Esa fue la respuesta del jefe de Gabinete al ser consultado sobre la decisión de las automotrices de acudir a la Justicia en rechazo de las multas aplicadas por la Secretaría de Comercio por “concertación de precios” en perjuicio de consumidores.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló hoy que “como siempre los grupos económicos poderosos pretenden violar la ley o, cuando se la aplica con toda rigurosidad, pretenden impedir su aplicación”, en referencia a las multas aplicadas a ocho automotrices, a la vez que consideró un “error político” de la Federación Agraria Argentina (FAA), su decisión de “unificar su posiciones respecto a los grandes productores”.

Capitanich, consultado en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, reconoció que existen instancias administrativas y judiciales a las que recurrirán las terminales, según anticiparon, pero insistió en que “la aplicación de las multas por parte de la Secretaría de Comercio se inscribe en una clara violación de la ley”.

El gobierno nacional impuso ayer sanciones por un total de 1.060 millones de pesos a las filiales de las compañías Toyota, Volkswagen, General Motors, Renault, Ford, Fiat, Peugeot Citroën y Honda Motor, por cartelizarse en la fijación de precios de sus productos en el área aduanera especial de Tierra del Fuego.

Con respecto a las críticas de la FAA a la política agropecuaria del gobierno, el jefe de Gabinete recordó que el Poder Ejecutivo impulsó oportunamente “una estrategia de diferenciación en favor de los pequeños y medianos productores, a través de un sistema de reintegros de carácter diferencial”.

Ese proyecto de ley -recordó Capitanich- buscaba “privilegiar a los productores localizados en economías regionales por las asimetrías con respecto al costo del flete, la productividad y el rendimiento de sus cultivos, pero ellos (los dirigentes de la Federación Agraria) se opusieron a partir de un abroquelamiento con la Mesa de Enlace para defender la posición de los grandes productores”.

“Hay errores que tienen que ver con el diseño de su reclamo gremial, porque han pretendido unificar su posiciones respecto a los grandes productores. Esto es un error político de su dirigencia que no es imputable al gobierno”, sostuvo el funcionario nacional.

Destacó en ese sentido el permanente impulso a “medidas de fortalecimiento de la agricultura familiar”, como la ley que ayer se trató en el Congreso para favorecer a 250 mil pequeños productores, desde pescadores artesanales hasta frutihortícolas.

En cuanto a la supuesta restricción crediticia del Banco de la Nación hacia el sector, Capitanich resaltó que la entidad “financia a productores que lo requieren, pero es natural que quien tiene la posibilidad de vender un bien para obtener la liquidez correspondiente lo haga”.

De este modo el funcionario se refirió a las prácticas de retención de gran parte de la cosecha de granos, particularmente soja, por parte de los productores.

“Es muy sencillo, la asignación del crédito debe llegar a la mayor cantidad de productores en virtud de sus necesidades, pero si alguien dispone de un bien a liquidar tiene financiamiento y no lo necesita”, insistió Capitanich.

Además, concluyó el jefe de Gabinete, el Banco de la Nación no es el único, hay también en el mercado local otras 81 entidades financieras, y por lo tanto la política de financiamiento no tiene “sesgo ideológico o político, sino racionalidad”.