 millones de dólares en un nuevo bono denominado BONAR 24, con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 8,75%; 500 millones en Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7% y 1.250 millones en título Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28%.
La emisión de bonos complementarios con un tope de 1.000 millones en valor nominal estará compuesta por hasta 400 millones de dólares en Boden 2015 con un interés del 7% y vencimiento en 2015; hasta 300 millones en Bonar X y hasta 300 millones de dólares en Boden 2024.
El entendimiento contempla que en caso de controversia o diferendo, las partes se someterán al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), ya que el acuerdo se encuadra en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de inversiones entre España y Argentina.
La propuesta argentina a Repsol se basó en la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera que en sus artículos 7, 11 y 12 estableció la expropiación del 51% del patrimonio de YPF perteneciente a Repsol YPF SA, siguiendo los procedimientos que marca la Ley 21.499 de Expropiaciones.
Esta última norma prevé en su artículo 12 que “la indemnización se pagará en dinero en efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor”.
