En los últimos días el gobierno nacional elevó al Congreso un megaproyecto conocido como “Ley Ómnibus” mediante el cual propone diversas reformas a través de derogaciones y sustituciones de normativas vigentes hace muchos años.
Uno de los sectores más perjudicados, en caso de que avance dicho proyecto, es la industria pesquera, ya que el Poder Ejecutivo busca desmantelar la ley 24.922 “Ley Federal de Pesca” contrarrestando el espíritu para el cual fue aprobada y dejando plasmada una evidente entrega de soberanía y recursos a manos extranjeras.
Uno de los aspectos más preocupantes para el sector se ve reflejado en el art. 27 donde se propone adjudicar las cuotas de captura anual según un sistema de licitaciones internacionales, priorizando a quienes ofrezcan el mayor arancel.
Esto quiere decir que cualquier buque de cualquier país, puede ser autorizado por el gobierno para pescar en nuestras aguas. Por otro lado, la modalidad resulta absurda desde el punto de vista técnico, ya que la pesca no es una actividad con el mismo grado de previsibilidad que otras (por ejemplo la construcción, donde uno puede licitar una determinada porción de tierra sabiendo de antemano que proyecto llevar a cabo y sus márgenes de rentabilidad), el recurso se va alejando, los consumos de los combustibles de los buques varían, cómo también varían los precios internacionales de los productos, las zonas de pesca (debido a eventuales vedas, aperturas o cierres), los sueldos de los trabajadores y las condiciones climáticas, entre otras.
De esta manera, resulta imposible que el sector privado pueda diseñar un plan de negocios eficientes para determinar cuánto será capaz de abonar por una cantidad de materia prima que aún no ha sido capturada. Las cuotas se licitarían por un período de 10 años, pero en caso de no ejecutar la totalidad de ellas debido a cierre o vedas, el Gobierno no admitiría reclamos por parte del empresariado.
Si bien estos argumentos dejan en evidencia la falta de sentido común de las modificaciones propuestas, hay un aspecto aún más crítico: el Presidente Javier Milei y su equipo plantean otorgar permisos de pesca a cualquier buque, independientemente de su bandera de origen.
Es de público conocimiento la problemática de la pesca ilegal, No declarada, no reglamentada, en las inmediaciones de nuestra Zona Económica Exclusiva por parte de buques extranjeros, en su mayoría Chinos, Españoles, Taiwaneses.
¿Imagínense esos mismos buques con el apoyo de un gobierno que les permita pescar libremente? Sin lugar a duda, terminaría en un desastre ambiental, social, económico y político. Es que esta nueva Ley de Pesca, pareciera ser diseñada por el Pirata Barbarroja, más que por un Gobierno que debiera cuidar los intereses de todos los argentinos.
Por último, el otorgamiento de los permisos de pesca dejaría de priorizar a quienes mayor mano de obra emplean, han construido sus buques dentro del país y/o tienen menor antigüedad (las cuales son algunos de los principales pilares de esta Ley Federal de Pesca a la hora de proteger la industria nacional).
Todas estas medidas negativas se sumarían a otra ya aprobada por el ministerio de Economía que fue el incremento de las retenciones al 15%, sin discriminar especie ni grado de valor agregado, lo cual genera un combo explosivo que pone en jaque a empresarios y trabajadores del sector.
En conclusión, esta vergonzosa propuesta elevada al Congreso deja en evidencia algunas cuestiones:
El profundo desconocimiento del Gobierno Nacional en materia pesquera y el nulo interés en promover la soberanía.
La imperiosa necesidad de que todos los actores del sector se encolumnen para demostrar enérgico rechazo a estas modificaciones.
La importancia de la Pesca como actividad extractiva pero también como motor del desarrollo industrial de algunas ciudades, principalmente Mar del Plata que cuenta con más del 50% de los desembarques pesqueros del país.
Se avizoran tiempos difíciles para los argentinos, en los cuales será fundamental la contundencia y la voluntad política a la hora de defender nuestros recursos, en este caso los pesqueros, que emplean de manera directa a 37.000 personas y generan exportaciones cercanas a los 2.000 millones de dólares anuales, convirtiéndola en la octava actividad económica del país.
