Mientras ocurre la depreciación del yuán, el derrumbe de las Bolsas y el afloramiento de la deuda de las empresas privadas y públicas traducen la crisis en el plano financiero y monetario de la mano de la conflictividad social.

En los últimos seis meses y como un importantísimo síntoma de la creciente desconfianza hacia la evolución de la economía y del valor del yuan, la fuga de capitales ha venido creciendo a una tasa anualizada de un billón de dólares.

Esto significa, como se ha visto claramente en las últimas semanas y, en especial, en la primera de 2016, que existe una alta expectativa de que el yuán se va a devaluar mucho más en el próximo período.

Por esta razón, un gran número de inversores e incluso de empresas están buscando salvaguardar sus intereses sacando los capitales del país, que es lo que explica el derrumbe de las Bolsas de Shanghai y Shenzen.

La tendencia a la depreciación del yuán, que se apoya en los tímidos pasos hacia la convertibilidad de la moneda que ha dado Pekín en el último año para integrarse al sistema financiero mundial, expresa las dificultades internas y externas que enfrenta la economía china.

En su búsqueda de despegarse de su relación semi-fija al valor del dólar, una divisa que se ha reforzado y sigue haciéndolo, China busca evitar la pérdida de competitividad de sus productos en el mercado mundial.

De allí el aflojamiento de los controles de cambio del yuán, coherente con el objetivo antes señalado, pero en contradicción con el marco de caída de la producción y del pinchazo de la burbuja financiera internas.

Este final de la fase de expansión colosal a tasas del 10% anual del PIB chino, que está ligado a la caída del comercio y de la producción en el mundo, hace emerger también el problema de la deuda en China.

Como se sabe, la crisis iniciada en 2007 en Estados Unidos y expandida universalmente en 2008 tras la caída de Lehman Brothers, ha puesto de relieve que el trasfondo de esa crisis es un nivel de deuda mundial descomunal, como se ha visto claramente en el caso de Grecia y de toda la Europa del Sur, además de Irlanda, Gran Bretaña y los mismos Estados Unidos.

China, que durante estos años alimentó su economía con una enorme inyección de liquidez que le permitió enfrentar con éxito la crisis abierta en 2007, convirtiéndose en la clave de la recuperación internacional a partir de 2010, deberá lidiar tardíamente con la misma problemática que el resto del planeta.

La amenaza de una mayor depreciación del yuán o, incluso, de una devaluación aguda, pondría a las empresas chinas frente a un desafío de difícil resolución, ya que la deuda que han acumulado en los últimos ochos años asciende a 10 billones de dólares, en un país donde las reservas internacionales superan los tres billones.

También se están produciendo despidos en las empresas ante la caída de la demanda mundial y local.

Así, la aparición de piquetes obreros que se manifiestan y bloquean carreteras van ganando terreno -de momento sin lograr sus objetivos- para intentar frenar la escalada de despidos y falta de pago de salarios.

Esto ocurre tanto en el sur, en la industrializada provincia de Guangdong, como también en el menos desarrollado norte de la República Popular China, donde las huelgas y protestas obreras han pasado de 1.379 en 2014 a 2.774 en 2015, es decir, se han duplicado mostrando -sin tapujos- la relación entre la crisis económica y la respuesta social.

La tasa oficial de desempleo es del 5,2% en todo China, pero con una particular desigualdad entre un sector industrial que expulsa la mayor parte de la mano de obra que está siendo excluida y un sector servicios que se expande y hace crecer la oferta de trabajo para empleados con mayor capacitación que los del sector obrero que están perdiendo sus empleos.

Dos factores que, de momento, ayudan a amortiguar el impacto de la pérdida de puestos de trabajo son, de un lado, la vuelta de los desocupados a sus lugares rurales de origen, donde pueden subsistir aunque en condiciones muy precarias.

Y el otro factor es la existencia de las grandes empresas públicas, propiedad del Estado, que abarcan sectores clave de la economía y que permiten absorber, al costo de una menor productividad del trabajo, a la fuerza de trabajo excedente del sector privado, al menos parcialmente.